La red corrupta dirigida por Francisco Correa obtuvo gracias al Partido Popular (PP) directamente, o a través de las instituciones bajo su control al menos 48 millones de euros de dinero público entre 2000 y 2008.

La cifra se desprende de las declaraciones presentadas por las distintas empresas de la trama a la Agencia Tributaria durante estos ejercicios. El listado forma parte del sumario, cuyo secreto levantó el pasado martes el juez Antonio Pedreira.

Los 48 millones representan únicamente la facturación declarada a Hacienda procedente de dinero público de la decena de empresas que integran el núcleo duro de la trama, con lo que la cifra amasada por el grupo en este periodo es necesariamente superior. No incluye ni los eventuales pagos en negro ni las subcontrataciones que permitieron que empresas Gürtel hicieran trabajos que formalmente fueron adjudicados a otros.

El Partido Popular (PP), que como todas las formaciones se financia en un 90% con dinero público, distribuyó directamente entre las empresas de Correa 23,44 millones de euros entre 2000 y 2008, el 48,7% del total. Le siguen la Comunidad de Madrid, donde se declararon contratos por valor de 9,5 millones entre el Gobierno autonómico y los ayuntamientos del PP; la Comunitat Valenciana, con 8,69 millones, y el Gobierno de José María Aznar, con otros 3,3.

En todos estos ejercicios, la trama en su conjunto se embolsó una cifra superior a los tres millones de euros anuales procedentes del dinero del contribuyente. Los años de mayor facturación fueron 2003 y 2004, años electorales. En 2003, con elecciones municipales y autonómicas, la trama logró 7,9 millones. El año siguiente, con la campaña de Mariano Rajoy a la presidencia del Gobierno, rozó los 10 millones de euros, sobre todo vehiculados a través de Special Events.

En 2005, Correa dejó de trabajar para FAES y el PP nacional

El PP y Special Events son los elementos clave de la etapa que culmina en 2004. A partir de esta fecha, ya con Mariano Rajoy al frente del PP, el partido deja de ser el principal cliente de la trama y el peso de las adjudicaciones pasa a ser asumido por las instituciones públicas de la Comunidad de Madrid y de Valencia, las dos organizaciones territoriales más importantes del PP.

El vuelco es total en el periodo examinado por la Agencia Tributaria: en 2000, el 99% de los contratos de la trama procedentes del dinero público recaían en el PP y en sus fundaciones. En cambio, en 2008, el PP no aportaba ya ni un euro directamente a la trama, ni siquiera en Valencia. El 100% del dinero público que recibía el grupo Gürtel tenía su origen en instituciones públicas o con participación pública mayoritaria de Madrid y de Valencia.

Rajoy se jacta de haber expulsado la trama del PP nacional, pero a partir de 2005 las empresas de Correa ya no trabajarán tampoco para la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), el think tank de Aznar, bajo cuyo mandato se hicieron fuertes en el PP.

De hecho, las principales marcas iniciales de la trama van desapareciendo del mapa a partir de 2004. Special Events, Pasadena, Rialgreen y otras van dejando paso a siglas más especializadas territorialmente, como Easy Concept y Servimadrid en Madrid, y Orange Market en Valencia.

La cifra incluye sólo los contratos declarados por la trama a Hacienda

Los contratos públicos llegarán a partir de entonces casi exclusivamente de Madrid y Valencia. Pero del entramado institucional en su conjunto. No es sólo que los contratos se trocean a veces y se reparten por distintas consejerías para no superar el monto económico a partir del cual hay que convocar concurso público, sino que las adjudicaciones se van repartiendo también entre los organismos autónomos y con empresas distintas.

Por ejemplo, en 2008 los pagos directos de la Generalitat valenciana a Orange Market fueron sólo de 45.000 euros. Pero en realidad esta empresa controlada por Francisco Correa a través de El Bigotes recaudó ese año 3,174 millones procedentes del conjunto institucional de la Comunitat Valenciana a través de múltiples organismos controlados por el PP: 1,4 millones de la Fira, 1,06 de la Agencia Valencia de Turismo, 516.000 de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana, 69.600 de la Sociedad y Promoción Industrial Valenciana (Sepive), 34.626 de La Luz de las Imágenes, fundación adscrita a Cultura y Deporte, y 11.978 del Consejo Valenciano del Deporte.

Esta externalización hacia el conjunto de la Administración se da también en Madrid, donde muchos organismos autónomos contratan a las mismas empresas sin que computen a la Comunidad (ver recuadro). Y lo mismo sucede en los ayuntamientos del PP implicados. Un ejemplo: en 2007, Arganda declaró pagos de 11.689 euros a Easy Concept. Una minucia comparado con los 464.135 que le abonó la empresa municipal Fomento y Desarrollo.