Con más de una década con Jesús Gil como alcalde y 86 procesados por el caso Malaya, no es sorprendente que Marbella lleve más de 15 años sin tener ni idea de qué es una Vivienda de Protección Oficial (VPO). Tampoco que, después del desfile de tropelías en torno al ladrillo, el nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), elaborado por la Junta de Andalucía (PSOE) y aprobado por el propio Ayuntamiento (PP), incluya la creación de 10.000 viviendas de protección oficial de las 27.000 casas nuevas previstas.

La ciudad andaluza llevaba quince años sin viviendas de protección oficialLo que resulta controvertido es que un mínimo de 1.200 de esas VPO serán construidas en el Corredor Paisajístico de la Vega del Río Guadaiza, un enclave verde en el que el Gobierno andaluz ha reservado unas 100 hectáreas a ambas márgenes del río para contruir equipamientos públicos, entre los que se incluye, aparte de las viviendas, un centro logístico, un parque tecnológico y un centro universitario.

Esta zona está calificada por la Junta —en el Plan de Ordenación del Territorio para la Costa del Sol occidental— como área de oportunidad, es decir, son terrenos que por su posición estratégica pueden pasar al patrimonio autonómico del suelo para impulsar equipamientos públicos. Sin embargo, y es aquí donde nace la polémica, un estudio científico del Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Granada alerta de que edificar en la vega puede conllevar a la desaparición del pulmón verde de Marbella.

Paraíso natural

El enclave, una fértil llanura aluvial de 200 hectáreas situada entre las pedanías de San Pedro de Alcántara y Nueva Andalucía, cuenta con valores naturales y culturales como el río Guadaiza —declarado Lugar de Interés Comunitario—, suelos aluviales de “excelente fertilidad agrícola”, masas arbóreas muy diversas, “en especial los frutales”, y “vestigios arquitectónicos, técnicos y espaciales de la malograda industrialización emprendida en torno a la caña de azúcar, la remolacha y el algodón desde mediados del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX”.

El estudio incide, además, en que “los suelos de esta llanura de inundación, poco consolidados y formados en gran parte por arcillas expansivas con importantes procesos de encharcamiento, son totalmente inadecuados para la construcción”.

Con estos datos, el profesor de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física de la Universidad de Granada José Gómez Zotano, que dirige la investigación, hace un llamamiento para que la vega sea declarada Bien de Interés Cultural bajo la figura de Sitio Histórico lo que impediría que se edificara. También anuncia que presentará las conclusiones del estudio para que sean tenidas en cuenta en la revisión del PGOU, cuyo plazo de alegaciones para su aprobación definitiva finaliza el 15 de octubre. Hasta entonces, el debate está servido.

Al escollo ecológico se suma, además, el inconveniente económico manifestado por los vecinos. La mayor parte del suelo afectado —en el que se encuentra la finca La Caridad, propiedad del cerebro de la trama del caso Malaya, Juan Antonio Roca— se obtendrá de expropiaciones forzosas.

Científicos piden que se proteja la zona para evitar que se edifiqueUnas 300 familias de San Pedro de Alcántara exigen la paralización del proyecto y ya preparan movilizaciones. “Ahí se cultiva la tierra y no hay derecho a que nos la quiten para edificar”, denuncian José Antonio Milán y Evaristo Díez, miembros de la Plataforma El Potril. Para el presidente de Opción Sampedreña, Rafael Piña, “la Junta de Andalucía va a hacer el negociazo del siglo, porque nos paga unos terrenos como rústicos para luego construir”.  La Consejería de Obras Públicas, sin embargo, alega que esas tierras “serán pagadas según marca la nueva Ley del Suelo, es decir, según el valor real de los terrenos precisamente para evitar la especulación”.

No obstante, y pese al aval del Ayuntamiento marbellí al nuevo PGOU, la alcaldesa, Ángeles Muñoz, se ha comprometido con los afectados a intentar que la Junta no incluya sus tierras en esa área. Fuentes de la Consejería de Obras Públicas apuntan a que el plan, “con casi total probabilidad”, seguirá adelante.