El juez valenciano José Flors, instructor del llamado caso de los trajes, dio ayer un respiro al president Francisco Camps en la recta final de su campaña a la reelección como candidato del PP. Lo hizo con un auto que, por primera vez desde el estallido del caso, exonera de delito a los tres miembros más conspicuos de la trama Gürtel, aquellos que regalaron a Camps los trajes: Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez. Flors argumenta que no incurrieron en delito porque con sus regalos no buscaban ninguna 'contraprestación' concreta.

Como el auto admite recurso y la Fiscalía Anticorrupción anunció ayer que recurrirá la decisión del magistrado, es materialmente imposible que Flors convoque antes de las elecciones del domingo la vista preliminar tras la que debe decidir si abre juicio a Camps. Tampoco es probable aunque no imposible que el TSJCV desvele antes del 22-M si investigará las cuentas del PP, donde las presuntas ilegalidades detectadas por la Policía y Hacienda amenazan con la imputación de cinco pesos pesados presentes en las listas de Camps, entre ellos el vicepresidente Vicente Rambla y la presidenta de Les Corts, Milagrosa Martínez.

Flors mantiene que los trajes nada tienen que ver con los contratos a Gürtel'

Cuando la audiencia preliminar de los trajes se celebre, si es que el TSJCV no ordena acumular el caso de los trajes con el de la presunta financiación ilegal, ya habrán pasado las elecciones. Y Camps, imputado por cohecho pasivo impropio soborno leve, tendrá garantizado un juicio devaluado, sin compartir banquillo con aquellos cuyo conglomerado empresarial obtuvo 14 millones en contratos de la Generalitat y ayudó al PP, supuestamente, a ocultar otros 2,5 millones en la campaña de 2007.

Tanto el juez madrileño Antonio Pedreira, que se inhibió del asunto, como Anticorrupción mantienen que el trío GürtelCorrea, Crespo y Pérez cometió un delito que era el 'reverso' del perpetrado por Camps y los suyos al aceptar los trajes. Y que esos trajes no eran sino una pieza más en el engranaje de los manejos de la Generalitat con la trama corrupta. Correa, Crespo y Pérez pudieron incurrir en un delito de soborno sin adjetivos, era la tesis de Pedreira. La de Flors y el TSJCV, que desde el principio limitó su investigación a los trajes, es justamente la contraria: que los regalos nada tienen que ver con los contratos millonarios otorgados a Orange Market ni con los restantes hechos de Gürtel

El auto da un respiro al imputado Camps en la recta final de la campaña

El juez Flors lo argumenta así: 'La finalidad perseguida [con el regalo de prendas] no era otra que la de lograr el agasajo o provocar la complacencia de aquellas personas, obviamente para poder contar con su gratitud o con su favor, pero sin tender a la obtención de una determinada contraprestación o un acto concreto que fuera propio del ejercicio de las funciones de su cargo'. Bajo esa premisa, el magistrado concluye que no se les puede imputar un delito de soborno, dado que, a diferencia de lo que ocurre hoy, recibir dádivas sí estaba penado cuando se produjeron los hechos pero ofrecerlas y entregarlas, no.

Para el dirigente conservador valenciano, la parte más negativa del auto llega cuando el juez concluye que 'no se ha producido ninguna alteración en cuanto a los hechos' relatados por él mismo el 6 de julio de 2009. Aquel día, Flors dio por finalizada la instrucción del caso de los trajes con un auto que atornillaba los indicios de delito contra Camps y presagiaba un juicio rápido.

Anticorrupción anuncia que recurrirá la decisión del magistrado

El cerrojazo en falso que la Sala del TSJCV dio al caso semanas más tarde, el 3 de agosto de ese año, explica que el president no se haya sentado aún en el banquillo. Tras lareapertura de la causa ordenada por el Supremo, Camps volvió a ser imputado junto con los otros tres cargos del PP implicados desde el inicio: Ricardo Costa, ex secretario general del partido; Víctor Campos, exvicepresidente de la Generalitat; y Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de Turismo.

Por otra parte, la Audiencia Provincial de Alicante ha archivado definitivamente ayer la rama del caso Brugal que supuestamente implicaba al vicepresidente de la Generalitat Gerardo Camps, en un supuesto tráfico de influencias.