El Gobierno aprobará este viernes en Consejo de Ministros el esqueleto de las exigencias normativas que permitirán completar la enésima reforma del sector financiero bajo las condiciones impuestas por Bruselas para el desembolso de hasta 100.000 millones de euros, como la creación del llamado banco malo.

Aunque diversas fuentes aseguran que la nueva normativa, mediante un Real Decreto Ley que habrá de convalidarse posteriormente en el Congreso, no estará plenamente desarrollada hasta noviembre, sí que estará claro que serán el Banco de España y el estatal Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) los directores plenipotenciarios del vehículo al que se traspasarán los activos tóxicos de, en principio, las entidades nacionalizadas.

El real decreto da amplios poderes al FROB para actuar tanto en las entidades que sólo necesiten una pequeña ayuda como en las que requieran una profunda reestructuración o una verdadera liquidación. En el caso de que sólo necesiten ayudas, el FROB se convertirá en accionista si la cantidad no se devuelve en cinco años, si bien podrá conceder hasta dos años de prórroga. La reestructuración o la liquidación de una entidad comportará en cualquier caso pérdidas para los accionistas, cuotapartícipes o socios y, en segunda instancia, los acreedores subordinados.

La nueva normativa no estará plenamente desarrollada hasta noviembre

'El Banco de España será quien definirá cómo y qué activos con riesgo inmobiliario se traspasan (al banco malo)', explicó a Reuters Enrique Martín, socio de Analistas Financieros Internacionales. Según un borrador publicado esta misma semana, el banco malo será una sociedad anónima y tendrá poder para comprar y vender todo tipo de activos así como realizar eventuales emisiones de deuda. Esa sociedad comenzará a funcionar una vez conocidas las valoraciones que aplicará a los activos inmobiliarios que adquiera y la forma de financiarse.

La valoración de los activos, que el Memorando de Entendimiento define ampliamente bajo la tesis del 'valor económico real a largo plazo de los activos', seguirá siendo objeto de análisis así como otros detalles fundamentales desde la vinculación y contraprestación a los bancos propietarios de los activos a hipotéticos repartos de beneficios posteriores, consideración contable y otros detalles.

El banco malo irlandés (NAMA) pagó 32.000 millones de euros por activos contabilizados en 74.000 millones de euros, lo que implicó un descuento de más del 56 por ciento. Dos años después de su constitución, el banco malo irlandés ya da beneficios. 'Lo que va a aprobarse mañana es la carcasa para su desarrollo normativo de aquí a noviembre', dijo a Reuters un diputado del Partido Popular. 'Los detalles se fijarán en los próximos meses, pero lo que queda claro en este Real Decreto es que los precios de transferencia de los activos al banco malo garanticen que las entidades sean viables y que no tendrá coste alguno para el contribuyente'.

'No puede ser un parking inmobiliario, tiene que haber una gestión activa'

El horizonte temporal de operativa del banco malo, en un contexto de mercado prácticamente ilíquido, será otro elemento fundamental junto con la valoración para garantizar la rentabilidad del vehículo y minimizar las pérdidas de las entidades. Diversas fuentes estiman que el plazo de vida del banco no será inferior a los diez años de forma que los inmuebles se puedan gestionar con agilidad pero sin una necesidad apremiante según el precio y el tipo de activo. De hecho, algunos expertos inmobiliarios consideran que a medio plazo una gestión más activa y profesionalizada de la cartera ahora en manos de los bancos podría liberar parte de una demanda 'agazapada' y dinamizar las operaciones de compra-venta.

'Hay fondos internacionales que llevan más de 18 meses intentando cerrar operaciones, pero no se cerraban por una cuestión de precio. El precio que se fije para traspasar los activos a la sociedad gestora (el conocido como banco malo) será clave a la hora de que se dinamice el mercado', afirma el director general de Aguirre Newman, Ángel Serrano. 'No puede ser un parking inmobiliario, tiene que haber una gestión activa, una gestión promotora, urbanística y comercial', añadió. En este sentido, diversas fuentes que participan en el proceso explicaron que por debajo del FROB y el Banco de España se contratarán los servicios de todos los actores que intervienen en larga cadena productiva del negocio, desde tasadoras, abogados, auditores...

Junto con la constitución del banco malo y la ampliación de competencia del FROB y el Banco de España, el Gobierno también debe aprobar una nueva legislación para evitar la venta de productos como las preferentes como así establecer condiciones forzosas de canje en los bancos con ayuda europea. En medio de la tormenta bancaria que obligó al Ejecutivo de Mariano Rajoy a solicitar ayuda para sus bancos a Europa, se desató un escándalo adicional por la colocación entre inversores minoristas de más de 20.000 millones de euros en participaciones preferentes, títulos con unas características que habitualmente reservaban el producto a inversores profesionales.

Con miles de particulares atrapados en una inversión de carácter perpetuo, Bruselas exige a los bancos nacionalizados a recomprar 'con descuentos considerables' los 4.500 millones de euros que aún tienen en vigor en preferentes. La negociación en este aspecto sí está encontrando escollos ya que España trata de minimizar las pérdidas de los particulares en unos títulos que, en boca del ministro de Economía, 'nunca debieron colocarse entre pequeños ahorradores'.

Entretanto, Bruselas quiere evitar que se utilicen fondos europeos para sufragar las pérdidas de los titulares. Con varias demandas judiciales orbitando en torno a la comercialización entre particulares de preferentes , Bankia tiene un saldo vivo en estos títulos de 3.100 millones de euros, Novagalicia ha de canjear 960 millones de euros y Catalunya Caixa tiene en vigor 480 millones de euros más.

Por otro lado, el Gobierno también ha decidido limitar por segunda vez la remuneración fija que pueden percibir los responsables de entidades financieras con ayudas públicas, que alcanzará como máximo 500.000 euros, frente a los 600.000 euros establecidos en febrero. La bajada de sueldo afectará, por ejemplo, a los responsables de BMN y Caja España-Caja Duero mientras que en las nacionalizadas como Novagalicia o CatalunyaCaixa se mantiene el límite de 300.000 euros. Entre otras novedades, también destaca que las entidades financieras españolas tendrán que elevar antes de 2013 su nivel de solvencia del 8 % al 9 %, un porcentaje que hasta ahora sólo se exige a los cinco grandes bancos (Banco Santander, BBVA, Banco Popular, La Caixa y BFA-Bankia).