La nueva legislación contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo exigirán medidas de autocontrol y colaboración con las autoridades a promotores inmobiliarios, anticuarios y joyeros. El Gobierno aprobó ayer un proyecto de ley para prevenir este tipo de delitos que adapta, con dos años de retraso, la última normativa europea.

El texto establece una serie de obligaciones a entidades financieras y a otros profesionales cuya actividad es utilizada a menudo para blanquear dinero, ya sea procedente del tráfico de drogas, de actividades terroristas o de la corrupción. En esa lista, además de los citados, se incluyen notarios, abogados y auditores.

Todos ellos deberán identificar a sus clientes, comunicar operaciones que consideren sospechosas al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), conservar documentos un mínimo de diez años y extremar los controles internos para evitar el blanqueo de capitales. Además, los cobros en metálico por valor superior a los 15.000 euros por cualquier actividad serán sometidos a los mismos controles.

Por su parte, las entidades financieras tendrán la obligación de identificar al verdadero titular de un producto u operación. Las sociedades radicadas en paraísos fiscales figuran frecuentemente a nombre de otras empresas que, a su vez, esconden a terceras, hasta perder el rastro del auténtico dueño de ese dinero, que procede de actividades ilícitas.

Esta medida se complementa con otra que establece un sistema de localización de activos financieros para reforzar las investigaciones patrimoniales y evitar la desaparición de fondos, al estilo de otros existentes en Francia y Alemania. Finalmente, el proyecto de ley no incluye la creación de un Fichero de Titularidades Financieras, donde los bancos tendrían que incluir la información sobre la apertura de cuentas corrientes, de ahorro, de valores y depósitos de sus titulares. El Consejo de Estado se había pronunciado en contra.

A finales de 2008, la Comisión denunció a España ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por el retraso de más de un año en la aplicación de las directivas de 2005 y 2006. España contaba anteriormente con legislación para luchar contra este tipo de delitos, pero era anterior a dichas directivas. El SEPBLAC comenzó a actuar en 1995 y en el mes de mayo de 2003 se creó la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo.