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El Gobierno no quiere policías con VIH+. Esa es, al menos, la conclusión que se extrae de la repuesta facilitada por el Ejecutivo al portavoz parlamentario de IU, Gaspar Llamazares, en la que asegura que es 'razonable' excluir a las personas portadoras de las pruebas de acceso a este Cuerpo policial.
La respuesta llegó al diputado ayer, 1 de diciembre, Día Internacional de la Lucha contra el Sida, y sólo 48 horas después de que el propio Ministerio anunciara a bombo y platillo que cerca de 60.000 jóvenes se habían presentado a las pruebas para conseguir una de las 2.000 plazas de alumnos aspirantes a ingresar en este cuerpo policial.
En su breve respuesta, a la que ha tenido acceso Público, el Ejecutivo detalla que 'los Tribunales Médicos designados para intervenir en las pruebas de acceso al Cuerpo Nacional de Policía consideran el VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) como una enfermedad inmunológica sistemática que afecta negativamente al sistema inmunológico del individuo que la padece'.
'Las circunstancias de contacto con los ciudadanos -prosigue la respuesta parlamentaria- llevan a la conclusión de que un funcionario policial con VIH+ se encontraría, dada su deficiencia inmunológica, con un riesgo mucho mayor de contraer infecciones por su actividad laboral, siendo a la vez una posible fuente de contagio'.
'Por todo ello -concluye el Ejecutivo-, parece razonable que deba mantenerse la causa de exclusión para acceso al Cuerpo Nacional de Policía de los aspirantes VIH+, recogida en el punto 4.3.7. del Anexo III de la Orden Ministerial de 5 de mayo de 2009'.
En la pregunta que ha dado lugar a la respuesta del Gobierno, Gaspar Llamazares hacía referencia a una resolución de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil del pasado 25 de mayo en la que se convocaba la oposición para cubrir las plazas de alumnos aspirantes a ingresar en el Cuerpo Nacional de Policía. En dicha resolución, en el cuadro de exclusiones médicas, Interior establecía como exclusión definitiva 'las enfermedades de transmisión sexual'.
El portavoz parlamentario de IU recordaba en dicha pregunta al Ejecutivo que dicha resolución era contraria a una sentencia de mayo de 2004 de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional en la que señalaba que 'la infección por VIH en sí misma no representa ningún problema como enfermedad transmisible mediante la convivencia del sujeto con otras personas, tanto en el medio familiar, laboral o social', salvo que el desempeño del puesto de trabajo implique riesgos'. IU denuncia ahora que Interior ha decidido ignorarla.
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