La ayuda vino de donde menos la podía esperar. Al presidente del Gobierno le echó ayer un cabo, sin saberlo, el líder de la oposición. Viva todavía la amenaza de rebelión de los alcaldes del PSOE contra la restricción del endeudamiento a largo plazo de los ayuntamientos para afrontar inversiones, Mariano Rajoy brindó a José Luis Rodríguez Zapatero la posibilidad de calmar las aguas de su partido volviendo a situar en el primer plano la idea de aprobar un impuesto para los ricos.

Preguntó en el Congreso el jefe de las filas conservadoras si 'tiene el Gobierno la intención de subir los impuestos' y, sin utilizar la palabra demonizada, confirmó el presidente su propósito de 'pedir un esfuerzo a los ciudadanos que tienen una alta capacidad económica' para que 'el esfuerzo colectivo' ante la crisis sea 'lo más equitativo posible'. 'Lo vamos a hacer y ese va a ser el único esfuerzo impositivo que tenemos planificado', se reafirmó sin ofrecer mayores concreciones. '¿Cuándo? En breves semanas ¿Cómo? Ya lo conocerán', dijo arrancando un coro de risas y rumores.

'Asumimos que rectificar está bien para gobenar', dice Zapatero

El Gobierno, según explicó, 'está evaluando, dentro de las posibilidades de nuestro sistema fiscal, una figura' que permita 'que aquellos ciudadanos que tienen una alta capacidad económica hagan un esfuerzo solidario en este periodo de crisis'. Se trataría de un impuesto extraordinario que, por su misma definición, tendría un carácter temporal y se aplicaría al conjunto de la riqueza acumulada por una persona. 'No va a haber una afectación a los impuestos generales que tenemos y no va a haber una afectación al 99,99 % muy largo de la población española', aseguró.

El mano a mano con Rajoy le sirvió también a Zapatero para desquitarse anímicamente de la bronca que la víspera le montaron los senadores del PP pidiendo a gritos su dimisión. Sus correligionarios del Congreso, menos montaraces, mantuvieron las formas. La mala imagen del alboroto debió pesar en su ánimo, porque se quedaron clavados en sus asientos, de pies, manos y lengua, cuando el presidente rejoneó al líder de la oposición antes de abandonar el hemiciclo: 'Para cambiar de opinión, hay que tenerla. Usted no puede cambiar de opinión porque no tiene ninguna, ninguna posición en ningún caso'.

Chaves desmonta la coartada de la errata y reconoce la presión de los ediles

Rajoy, que no se atrevió a avalar la petición de adelanto electoral hecha por el portavoz de su partido en el Senado, había centrado su discurso en la idea de que el Gobierno no deja de generar incertidumbre y desconfianza ya que 'cambia de opinión demasiadas veces'. 'Le pido que diga la verdad, que no la oculte. Ya nos hemos llevado muchas sorpresas en las últimas fechas y la gente tiene derecho a un mínimo de reglas del juego', dijo ante la rectificación sobre el recorte de la capacidad de endeudamiento de los municipios.

Zapatero no entró a este trapo en el hemiciclo, pero a la salida hizo unas breves declaraciones para intentar salvar la imagen del Gobierno y la cara de la vicepresidenta económica, Elena Salgado, a la que unánimemente se señala en las filas socialistas como responsable del desaguisado. 'Que haya un cambio en una fecha en un decreto que tiene una amplia complejidad es algo perfectamente comprensible. Nosotros asumimos que rectificamos. Es un principio que está bien para gobernar', dijo el presidente.

A Salgado no debió gustarle mucho que resucitara el impuesto para los ricos sobre el que había prohibido hablar porque en las tres interpelaciones a las que tuvo que responder a continuación aplicó con profusión el latiguillo: 'Como les acaba de decir el presidente...'. Pero entre los socialistas se comentaba que menos aún debió gustarle que el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, desmontara públicamente su coartada de 'la errata' en el BOE para justificar el intento de cortar el grifo del endeudamiento municipal de manera abrupta y sin previo aviso.

Rajoy soslaya la petición de adelanto electoral de García-Escudero

Chaves, que desde el jueves había intentado sin éxito convencer a Salgado de que rectificara, puso lo ocurrido blanco sobre negro durante una rueda de prensa en Tarra-gona: 'A través de distintos cauces, los ayuntamientos expresaron este problema y el Gobierno lo ha resuelto'.

Tras la corrección incorporada el martes al BOE, el asunto se daba oficialmente por zanjado tanto desde el Gobierno como desde el PSOE. Sin embargo, el incendio no se extinguió ayer. Varios destacados alcaldes socialistas mantuvieron sus quejas públicamente.

Así, el edil de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, a la vez que censuraba 'el juego de hacer-rectificar', reveló que ha encargado a los servicios jurídicos municipales que estudien la posibilidad de impugnar el decreto, por entender que la medida es 'profundamente equivocada'. La alcaldesa de Palma, Aina Calvo, consideró 'injusto' que la restricción se aplique de forma indiscriminada, sin tener en cuenta la situación de cada consistorio. También Jordi Hereu, de Barcelona, reclamó un trato diferente para quienes 'han hecho los deberes' y tienen 'una solvencia acreditada'. En términos similares se pronunció el de Segovia, Pedro Arahuetes, quien dijo que ahora se abre un periodo de negociación hasta fin de año para intentar mejorar el contenido del decreto.