Cinco personas, entre ellas un ex concejal, han sido investigadas en una operación contra el urbanismo ilegal en el Puerto de Santa María (Cádiz).

La Policía registra desde primeras horas de la mañana en los dos despachos del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, según han confirmado fuentes del consistorio.

La operación se centra en los Independientes Portuenses

Las mismas fuentes aseguran que los registros se realizan por orden de un juzgado de la localidad, que investiga el asunto y que ha decretado el secreto del sumario.

Se desconoce qué es lo que están buscando exactamente, aunque fuentes oficiales han confirmado que se trata de información relacionada con 'la anterior Corporación' municipal, dirigida por Independientes Portuenses (IP). El anterior gobierno 'tiene varios casos abiertos' y, por tanto, el registro en cuestión podría estar relacionado con 'cualquiera de ellos'.

Entre los cinco implicados hay un ex concejal del Ayuntamiento, un arquitecto y dos aparejadores, según las fuentes policiales.

Aún no se ha confirmado si hay o no detenidos en relación a este operativo, insistiendo en que las actuaciones señaladas se encuentran bajo secreto sumarial.

Los hechos se encuentran relacionados con la operación Tequila, por la que se imputaron el pasado año a 11 personas, por su vinculación, presuntamente, con una trama dedicada a la especulación urbanística.

Esta operación policial se inició cuando agentes de la Guardia Civil de Cádiz adscritos al Equipo de Delincuencia Urbanística recibieron una denuncia de un grupo político del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María sobre unas supuestas irregularidades urbanísticas en el municipio.

La investigación, según informó en su día el Instituto Armado, determinó que 'ciertos responsables políticos del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, entre los años 2004 a 2007, concedieron licencias de obras y legalizaron viviendas en zonas donde ninguna de las dos actuaciones serían legales, al tratarse de suelos que, o no tienen el carácter de urbano o aun teniéndolo, no han adquirido el derecho a edificar por no haber culminado la tramitación urbanística'.