Miles de estudiantes chilenos salieron un día más a la calle en varias ciudades para hacer una demostración de fuerza ante su gobierno en un pulso que ya se prolonga desde hace más de dos meses.

La marcha más multitudinaria tuvo lugar en Santiago de Chile, donde unos 15.000 manifestantes, según la alcaldía, y 100.000 según los organizadores, protestaron con el objetivo de tumbar un plan anunciado la semana pasada y para exigir mayor participación estatal en la educación. A ésta se sumaron otras manifestaciones en diversas ciudades del país, como Valparaíso, Osorno, Puerto Montt, Concepción, La Serena y Antofagasta.

En Santiago, los jóvenes desafiaron a las autoridades que habían prohibido el recorrido solicitado, e iniciaron la marcha desde la plaza Italia, tal como hicieron el 16 y 30 de junio, días en que reunieron a unas 80.000 personas. Como en cada manifestación celebrada desde mediados de mayo, la protesta tuvo carácter festivo, con pancartas y a ritmo de tambores, pero al final comenzaron algunos disturbios sin que se conozca aún si hay detenidos.

La manifestación fue convocada por el Colegio de Profesores y los universitarios, que exigen una reforma del sistema impuesto por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y que hoy sigue vigente, que redujo la aportación estatal a los centros públicos y abrió la educación al sector privado. Los gobiernos de la Concertación (1990-2010) introdujeron algunas reformas, pero el núcleo del sistema educativo chileno permanece intacto, que obliga a alumnos de educación superior, un millón en la actualidad, a recurrir a becas y créditos para financiar sus estudios.

Los jóvenes comenzaron hace dos meses a exigir un cambio de sistema y, en respuesta a esas demandas, el presidente Sebastián Piñera anunció la semana pasada un Gran Acuerdo Nacional por la Educación que pretende beneficiar a 720.000 alumnos hasta 2014. Ese plan estará dotado de un fondo de 2.800 millones de euros e incluye aumentar las becas, rebajar los tipos de interés de los créditos de los estudiantes y reprogramar las deudas de unos 110.000 alumnos morosos.

La popularidad de Piñera se ha visto muy mermada en las encuestas después de que comenzaran las protestas. Cayó al 31% en junio, el peor nivel de sus 16 meses de mandato, y también la de su ministro de Educación, Joaquín Lavín, cuya valoración se desplomó del 70 al 46% en un mes. El presidente volvió a pedir hoy que se suspendan las movilizaciones al mostrarse 'convencido de que llegó el momento de terminar con la violencia, las tomas (ocupaciones de centros) y los paros que tanta destrucción y daño han alcanzado'.

Tras dejar el conflicto en manos de su ministro, Piñera asumió esta semana un mayor protagonismo y se reunió con los rectores de universidades públicas y privadas, que aplaudieron varios aspectos de su plan. En cambio, los estudiantes lo rechazaron al considerar que no fortalece la educación pública y deja abierta la posibilidad de que las universidades privadas puedan lucrarse.

Aunque la norma establece que las universidades son corporaciones sin fines de lucro, en la práctica obtienen ventajas tributarias, subsidios y, en ocasiones, beneficios procedentes de negocios montados gracias a subterfugios legales. La propuesta del gobierno chileno 'omite cómo vamos a fortalecer una educación pública de calidad financiada por el Estado y deja abierto el camino al lucro', dijo hoy el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Giorgio Jackson. Este dirigente estudiantil insistió en pedir 'un cambio absoluto en el esquema de financiamiento' porque, según dijo, por cada peso que entrega el Estado para pagar la educación superior, las familias aportan seis.

Los estudiantes afirman que el Estado chileno destina solo el 0,4% del Producto Interior Bruto a educación superior, frente a entre el 6 y el 7 por ciento recomendado por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Israel, de 24 años y estudiante de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, dijo que está agobiado por los créditos al tener que pagar unos 12 millones de pesos (17.770 euros) para hacer su carrera. 'Son unos 1,5 millones de pesos al año, por lo que debería pagar 5 millones, pero pago 7 millones de más por impuestos y créditos', agregó.

A la marcha también acudieron muchos estudiantes de secundaria, que desde hace semanas mantienen ocupados decenas de colegios para pedir más recursos, una rebaja permanente en el pasaje de transporte público y la reconstrucción de institutos dañados por el terremoto de 2010. Exigen, además, que la administración de los colegios pase de los municipios al Estado para que se repartan mejor los recursos.