El Gobierno griego sigue con la soga al cuello para evitar que el país entre en suspensión de pagos. Este lunes ha acordado con la troika una reducción de 15.000 plazas de funcionarios hasta el final de 2012, según ha informado el ministro de la Reforma Admnistrativa, Dimitris Reppas. Mientras, ha aplazado para mañana la crucial reunión entre los tres partidos que conforman la coalición de gobierno para pactar las condiciones de un nuevo rescate.

La drástica medida de recorte de personal público, acordada con los representantes de la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), se enmarca dentro de las condiciones de ahorro exigidas para la concesión de un nuevo préstamo de al menos 130.000 millones de euros que evite que el país se declare en bancarrota el próximo día 20 de marzo, cuando debe desembolsar sin falta 14.400 millones de euros de su deuda soberana.

'La reducción de la fuerza laboral está estrictamente conectado con la reestructuración de servicios y organización que promueve cada ministerio (...). En este contexto se reducirán unas 15.000 plazas del personal en 2012', explicó el ministro en un comunicado.

Estos 15.000 despidos entran dentro del contingente de 150.000 puestos de trabajo que Grecia debe reducir en el sector público hasta 2015. Según datos del Ministerio de la Reforma Administrativa, Grecia contaba a finales de 2011 con 714.341 funcionarios.

Con todo, Reppas reafirmó su oposición a realizar 'despidos indiscriminados' y aseguró que la reforma se hará de tal manera que se logre una reducción de los trabajadores públicos sin dañar el funcionamiento del Estado.

Ayer mismo, Lukas Papadimos ya acordó con la troika reducir el gasto público durante 2012 en un 1,5 % del PIB, unos 3.300 millones de euros, ciertos recortes de pensiones y medidas de recapitalización bancaria.

Sin embargo, el Gobierno heleno ha decidido estirar un poco más la cuerda de la que sujeta también la Unión Europea al posponer hasta mañana la vital reunión entre Papadimos, su antecesor, Yorgos Papandreu, del socialdemócrata Pasok; Antonis Samarás, del conservador Nueva Democracia; y Yorgos Karatzaferis, del ultranacionalista LAOS para pactar los recortes exigidos por la troika pese al ultimátum que se les había dado y que expiraba este lunes al mediodía.

Y eso a pesar de la presión de la canciller alemana, Angela Merkel, y del presidente francés, Nicolas Sarkozy, quienes reunidos en París, dijeron hoy que el 'tiempo se agota' para Atenas. 'La situación de Grecia tiene que arreglarse de una vez por todas', afirmó el mandatario galo.

'Nos están pidiendo (algo que provocará) más recesión. Y yo lucho contra ello', criticó ayer el líder de la conservadora Nueva Democracia (ND), Antonis Samarás, a la salida de una reunión de cinco horas con Papadimos y los otros dos líderes de las formaciones que forman el Ejecutivo (socialdemócratas, conservadores y ultraderechistas).

Con todo, Yorgos Karatzaferis, líder de la formación ultraderechista LAOS y tercer socio de gobierno de Papadimos, quitó hierro a las amenazas europeas. 'Grecia no va a abandonar Europa. Todos estos chantajes son parte del contexto de la negociación', aseguró Karatzaferis a Radio 9 y añadió que Grecia 'aún conserva más soberanía de la que algunos creen'.

La exigencia más polémica es la de bajar el salario mínimo (actualmente en 751 euros mensuales) y eliminar las pagas extra en el sector privado, ampliando una medida aplicada ya a los funcionarios, para intentar ganar competitividad. Se trataría de lograr una devaluación interna (como no se puede devaluar la moneda, se bajan salarios) como la que algunos expertos reclaman para España. Según la revista alemana Der Spiegel, la troika pretende que Atenas reduzca los costes laborales entre un 15% y un 20%.

Según la agencia AMNA, si no se produce un acuerdo sobre los recortes exigidos por la troika, la parte griega haría una contrapropuesta de memorándum con las medidas que hayan logrado consensuar entre sus socios.

Pero las nuevas exigencias de la troika han exasperado a los actores sociales de un país, cuyo desempleo ha crecido hasta casi el 20%, mientras los salarios han bajado un 25 % en los últimos dos años y los precios han subido un 10 %, lo que ha provocado una caída en picado del consumo y el cierre de más de 60.000 negocios.

Tanto la patronal como los sindicatos rechazan nuevos recortes salariales y, estos últimos han convocado una huelga general en todo el país para mañana.