Es más que razonable que fulanito se enfade cuando al comprar un CD virgen para guardar las fotos de su crucero por el Nilo le cobren un complemento destinado a pagar a un músico. Pero cuando fulanito es el Ayuntamiento de Castellón y el CD se convierte en todo su equipamiento tecnológico (ordenadores, fotocopiadoras, memorias USB, escáneres, los CD y DVD), el cabreo puede convertirse fácilmente en una moción y, poco más tarde, en una demanda. 'Si a nivel del consumidor individual el canon digital no tiene ningún sentido, en el caso de la Administración Pública ya es flagrante. Un ayuntamiento se dedica a hacer expedientes, no a copiar discos ni libros', se queja Javier Moliner, vicealcalde de Castellón del Partido Popular.

El consistorio de la localidad levantina está preparando un recurso para recuperar lo que ha pagado en concepto de canon digital durante los últimos dos años, una cantidad que asciende a 80.000 euros según sus cuentas. 'Además, pediremos una modificación legislativa que exima a la Administración de pagar esa tasa', afirmó Moliner.

'Un municipio hace expedientes, no copia discos', se quejan en Castellón

No están solos. Dos ayuntamientos más, el de Teulada en Alicante (PP) y el de Pollença en Mallorca (Unión Mallorquina), también han aprobado mociones en contra de la tasa que beneficia a las sociedades de gestión de derechos de autor. En Tarragona, por su parte, el pleno aprobó el pasado 10 de mayo pedir a la SGAE mayor transparencia en el ejercicio de sus competencias, así como un informe relativo al 'total recaudado en nuestra ciudad y la devolución que se hace a los artistas locales que supuestamente se han de beneficiar de este impuesto', explicó Begoña Floría, del PSOE, teniente alcalde de la ciudad.

La reciente resolución de la abogada general de la Unión Europea, Verica Trstenjak, en la que denunciaba 'la aplicación indiscriminada' del canon en España ha dado la razón a estos ayuntamientos y a los mil municipios más que se unieron a la plataforma Todos contra el canon. 'Las entidades de gestión recaudan y no hay ningún control. En 2008, el Senado pidió información al Ministerio de Cultura sobre esta actividad y todavía están esperando la respuesta. Ahora los ayuntamientos se lo están tomando más en serio. En época de vacas gordas les daba igual, pero con la crisis tienen un problema de dinero importante', sostiene Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas.

Pagar el canon sin saberlo

Un informe de la UE acaba de poner en duda la legalidad del canon digital

En el consistorio de la localidad mallorquina de Pollença, de 17.000 habitantes, hubo unanimidad contra el canon. José García, concejal de Alternativa por Pollença, lleva más lejos el problema: 'No es sólo pagar el canon, sino que no sabes que lo estás pagando. La ley dice que en las facturas se tiene que especificar la cantidad destinada al canon, pero en ninguna de nuestras facturas lo ponía'. Pollença ha pedido la devolución, mientras que en Inca, una localidad cercana de 35.000 habitantes, han aprobado recientemente otra moción contra la tasa digital.

El informe jurídico de Verica Trstenjak, que establece que el canon digital viola la directiva europea sobre derechos de autor, todavía tiene que esperar la resolución del Tribunal de Luxemburgo, que se espera después del verano, aunque en un 80% de los casos los jueces acaban por confirmar los análisis de la abogacía general. 'Esto significa que el Estado español tiene hasta septiembre para adaptar su normativa a la opinión de la abogada. Si no lo hace, una vez salga la sentencia se podrá pedir no sólo la devolución del impuesto, sino que se le podría demandar por daños y perjuicios', explica Josep Jover, presidente de APEMIT, una asociación de empresas de informática.

Jover no duda en calificar de 'financiación irregular con dinero público' el trasvase que se produce entre la Administración y las sociedades de gestión de derechos a través del canon. 'Si el Ayuntamiento de Madrid lo denunciara, sería más de un millón de euros', dice Jover, que estima que un 60% de lo recaudado por el canon digital procede del sector público.

'No es sólo pagarlo, sino que no sabes que lo pagas', dice José García

Las iniciativas de estos consistorios rebeldes contra el canon buscan también convertirse en una especie de efecto llamada al resto de ayuntamientos de España. 'Nosotros fuimos los primeros en aprobar una moción contra el canon en 2008 y muchos han venido detrás', explica Joan Bertomeu, alcalde de Teulada. Desde Pollença también confían en que 'este paso sea imitado por otros ayuntamientos y poco a poco la bola se vaya haciendo más grande, porque ya no es una cuestión de nuestros casos particulares, sino de acabar con una ley que es injusta'.

No solo los ayuntamientos están elevando la voz contra esta situación. Este mismo mes, la Universidad de Valladolid anunció que reclamará a la SGAE el canon. El secretario general de la universidad, Antonio Calonge, confirmó que su acción responde a un informe presentado por la asociación estudiantil ADDE, que cifra en 206.000 euros la cantidad que el centro educativo paga a los autores.

El siguiente escalón es el de las empresas. El informe jurídico de la UE advierte que 'este tipo de gravamen, recaudado a favor de autores, artistas y productores, no puede aplicarse indiscriminadamente a empresas y profesionales que claramente adquieran los aparatos y soportes materiales para otras finalidades ajenas a la copia privada'. El Ministerio de Cultura no se ha pronunciado sobre los argumentos de la abogacía general y espera a conocer la sentencia. En septiembre, el desenlace.