¿Cuál es la fecha de su última regla?, ¿ha sangrado en alguna ocasión fuera del periodo menstrual?, ¿utiliza algún anticonceptivo hormonal?, ¿controla el tratamiento con su ginecólogo? Esta retahíla de preguntas, propia de una consulta ginecológica, conforma el apartado específico para mujeres en un cuestionario que deben responder, según el sindicato UGT, todos los trabajadores que van a ser contratados por el Ayuntamiento de Valencia. Este formulario, que el futuro empleado debe entregar al doctor del departamento de Salud Laboral del Consistorio tras someterse al examen médico, fue denunciado hace seis años por UGT.
El cuestionario incorpora otras muchas preguntas más, como por ejemplo: ¿ha engordado sin justificación aparente?, ¿ha notado alguna hinchazón o bulto en cuello, axilas o ingles?, ¿expectora con frecuencia o con sangre?, ¿padece hemorroides?, ¿tiene estreñimiento habitual?, ¿se siente ansioso o deprimido?, ¿tiene alguna dolencia por la que no se le ha preguntado?, ¿participaría en una donación de sangre voluntaria?, ¿optaría si pudiera a servicios sanitarios diferentes a la seguridad social?. Estas y otras cuestiones chocan con el punto 4 del artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que dice que 'las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad del trabajador'.
Según establece esta norma, los reconocimientos y cuestionarios médicos son voluntarios. 'De este carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas (...) o cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad'.
UGT inisiste en que la evaluación de riesgos laborales que realiza el Ayuntamiento de Valencia mediante este formulario 'se extralimita y no se ajusta a los riesgos reales que entrañan los puestos de trabajo', denuncia el secretario de administraciones locales de UGT Valencia, Francisco Javier Caballero. El sindicato ha recibido quejas de personas contratadas en puestos muy distintos, desde un técnico de biblioteca a un peón de jardinería. 'Se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo', recuerda la ley.
El Ayuntameinto no sólo pide el examen médico y el cuestionario antes de que el trabajador firme el contrato, sino también los resultados de un análisis de sangre. Público se ha puesto en contacto en repetidas ocasiones con el Ayuntamiento de Valencia, pero el Consistorio se ha negado a dar explicaciones sobre el asunto.
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