No habrá acercamientos de presos hasta que ETA se haya disuelto, advierte el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en entrevistas que publican hoy los diarios El País y La Razón.

Fernández Díaz analiza, en sus declaraciones a estos dos periódicos, cuestiones de actualidad del ámbito de su competencia centradas, principalmente, en la política del Gobierno ante ETA y las recientes actuaciones de la Policía Nacional en Valencia.

El ministro resalta que el actual Gobierno no ha tenido ni va a tener contactos indirectos o indirectos con ETA (El País) y que la dispersión no se aplica sólo a los etarras, sino también a los terroristas del Grapo, a los yihadistas y a los de la mafia criminal serbia recientemente detenidos (La Razón).

Fernández Díaz coincide también, en sus declaraciones a ambos diarios, en que el Gobierno considera que jurídicamente no hay bases para instar la ilegalización de Bildu o Amaiur, según los informes de que dispone de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Cuestionado por La Razón sobre qué hubiera ocurrido de haber prosperado la moción en tal sentido presentada en el Congreso por UPyD, Fernández Díaz señala: "Si hubiéramos instado la ilegalización, como pedía UPyD, y la Justicia nos da un revolcón, lo que habríamos conseguido era reforzar todavía más a ese mundo" y se habría roto la unidad en la lucha contra el terrorismo.

En este mismo sentido, El País le cuestiona qué ha cambiado, dado que el Partido Popular, cuando estaba en la oposición, pedía la ilegalización de ambas formaciones, a lo cual el ministro responde: "Ha cambiado que el 5 de mayo el Tribunal Constitucional dictó sentencia. Forma parte del ordenamiento jurídico y hemos de ser consecuentes".

Al planteársele que su partido fue entonces muy crítico con esa sentencia, Fernández Díaz, apunta: "Ahora somos Gobierno. Las posiciones de los partidos pueden ser distintas. No contradictorias, pero distintas. El Gobierno debe acatar las resoluciones judiciales. Y añado: los informes jurídicos de la fiscalía y de la abogacía del Estado, basados en información de la policía y de la Guardia Civil, nos dicen que no hay base probatoria para instar la ilegalización".

En cuanto a los incidentes de Valencia, el titular de Interior señala a La Razón que en los mismos han intervenido grupos extremistas y que se está actuando contra ellos. "Lo que pasa", explica, "es que hay que separar el grano de la paja y poder hacer cirugía fina. Y en los momentos en que los ánimos están exaltados, lo primero que hay que hacer es optar por la prudencia y la moderación".

"Las unidades de intervención policial", señala en El País, "están trabajando ejemplarmente y aguantando mucho. Cuando comparezca ante la comisión de Interior en el Congreso aportaré testimonios gráficos y de audio para acreditarlo. El ministro del Interior va a estar siempre, por principio, al lado de la policía".

"También se ha hablado", añade, "de brutalidad policial y, que yo sepa, los pocos heridos que ha habido no han tenido más que contusiones. Como está abierta una investigación para esclarecer los hechos, voy a esperar, para pronunciarme, a tener toda la información. Mi obligación es apoyar a la policía y muy especialmente a las unidades de intervención policial, que están dando ejemplo de mesura, prudencia y fortaleza".

Tampoco va permitir, dice Fernández Díaz a La Razón, acampadas como las de la Puerta del Sol, de Madrid, porque entiende que son ilegales.

"El derecho de manifestación es fundamental", explica, "pero tiene que realizarse en el marco de la ley y debe ser compatible con los derechos de los ciudadanos. Tenemos el deber constitucional de que eso sea así y este Gobierno y este Ministerio van a hacerlo".