El Banco de España ha decidido eliminar siete de sus veintidós sucursales y reduce así su organización territorial en las comunidades autónomas en casi una tercera parte, según publica el Boletín Oficial del Estado. Entre los centros afectados por el cierre se encuentran las sucursales en Ceuta y Melilla, además de las de Logroño, Pamplona, San Sebastián, Santander y Toledo, lo que supondrá el cese de sus operaciones.

Así, además de las dos ciudades autónomas, cuatro comunidades se quedan sin presencia del Banco de España; Navarra, Cantabria, Castilla-La Mancha y La Rioja, según la decisión adoptada por la comisión ejecutiva del Banco de España el pasado 15 de marzo y que tendrá plenos efectos desde el próximo 1 de junio. Entre los servicios públicos de las sucursales del Banco de España figuran el canje de pesetas por euros, la recogida de billetes y monedas falsos, el canje de billetes deteriorados y el cambio de euros por otras monedas de euros.

Asimismo, en las oficinas del Banco de España se puede realizar la suscripción de deuda pública, trámites de balanza de pagos, solicitudes de información a la central de riesgos y reclamaciones, quejas y consultas sobre bancos y cajas. El instituto emisor ofrece a los usuarios de los servicios de las sucursales que cerrarán recurrir a otras oficinas cercanas o aprovechar las herramientas disponibles en la página de Internet del Banco de España, así como hacer uso del correo ordinario para aquellos procedimientos que requieran la presentación de documentos.

Esta decisión de la institución que encabeza Miguel Angel Fernández Ordoñez coincide con el proceso de reestructuración del sector financiero en España a través de las fusiones de entidades y del adelgazamiento de la red de sucursales de bancos y cajas de ahorros. El Banco de España también cerró oficinas en 2002, cuando clausuró un total de treinta. Desde entonces, ha desarrollado un proceso de creación de depósitos auxiliares de billetes y monedas, ubicados en las bases de las compañías de transporte de fondos, que tienen como finalidad paliar los efectos del cierre de sucursales.