Cifras de mareo. 700.000 euros al mes de beneficio. Quince empresas tapadera. Más de 100 empleados. 350 chicas explotadas. La Policía ha desarticulado en Madrid una importante red de prostitución que copaba el 50% de los anuncios de contactos publicados en los principales periódicos de la capital. La ‘Operación Afrodita’ ha permitido detener a las 105 personas que se lucraban de la actividad de las jóvenes prostituidas, desde el presunto máximo jefe de la organización (un ciudadano saudí nacionalizado español), hasta las personas que limpiaban los chalés donde las mujeres ejercían la prostitución.

También han sido arrestados el director general del emporio, su director operativo, las encargadas de los burdeles, las telefonistas que atendían las llamadas de los clientes, los administrativos para gestionar facturas, cuentas corrientes y cuadrantes de las prostitutas, y los matones que daban protección.  “Han caído todos los escalones de la organización”, destacaba en rueda de prensa el responsable del dispositivo policial.

La investigación se inició a mediados del pasado mes de diciembre, cuando los agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación iniciaron las pesquisas sobre un grupo de vistosos anuncios que aparecían día tras día en las páginas de contactos de los principales periódicos que se publican en Madrid. “Nuevas. Somos guapas, elegantes y con ganas de que disfrutes” “Woman’s. Madrid. Alto Nivel 30 chicas”. “Besos de las chicas más guapas y morbosas. Te invitamos a conocernos. Alucinarás”...

Desde su nacimiento en 2007, el diario PÚBLICO no admite anuncios de prostitución en sus páginas.

Todo un alarde de reclamos con fotografías que llegaban a copar el 50% de estos espacios publicitarios. De hecho, las facturas incautadas al grupo han permitido constatar que llegaban a gastar entre 30.000 y 45.000 euros mensuales en cada uno de los periódicos. Además, también tenían en funcionamiento varias páginas webs (romance95.com y chalet28.com, entre otras), donde ofertaban anuncios y mostraban fotos sugerentes de las mujeres que controlaban.

La investigación permitió concretar que todos estos anuncios, aunque aparentemente inconexos, pertenecían a una misma red que poseía trece grandes centros de prostitución en la capital, además de dos “bases administrativas”, según ha detallado la policía. En los primeros, ejercían la prostitución hasta 350 mujeres de quince nacionalidades diferentes, de las cuales 35 eran inmigrantes irregulares. Las jóvenes permanecían las 24 horas del día en los chalés donde eran ofertadas a los clientes, y estaban sometidas a diversos turnos bajo el estricto control de las denominadas “encargadas”.

Dichas viviendas –propiedad todas ellas de la trama- mostraban dos caras bien distintas. Por un lado, las viviendas con todo tipo de lujo donde los clientes que acudían podían pernoctar con las chicas. Por otro, habitaciones sin ventilación ni luz natural, repletas de taquillas, literas y viejos sofás, donde las mujeres se cambiaban de ropa y esperaban hacinadas la llegada de los clientes.

La actividad en la red, que llevaba funcionando unos quince años, estaba perfectamente organizada. Así, las llamadas de los clientes que atendían a los anuncios eran centralizadas en un lugar con ocho líneas de teléfonos donde las mujeres que atendían las llamadas estaban tan especializadas que, dependiendo del anuncio por el que se interesaba el cliente, sabían que información concreta sobre precios y servicios debían dar. De hecho, cada teléfono tenía pegado encima el anuncio insertado para que, antes de responder a la llamada, saber a qué anuncio en concreto se refería el hombre que llamaba.

 

Otro ejemplo de su sofisticada organización era lo metódicos que eran para recoger los beneficios de la actividad. Cada chica, que cobraba 180 euros por servicio, debía entregar a los responsables del burdel donde ejercían al menos el  50% de lo que habían ganado. Cuando terminaba el turno, eran las encargadas las responsables de ingresar, o bien en cuentas corrientes abiertas por la trama, o bien en cajas fuertes habilitadas en los propios pisos, el dinero. El control era tal que había limpiadoras, personal de mantenimiento, responsables de las páginas web e, incluso, un servicio de matones encargados de solucionar cualquier problema de las chicas con los clientes. Incluso tenían ‘ganchos’ en las recepciones de algunos hoteles y entre los taxistas que les derivaban clientes a sus centros. A cambio, éstos recibían 50 euros.

Además, la mafia había creado quince sociedades mercantiles que pretendían 'dar apariencia de legalidad' y 'enmascarar' la verdadera procedencia de los elevados beneficios que ingresaban cada mes. Al frente de ellos ponían como testaferros a telefonistas o encargadas de los centros de prostitución, que a cambio cobraban entre 500 y 200 euros por aparecer como administradores o apoderados de sociedades de las que ni siquiera conocían su nombre.

La red, incluso, había previsto la intención del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de prohibir los anuncios de prostitución en los diarios y, por ello, había decidido empezar a volcarse en la promoción en Internet. Para ello, había colgado en la puerta del frigorífico de uno de los burdeles un papel en el que citaba a las chicas para hacerse fotos sexys que colgar en las páginas web “ya que desaparecen los anuncios en prensa escrita”. En otro cartel, se despedían de los clientes: “Gracias por visitarnos. Si tienes alguna sugerencia, ponte en contacto con nosotros, queremos mejorar para ti”.