Un tribunal ciudadano nacido al albor del 15-M tratará de investigar el fraude bancario. Para ello ya han reunido un total de 20.000 expedientes con los que pretenden denunciar la sobretasación de inmuebles desde 2003 para así mantener el ritmo de crecimiento en la concesión de hipotecas por parte de las cajas de ahorros y de los bancos.

'Vamos a iniciar las investigaciones que no han querido llevar a cabo nuestros gobiernos'. Así de rotundos se han mostrado los portavoces del recién constituido Tribunal Ciudadano de Justicia (TCJ), nacido por iniciativa del grupo de trabajo de economía Sol y de distintas asambleas de barrios. El objetivo es doble, por un lado 'investigar y llevar ante la justicia ordinaria el delito de estafa cometido por los banqueros' en la concesión de préstamos hipotecarios, y por otro, 'concienciar a la ciudadanía para que ésta presione a las instituciones públicas y formalice dichas denuncias'.

'Nuestra obligación es denunciar quiénes son los responsables de este trasvase de capital público en capital privado', ha comentado Liliana, miembro del colectivo, quien ha aprovechado para apuntar que esta acción busca 'hacer ver a los ciudadanos que la crisis la han de pagar aquellos que la han causado, y no irse de rositas cobrando indemnizaciones millonarias'.

Según la tesis expuesta por los portavoces, la situación de crisis actual se debe en esencia a la práctica bancaria consistente en otorgar préstamos a ciudadanos sin suficientes avales y, además, inflar la tasación de los inmuebles para aumentar la cuantía de las cédulas hipotecarias. Estas cédulas, que el banco emisor puede enajenar a un tercero y recuperar de inmediato el dinero prestado, dejaron de otorgarse a partir de 2007 ya que las entidades bancarias no se fían entre sí.