Cuestión de principios. Esa es la razón por la cual la Generalitat de Catalunya ha decidido eximir a las prostitutas que ejercen en burdeles de la obligación de someterse a controles sanitarios. Este requisito, incluido en la normativa aprobada por el Gobierno de CiU en 2002 para regular el funcionamiento de los prostíbulos, había tenido el efecto pernicioso de ser usado como 'reclamo' para atraer clientes. Algunos de ellos, tranquilos ante la idea de que las mujeres no tienen enfermedades de transmisión sexual, se niegan a usar preservativo.

La nueva Ley de Espectáculos catalana, aprobada ayer por el Consell Executiu de la Generalitat, mantiene las previsiones vigentes para obtener licencias municipales a la hora de abrir establecimientos donde 'se desarrollen actividades de naturaleza sexual'. Tampoco varía la normativa sobre las condiciones de higiene y salubridad.

Para la Generalitat,se utilizaba como «reclamo» para atraer clientes

Sin embargo, a partir de ahora, las mujeres que ejercen la prostitución deberán someterse sólo a las revisiones médicas que deseen, 'como cualquier otro ciudadano', declaró ayer el secretario de Interior del Gobierno catalán, Joan Boada. En declaraciones a TV3, remarcó que deben ser ellas mismas las que velen por su salud. 'Lo que sí debe hacerse es vigilar que los clientes que van a estos prostíbulos usen preservativos para cualquier tipo de actividad sexual', añadió. En este sentido, recoge un punto ya incluido en la normativa anterior que establecía que los locales deben 'garantizar a todas las personas usuarias la obtención de preservativos y tienen que informar de que este es el mejor método para prevenir enfermedades de transmisión sexual'.

Esta norma no siempre se cumplía, ya que la exigencia de un control sanitario certificando la buena salud de las mujeres hacía que, 'en la práctica, se utilizara como reclamo y argumento para evitar el uso de medidas de protección', admiten desde el departamento de Interior.

Las asociaciones de defensa de las prostitutas que promueven la normalización de esta actividad han aplaudido la medida. La portavoz de Hetaira, Cristina Garaizabal, sostiene que la obligatoriedad de someter a controles sanitarios a las prostitutas suponía la estigmatización del colectivo. 'Por un lado, las señala como un grupo de riesgo, cuando se ha demostrado que lo que existen no son grupos, sino prácticas de riesgo. Por otro, se las considera inconscientes, incapaces de controlar los riesgos contra su salud', argumenta.

Este requisito se exigía desde 2002 para regular los burdeles

Describir a las prostitutas como 'chicas limpias' es una práctica bastante común en los prostíbulos que cuentan con licencia y, por tanto, están obligados a que las mujeres se sometan a los controles. 'La idea de que están limpias y no pueden contagiarles nada hace que muchos clientes se nieguen a ponerse el preservativo', añade Garaizabal.

El problema pasa, entonces, a las mujeres que ejercen la prostitución, que lo tienen 'mucho más difícil a la hora de negociar las prácticas de riesgo' con sus clientes. Para la portavoz de Hetaira, obligarlas exclusivamente a ellas a ser analizadas supone una falta de respeto a sus derechos y 'verlas como una mercancía'.

A partir de ahora, los controles sanitarios serán voluntarios y pasarán a depender de los ayuntamientos donde ejerzan las mujeres. Algunos consistorios, como el de Siurana d'Empordà (Girona), se han quejado ya de que ello supondrá un gasto que no todos podrán asumir.