Era un rumor creciente y, por fin, ayer se anunció con luz y taquígrafos. El PP catalán llevó la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que quiere prohibir las corridas de toros en Catalunya al Consell de Garanties Estatutàries, alegando que sólo el Estado puede regular los espectáculos taurinos.

La decisión de los populares obligará a retrasar la votación que estaba prevista para mañana un mes más, el plazo máximo que tiene el Consell para emitir su dictamen.

El PP, dice el documento enviado al Consell, entiende que por lo que respecta a los toros y atendiendo a la normativa existente 'el Estado es el único órgano competente para poder regular los espectáculos taurinos', aún teniendo en cuenta 'que la regulación de los espectáculos públicos sea competencia de la comunidad autónoma'.

El otro argumento que se esgrime es que el Estatut de Autonomía de Catalunya, al igual que la Constitución, 'tienen que facilitar el derecho de los ciudadanos' a la cultura, y las corridas y los espectáculos taurinos, dice el documento, son 'sin duda una manifestación de la cultura española y catalana'.

Desde hace días el lobby taurino esperaba este gesto por parte del PP formación que ya anunció en su momento que votaría en contra de la ILP para poder ganar tiempo y conseguir convencer a más parlamentarios en su cruzada para perpetuar la llamada fiesta nacional.

De hecho, la estrategia de los taurinos dio un vuelco la semana pasada cuando, en una conferencia de prensa, decidieron presionar públicamente a CiU, que dará libertad de voto a sus diputados, y le advirtió de las consecuencias electorales negativas si, finalmente, se aprueba la prohibición en Catalunya.

A pesar de la solicitud del PP y del consecuente retraso de la votación, en las filas animalistas hay 'tranquilidad'. Leonardo Anselmi, portavoz de la Plataforma Prou, impulsora de la ILP y apoyada por 180.169 firmas, explica que los argumentos esgrimidos por los populares no son correctos. Según Anselmi 'ya el reglamento taurino del Ministerio del Interior [preestatutario] establece que la Fiesta es competencia de las comunidades autónomas', por lo que no temen el dictamen del Consell.

Desde la Plataforma Prou explican que durante este mes se prevé que la votación sea el 15 de julio, en el último pleno antes de verano su estrategia no cambiará: 'Continuaremos con un mensaje sosegado, elegante y sin presiones'. Y confían, dice Anselmi, en que los diputados convergentes no se dejarán presionar por el lobby taurino porque, al fin y al cabo, 'CiU no es Ciutadans, es un partido serio que no se deja presionar con amenazas'.