'Empezó usted hablando de regeneración y ha terminado anunciando la Restauración'. Las palabras del diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares han resumido las medidas presentadas hoy por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Muchas eran promesas que ya figuraban en el programa electoral del PP, pero otras representan novedades que, hasta el momento, los conservadores habían intentado eludir. 

El Gobierno modificará la actual ley del aborto para para exigir el consentimiento paterno en los casos de las menores de edad que quieran abortar. De igual forma, y como ya avanzó en la campaña electoral, implantará la prisión permanente 'revisable', lo que puede traducirse en una cadena perpetua susceptible de ser modificada. Entre las novedades figura otra implantación: una tasa obligatoria —copago judicial— de los costes del procedimiento a partir de la segunda instancia que interponga el ciudadano. Si la demanda prospera se devolvería el dinero.

En su primera comparecencia en el cargo en la Comisión de Justicia, Gallardón ha indicado que, en la reforma de la ley de marzo de 2010 de interrupción voluntaria del embarazo, se defenderá 'el derecho a la vida' en los términos ya definidos por la doctrina del Tribunal Constitucional.

'Nos inspiraremos en la doctrina ya definida por el Tribunal Constitucional cuando tuvo ocasión y obligación de pronunciarse sobre la primera ley del aborto, y también les anuncio que algunos principios anunciados por nuestro partido, como la exigencia del consentimiento paterno en relación a los menores, estarán incluidos en este proyecto de ley', ha agregado.

El titular de Justicia ha argumentado que esta reforma de la Ley del Aborto, recurrida por los propios conservadores ante el Tribunal Constitucional, era una promesa electoral del PP, por lo que el Ejecutivo se limita a llevar a la práctica un compromiso adquirido ante los ciudadanos.

La organización Derecho a Vivir ha expresado su rechazado a la medida al considerarla tibia. Su portavoz ha reclamado al ministro que directamente 'derogue'. La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del embarazo (ACAI) considera que esta medida 'no se justifica' por la 'experiencia demostrada' de que el número de mujeres en ese tramo de edad que han abortado no ha aumentado desde su aprobación hace seis meses.

Por su parte, la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, ha recordado que las jóvenes de 16 y 17 años ya pueden decidir 'cuestiones vitales' como donar un órgano, someterse a una operación quirúrgica de riesgo o casarse -en este último caso incluso a edades inferiores- y, sin embargo, 'no se les quiere dejar poner fin a un embarazo no deseado, algo que también puede afectar a estas jóvenes para el resto de su vida'.

Entre las novedades figura la implantación de un nuevo modelo de tasas para el poder judicial.

 Estarán exentos del copago judicial aquellos que acrediten falta de recursos

Este nuevo modelo de 'copago' se basará en el pago obligatorio de los costes del procedimiento a partir de la segunda instancia que interponga el ciudadano. Si la demanda fuera prosperase se devolvería el dinero. Los ingresos que se obtengan mediante esta medida 'se utilizarán para mejorar la sistema de justicia', ha dicho Gallardón.

Quedarán exentos de pago aquellas personas que no puedan asumir dichos costes o si la causa es penal. Pese a la medida, Gallardón ha anunciado que la 'asistencia jurídica se mantiene gratuita. Pero con correcciones para 'reducir la entrada innecesaria de asuntos en los órganos judiciales'.

Pese a que la la reinserción del preso es un principio fundamental en el sistema constitucional español, el ministro de Justicia ha anunciado el Gobierno implantará la 'prisión permanente revisada'.

De esta forma, se amplia el plazo en el que un preso puede permanecer ingresado en prisión de forma indefinida. Sin embargo, será 'una medida de carácter excepcional y revisible'.

La prisión perpetua revisable fue uno de los principales reclamos de los conservadores en la tramitación de la reforma del Código Penal, que entró en vigor el año pasado, pero no fue incluida. El Grupo Parlamentario Popular se abstuvo en la votación de esta reforma y el asunto fue aparcado hasta la convención que el PP celebró en Málaga a principios de octubre. Fue Federico Trillo, responsable de Justicia del partido el que volvió a poner el tema sobre la mesa.

Según los datos del PP, la cadena perpetua revisable es apoyada por el 82% de la opinión pública.

En su plan para poner patas arriba la justicia, Gallardón ha anunciado también una reforma de la Ley del Menor: en los casos de delito grave en los que haya implicados adultos y menores, todos sean investigados y enjuiciados conjuntamente. A estos últimos se les seguirá aplicando la legislación prevista para ellos.

La reforma, que según el ministro no supondrá 'merma alguna' de los derechos del menor,  afectaría a casos como el de Marta del Castillo, en el que el menor apodado El Cuco fue juzgado individualmente y condenado por encubrimiento, o los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, en los que había también un menor implicado, conocido como El Gitanillo, condenado a 6 años de internamiento en régimen cerrado y 5 años más de libertad vigilada.

La reforma del sistema de elección del CGPJ que plantea el Gobierno busca acabar con la percepción ciudadana de que la 'lucha partidista' se extiende también al órgano de gobierno de los jueces.

Según el ministro de Justicia la división de poderes está 'absolutamente vulnerada' en el CGPJ, ya que la 'lucha partidista' se extiende a este órgano, ha dicho en la Comisión de Justicia del Congreso, donde comparece esta mañana para explicar las líneas de actuación de su departamento para la presente legislatura.e

El Ejecutivo quiere que 12 de los 20 miembros del CGPJ sean elegidos por los propios jueces, mientras que los ocho restantes serían designados por las Cortes.

En este sentido, Gallardón ha emplazado a las formaciones políticas a ponerse de acuerdo también para que estos ocho vocales que eligen los partidos sean también las 'personas adecuadas' y no respondan al principio de reparto de 'cuotas' entre las fuerzas políticas.

En esta línea, el ministro también destacó que otro de sus objetivos es acabar con cualquier 'sombra' de politización de la Fiscalía, de manera que se cumpla el principio constitucional de imparcialidad de este órgano.

Gallardón ha anunciado un paquete de medidas menores encaminadas a endurecer algunas medidas contra el crimen. Así, se dará prioridad jurídica a los casos de multireicidencia, para que aquellas personas que 'hacen del crimen su forma de vida' reciban trato prioritario. Además, el ministro quiere acabar con la frontera de 400 euros que separa falta y delito en los robos y ha anunciado que unificará la investigación de hechos delictivso de una misma persona.

Finalmente, el titular de Justicia ha recordado, en referencia a las demandas de los presos de ETA, que la amnistía 'no cabe en la Constitución' y que los indultos generales 'están prohibidos', y ha subrayado que sólo podrán acogerse a beneficios penitenciarios individualmente.

'Si alguien está pensando que aquellos que han sembrado el terror van a poder beneficiarse' del anuncio por parte de ETA del cese definitivo de la violencia, 'está equivocado', ha dicho el ministro.

El titular de Justicia ha añadido que los presos por delitos de terrorismo podrán acogerse a los beneficios penitenciarios previstos en la ley sólo si cumplen los requisitos exigidos, entre los que ha citado expresamente la petición de perdón a las víctimas.

Además, Gallardón ha defendido la llamada 'doctrina Parot' sobre el cómputo de beneficios penitenciarios establecida por el Tribunal Supremo y ha dicho que espera que el Tribunal Constitucional la confirme al resolver los recursos interpuestos contra la misma.