La Policía Nacional está realizando registros en la Diputación de Alicante y el Ayuntamiento de Orihuela desde primera hora de la mañana, en una operación dirigida por la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado número tres de Orihuela.

Fuentes policiales y locales no han facilitado información sobre la operación en ambas instituciones públicas dirigidas por el PP, aunque otras fuentes próximas a los partidos de la oposición han apuntado que 'podría estar relacionada con un Plan de Residuos Zonal'.

Las mismas fuentes señalaron que la Policía Nacional también se ha personado en el domicilio de José Joaquín Ripoll, presidente del PP de la provincia. En la Diputación Provincial de Alicante, los agentes permanecen ante la entrada del despacho del Área de Presidencia como de la Secretaría General, han informado fuentes de la propia institución provincial. Ripoll ha sido detenido tras el registro y conducido a dependencias policiales para declarar.

Posteriormente, pasadas las 14.00 horas, ha sido trasladado al palacio provincial. Los agentes han registrado y requisado numerosa documentación de las dependencias de la Presidencia. Esa documentación ha sido trasladada alrededor de las 14.30 horas en furgones a las dependencias de la Comisaría Provincial de Alicante.

La operación está dirigida por la Fiscalía Anticorrupción

Vehículos y agentes policiales permanecen en el exterior tanto del edificio consistorial de Orihuela, dirigido por la también conservadora Mónica Lorente, como del Palacio de la Diputación, ubicado en el centro de la capital alicantina. Los agentes han entrado en el consistorio acompañados por el concejal de Servicios Urbanos, Manuel Abadía. 

Del interior del Ayuntamiento de Orihuela los agentes han retirado numerosos archivadores con documentación que han introducido en varios coches policiales. Testigos presenciales también han podido observar al secretario municipal, Virgilio Entremera, acompañando a los agentes de Policía Nacional en sus pesquisas, que se están realizando en la puerta situada en la parte posterior del edificio municipal.

La investigación de la Fiscalía gira en torno a la adjudicación del llamado Plan Zona de Residuos Zona XVII, aprobado en enero del año 2008. La aprobación se produjo por unanimidad por los miembros del Consorcio del citado Plan Zonal, presidido por Ripoll y que recayó sobre la empresa Cespa-Ortiz.

Los efectivos de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Judicial acudieron primero a la vivienda particular del edil, quien alrededor de las ocho de esta mañana les acompañó al Consistorio, donde la Policía ha iniciado la inspección de las oficinas de las Concejalías de Urbanismo y Fomento, así como las dependencias municipales ubicadas en el edificio Prop, que han quedado precintadas.

Además, se están realizando registros en las oficinas centrales de la empresa Ortiz e Hijos Construcciones y Contratas en Alicante, lo que ha obligado a gran parte de la plantilla a abandonar el edificio y esperar a las puertas de las oficinas, situadas en el número 36 de la avenida Alfonso X El Sabio de la ciudad. 

Enrique Ortiz está vinculado a la investigación del caso Gürtel, dado que la Brigada de Blanqueo de Capitales relaciona su empresa con la supuesta financiación ilegal del PP valenciano. 

También se ha registrado el domicilio de Ángel Fenoll, empresario oriolano al que se le ha requisado diversa documentación relativa a la actividad de sus empresas, entre las que se cuenta la adjudicataria del servicio de residuos del Ayuntamiento de Orihuela. 

José Joaquín Ripoll, cuyo domicilio está siendo registrado, pertenece al sector crítico del PPV con el president de la Generalitat Valenciana e imputado por el caso Gürtel, Francisco Camps.

Precisamente, su ausencia fue muy sonada durante la última Junta Directiva Regional, organizada tras la decisión del Supremo de reabrir la causa de los trajes contra Camps. Ripoll forma parte de la cuerda de Zaplana en el PP valenciano, aunque en su momento llegó a pedir apoyos 'sin fisuras, del partido y de Mariano Rajoy' para el presidente regional.

El abogado del presidente de la Diputación de Alicante, Fernando Candela, ha asegurado este martes que Ripoll 'está tranquilo' y 'bien', al tiempo que ha añadido que hasta el momento 'no está declarando'. Tras salir de la Comisaría Provincial de Alicante, Candela, junto a otro letrado de Ripoll, Bernardo del Rosal, ha indicado que desconoce cuándo prestará declaración el presidente de la corporación provincial. El abogado ha mostrado su 'tranquilidad' ante lo acontecido, ha anunciado que 'cuando sepan algo lo dirán' y ha declinado dar más detalles diciendo: 'No hay nada, absolutamente nada'.

El PPCV, por su parte, ha pedido la 'máxima prudencia y responsabilidad' hasta que se conozca el alcance de la actuación policial, mientras que dos miembros del Gobierno valenciano han expresado su 'preocupación' por esta situación. Un comunicado del Partido Popular de la Comunitat Valenciana reclama 'respeto por la presunción de inocencia y por los derechos de los ciudadanos'.

La consellera de Justicia y Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, ha expresado que 'la prudencia por sentido de responsabilidad es la única actitud' que pueden tener y ha asegurado que la situación 'no es deseable' y les 'preocupa'. La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha pedido que se deje 'conocer en profundidad lo que está ocurriendo para después poder tener' una visión 'centrada sobre informaciones correctas'.

Asimismo, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha admitido que 'es un momento preocupante', en el que a su juicio debe primar 'la prudencia y la responsabilidad' hasta que se conozca el alcance de los hechos', y ha apelado a la 'presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario'.