El Gobierno quiere atajar el engaño de las pulseras timo. El Instituto Nacional de Consumo tiene preparado un requerimiento 'inminente' que enviará a la compañía Power Balance para que retire la publicidad engañosa de sus productos y haga un reconocimiento explícito de que no mejora ni la flexibilidad, ni la resistencia, ni el equilibrio de quien las viste, como asegura en sus reclamos. La notificación oficial a la compañía norteamericana se realizará la semana que viene 'a más tardar', según ha sabido Público.

El Ministerio de Sanidad quiere trasladar a España la rectificación que las autoridades de Australia obligaron a publicar a Power Balance, en la que reconocía públicamente que 'no hay pruebas científicas verificables' de las propiedades beneficiosas de sus pulseras.

'La prueba nos la han dado ellos', advierte la directora de Consumo

'Se trata de que la compañía reconozca en España lo que ya ha reconocido en otros sitios sobre el mismo producto', resume la directora General de Consumo, Etelvina Andreu. La compañía deberá corregir su publicidad, aclarar a los consumidores que no tiene propiedades de ningún tipo y, en todo caso, vender sus pulseras como simples accesorios decorativos.

'Una vez que la empresa lo ha reconocido explícitamente, nos está aportando la necesaria prueba del engaño para realizar este requerimiento de rectificación y retirada de los reclamos. La prueba nos la han dado ellos', aclara Andreu.

En cuanto Power Balance reciba la notificación, se abre un plazo para que la multinacional conteste o alegue, pero desde el instituto insisten en que la norma es que las empresas requeridas acepten una petición de este tipo realizada por el Estado.

La compañía tuvo que reconocer en Australia que su publicidad es falsa

Consumo emprendió acciones sancionadoras el pasado mayo, en cuanto tuvo conocimiento de que se podía estar engañando a los consumidores con estas pulseras holográficas. Tras estudiar el caso, se revisó la jurisprudencia para aclarar qué acciones se podrían tomar contra Power Balance en caso de confirmarse el fraude.

A partir de ahí, se remitió un informe a las comunidades autónomas, que son las que están legitimadas para abrir expedientes por publicidad engañosa, para que actuaran en consecuencia si en su territorio se había perpetrado tal fraude.

Hasta la fecha, únicamente la Junta de Andalucía ha sancionado a Power Balance por fraude, por un importe de 15.000 euros, una multa que las asociaciones de consumidores consideraron ridícula para una compañía que se jacta de haber ganado 35 millones de dólares en 2010.

No obstante, desde Consumo se recuerda que las demás autonomías todavía pueden actuar en la misma dirección que Andalucía y con multas de mayor cuantía. Mientras permanece abierto un procedimiento sancionador de este tipo, la autoridad no puede hacerlo público porque perjudicaría a priori a la empresa investigada y esta podría impugnar todo el proceso. El requerimiento a Power Balance es independiente de las posibles multas que puedan imponer las autonomías.

Curiosamente, la llegada de Leire Pajín al Ministerio de Sanidad del que depende Consumo estuvo envuelta en la controversia porque se había visto en varias ocasiones a la nueva ministra luciendo estos accesorios pseudocientíficos.

El precedente para el requerimiento español se sentó el año pasado, cuando el Gobierno de Australia exigió a la compañía que documentara científicamente las propiedades de sus productos o que rectificara. Como no existe ningún estudio que avale las supuestas mejoras físicas que produce el pequeño holograma decorativo de la pulsera, la Comisión Australiana para el Consumo y la Competencia condenó a Power Balance a eliminar la 'publicidad engañosa' de su sitio web y del embalaje.

A finales de diciembre, la compañía tuvo que pedir disculpas a los consumidores y anunció que resarcirá económicamente a quien se haya sentido engañado.

España es el segundo país en que se aprovecha el caso australiano para actuar contra las pulseras, después de que en EEUU una firma de abogados presentara en California (donde la firma tiene su sede) una acción judicial que reclama a la compañía al menos cinco millones de dólares (3,8 millones de euros) para compensar a sus clientes estafados.

Al día siguiente, y para evitar una hemorragia de denuncias en todo el mundo, el presidente de Power Balance, Keith Kato, aseguró que era falso que la empresa hubiera rectificado su publicidad en Australia y respaldó la validez de sus reclamos en una declaración publicada en su web internacional. La rectificación sigue colgada en su web australiana.