El Gobierno ofreció a ETA, tras el atentado de la T4 en Barajas, retomar la negociación política de Loyola, pero con condiciones: la banda debería comprometerse mediante una declaración a no cometer más atentados, según consta en los documentos en manos de la Guardia Civil sobre las actas de aquella negociación incautadas al que fuera cabecilla de la banda, Francisco Javier López Peña, alias Thierry, detenido el 20 de mayo de 2008 en Francia.

Todo lo expresado en las actas es la versión de la banda terrorista, es la 'interpretación que hace el mediador', según consta en las mismas actas.

Según se afirma en estos documentos publicados por El País, el primer encuentro se produjo entre Josu Ternera (miembro de ETA) y Jesús Eguiguren (presidente del PSE)  en Ginebra en junio de 2005. A esta cita se sucedieron otras en la misma ciudad y en el mismo mes, además de encuentros en Oslo ya en noviembre.

En estas reuniones se habrían 'limado los conceptos que tienen que aparecer en los comunicados'. En el comunicado ETA mencionará la frase 'suspensión general de las acciones armadas', lo que significará un alto el fuego permanente.

Además, la banda terrorista habría recogido también que 'el Gobierno garantiza a partir del comunicado de ETA reducir la presencia policial en los controles, a aceptar a Batasuna en la vida política' y un escueto 'no detenciones'. Por su parte, el Ejecutivo pide a ETA dejar la extorsión y la banda contesta que se deben cumplir los 'compromisos habidos antes del alto el fuego'. ETA también se compromete a dejar de reclutar nuevos miembros y también se habría hablado de la necesidad de que el Gobierno consiga un pacto de Estado.

El Gobierno afirma que 'no contaba con la presión del PP y la AVT'

Un año después, en 2006, se vuelven a reunir supuestamente para analizar los últimos acontecimientos. ETA echa en cara al Gobierno algunas detenciones y que sabía que éstas y otras se iban a producir. Además habla de un 'panorama desolador' y de que 'ni jueces ni policías están de brazos cruzados'.

Por su parte, el Gobierno afirma que 'no contaba con la presión del PP y la AVT' y que 'los jueces son un instrumento del PP'. Según las actas, el Gobierno también habla de 'accidente grave las detenciones del Faisán. No lo han podido parar. Es una carta que llega al juez. Y se desencadena la operación'.

El Gobierno también habría asegurado en esta reunión que ha comunicado a las fuerzas de seguridad 'que no hagan detenciones y ha sido muy difícil no hacerlo'. También dice que 'el ministro tiene un montón de cartas que no ha hecho públicas', lo que el Gobierno entiende que es 'un incumplimiento de lo acordado'. El Ejecutivo también afirma que 'el problema del dinero se puede arreglar por medio de una organización internacional'. 

Tras esta reunión, ETA recoge en estas actas que el proceso se para, tras lo cual se vuelven a reunir en alguna ocasión más, de las cuales la banda afirma en el acta que el Gobierno 'se compromete a darle libertad condicional a Iñaki de Juana'. También asegura que el Ejecutivo 'se compromete a admitir iniciativas de la IA pero no con el nombre de Batasuna' y a 'dejar sin efecto' la 'doctrina Parot'.

ETA dice que 'el 90% de los incumplimientos son del Gobierno antes del robo' 

Tras esto se paran las reuniones y ETA emite un comunicado en agosto de 2006 advirtiendo de que 'el proceso está en crisis'. El 27 de octubre de 2006 se vuelven a reunir, un día después de un robo de armas de la banda en Francia. El Gobierno le habría pedido a ETA que 'se mueva. Si ETA reconoce el robo de armas se acaba el proceso'. El Gobierno pide que no haya más atentados y ETA dice que 'el 90% de los incumplimientos son del Gobierno antes del robo'.

ETA también asegura que 'en un momento, el Gobierno dice que por dar el aviso del Faisán hay un alto policía encausado (en referencia a Víctor García Hidalgo) y casi el jefe de seguridad del PSOE'.  Además, la banda dice a los negociadores del Ejecutivo que 'si hay detenciones, ETA actuará. Si pensáis que ETA está débil nos vais a tener enfrente muchos años'.

La siguiente reunión se produce a mediados de diciembre, tras la cual se produjo el atentado de la T4 de Barajas que acabó con la vida de dos personas. La primera reunión tras el atentado se produce en marzo-abril de 2007 y en mayo -en otra cita- el Gobierno explica que 'el bloqueo se ha producido porque ETA ha querido atar al Gobierno hacia un final político del proceso determinado. Eso debe dirimirse en las urnas'. El Ejecutivo también afirma que 'no se puede parar a los jueces ante actuaciones de violencia'.

ETA contesta que el atentado de la T4 se produce por 'los incumplimientos' del Gobierno, pero que el proceso continúa.

En la siguiente reunión, ambas partes habrían puesto sobre la mesa varias propuestas de compromisos a cumplir. El Gobierno ofrece, entre otras cosas, 'libertad tras el desarme de ETA' a los 'etarras con delitos de sangre'.

Además, el Ejecutivo 'reconoce que no puede presentar nada por escrito porque eso nos lleva al desastre' y afirma que 'ETA está diciendo que acordamos ahora o pone una bomba'. La banda contesta que 'no ha amenazado con bombas, son fantasías'. El Ejecutivo replica que 'se ha roto la confianza' y que 'ETA se piensa que un gobierno europeo no tiene voluntad, cuando se juega el tumbar o hundir a un partido y a un gobierno'.

La banda dice que en la supuesta mesa política entre el PSE y Batasuna ha propuesto 'un estatuto de autonomía para las cuatro provincias con derecho a decidir', así como derogar la ley de partidos, y a ambas cosas el Ejecutivo se negó.

Tras esto, ETA cree que 'se ha llegado a un punto de ruptura del proceso de negociación'. Ante ello, la banda concluye que 'el quehacer de la izquierda abertzale es activar todos los mecanismos de presión e incidir en nuestra línea política desde el punto de vista de la ofensiva'.