'Es la muerte de la libertad'. Bajo esta proclama, el principal partido de la oposición en Italia, el Partido Democrático, abandonó ayer el Senado minutos antes de que la derecha italiana aprobara la conocida como ley mordaza, una norma que establece importantes trabas a la investigación judicial y que impide a la prensa publicar el contenido de escuchas telefónicas policiales ordenadas por el juez antes de la primera audiencia de un proceso.

El hemiciclo quedó semidesierto, porque el partido Italia de los Valores optó por irse también, después de pasar la noche en su interior como señal de protesta. La norma pasó el trámite del Senado con 164 votos a favor los del partido berlusconiano Pueblo de la Libertad y su socio de Gobierno, la Liga Norte y 25 en contra. El primer ministro, Silvio Berlusconi, obligó a sus senadores a votar favor de la ley, pues la vinculó a una crisis de gobierno en caso contrario, un método que impide cualquier enmienda o disenso.

El primer ministro no quería correr riesgos tras la enésima fractura con la corriente crítica del partido, liderada por el presidente de la Cámara de Diputados, Gianfranco Fini. Este, presionado por la enorme movilización social, periodística y judicial en Italia, había arrancado concesiones de última hora al texto. Ahora, la norma deberá ser ratificada por la Cámara y luego promulgada por el presidente de la República, Giorgio Napolitano, que tiene la prerrogativa de devolver la norma al Parlamento y forzar una nueva discusión. Italia de los Valores pidió ayer al ex comunista Napolitano que no firme, pero el presidente italiano se negó a adelantar cuál será su posición final.

El fiscal jefe Antimafia, Pietro Grasso, reconoció ayer 'mejoras' respecto al texto inicial ideado por los fieles de Silvio Berlusconi, pero el principal sindicato de jueces clamó que la norma 'pondrá de rodillas la actividad de investigación' y 'garantizará la impunidad de los delincuentes'.

Por su parte, la principal asociación de las fuerzas de seguridad, la Siulp, afirmó que 'es la muerte de la policía'.

La prensa italiana, incluidos los comités de redacción de las cadenas de televisión propiedad de Berlusconi, convocó a una huelga el próximo 9 de julio.

Los editores de periódicos, además, subrayaron a través de un comunicado de su asociación, la Fieg, que la norma 'no cumple el objetivo declarado de tutelar la privacidad del ciudadano y tiene un efecto intimidatorio hacia la prensa. Lo prueban las durísimas sanciones a los editores'.

El movimiento de ciudadanos autodenominado Pueblo Violeta inició ayer por la noche una concentración ante el Parlamento para protestar por 'la muerte de la democracia y Constitución italianas'.

1. Con las manos atadas

Con la ‘ley mordaza', los medios italianos no podrán publicar ninguna escucha telefónica, ni siquiera resumida, durante la investigación judicial preliminar, lo que en Italia quiere decir, en muchos casos, varios años. Si un periodista infringe esta norma, puede acabar pasando hasta un mes en la cárcel y ser condenado a 10.000 euros de multa.

2. Multas astronómicas

Los editores que permitan en sus medios la publicación de escuchas antes de que haya concluido la instrucción de los casos en los tribunales se arriesgan a tener que pagar multas de entre 300.000 y 450.000 euros.

3. Suspensión profesional

Aparte del procedimiento por la vía penal que se incoará contra quien viole la ley, la norma prevé un procedimiento disciplinario que incluye la suspensión profesional para los periodistas.

4. Escuchas que caducan

A partir de ahora, hará falta que la fiscalía encuentre 'graves indicios de delito' para que el juez autorice el pinchazo telefónico. Las escuchas sólo podrán durar 75 días y después se deberán prorrogar cada tres días. Tampoco se podrá poner micrófonos en 'ambientes privados' y en la calle, sólo durante 72 horas.