Tras dos años de debate, Consejo y Parlamento Europeo han llegado a un acuerdo sobre el último escollo que tenían que salvar para aprobar el denominado paquete Telecom, que plantea un nuevo marco legislativo en materia de telecomunicaciones. Las discrepancias entre uno y otro organismo estaban centradas en la enmienda 138, que impedía las restricciones a los derechos y libertades de los usuarios en Internet sin una orden judicial previa.

Pese a que la comisaria europea Viviane Reding explicaba este jueves que leyes como la francesa –que contempla el corte de conexión a los usuarios que reincidan en las descargas– “no se convertirán en parte de la legislación europea”, la redacción final del acuerdo deja un sabor agridulce a los internautas.

Los matices introducidos dejan la sensación de que la UE se inhibe de que se pueda cortar el acceso a la Red a los usuarios que descargan contenidos sujetos a derechos de autor sin que sea necesaria una orden judicial previa que ordene la desconexión, aunque incluye “respetar el principio de presunción de inocencia” y otros conceptos sujetos a interpretación nacional.

El compromiso, aprobado de forma unánime, deja en manos de los gobiernos la decisión final de los pasos que deben seguir para cortar la conexión a Internet a sus ciudadanos. El texto especifica que las restricciones “sólo pueden imponerse si son adecuadas, proporcionadas y necesarias” y que sólo podrán adoptarse “respetando el derecho a la privacidad” y como resultado de un “procedimiento previo, justo e imparcial”, sin especificar de qué tipo. Donde antes se hablaba de “una orden judicial previa”, ahora aparece que los internautas tienen derecho a “una revisión judicial efectiva y en el momento oportuno”.

Las garantías fijadas por la norma pueden anular la estricta ley francesa 

El abogado especializado en nuevas tecnologías Javier de la Cueva concreta que hay un primer trámite para la desconexión de los usuarios que tiene que hacerse con las garantías del Convenio Europeo de Derechos Fundamentales, algo que, en el fondo, también remite a un juez. “El problema es que la redacción anterior era mucho más garantista. El resultado actual es un texto ambiguo que permite a los estados interpretar cómo deben aplicarlo”, añade.

El vicepresidente del Parlamento Europeo, Alejo Vidal-Quadras, que califica de “éxito” el texto final, especificó a Público que en España se mantienen esas garantías judiciales previas, ya que son las amparadas por la legislación actual. En cambio, sostiene que la legislación francesa –que sí contempla la desconexión de los usuarios que descarguen contenidos con copyright– sí puede tener problemas una vez que esta legislación se trasponga.

“Cuando entre en vigor lo que ahora hemos suscrito, si se recurre la ley nacional francesa ante el Tribunal de Luxemburgo, será declarada inválida, ya que no cumple con las garantías que hemos especificado”, puntualiza.

En la práctica, la UE deja la decisión sobre el corte a los gobiernos 

Los eurodiputados se enfrentaban a su última oportunidad para lograr el consenso y acercarse un paso más a la entrada en vigor del marco legislativo completo que supone el paquete Telecom. Es por ello que todas las voces han sido optimistas con respecto al acuerdo alcanzado, desde Vidal-Quadras al vicepresidente del Partido Pirata sueco y eurodiputado Christian Engström.

Los parlamentarios han justificado los cambios en la redacción del paquete Telecom al considerar que la enmienda para prohibir el corte de Internet sin autorización judicial excedía las competencias de la UE y, por tanto, habría sido anulada con posterioridad por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

“Hemos buscado la mejor salida, introduciendo el mayor número de garantías para los usuarios sin sobrepasar el marco legal comunitario establecido, ya que no estábamos facultados para incluir la redacción original de la enmienda 138”, explica Vidal-Quadras. “Además, el Consejo no aceptaba esa enmienda, y se hubiera paralizado el acuerdo completo, que supone un gran avance para las telecomunicaciones en Europa”.

La eurodiputada socialista Catherine Trautmann también especificó este jueves cómo el Parlamento había preferido adoptar estos cambios antes que obstaculizar la reforma del sector de las telecomunicaciones. Por su parte, el vicepresidente del Partido Pirata sueco también veía el vaso medio lleno en el análisis colgado ayer en su blog, definiendo el acuerdo como “un paso mucho más grande en la dirección correcta de lo que nos habríamos atrevido a esperar”.

Engström agradeció este jueves el apoyo prestado en la Red por la comunidad de activistas, a la vez que reconocía que “no es todo lo que habríamos querido en el mejor de los mundos, y esto no es el final de la lucha por una Internet libre y abierta”.

La entrada en vigor de este texto podría producirse a principios de 2010. Aún debe recibir el respaldo de los ministros y del pleno de la Eurocámara, algo que se producirá este mes. Una vez en vigor, los países miembros tendrán 18 meses para incorporarlo a sus legislaciones nacionales.

Se ha pasado de la 'orden judicial previa' a una 'revisión oportuna' 

La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, especificaba este jueves que el Gobierno “no contempla medidas punitivas para el usuario final de Internet”, en referencia a la posible desconexión de los usuarios que descarguen. No obstante, en España ya está en marcha una comisión interministerial (compuesta por representantes de los ministerios de Industria, Cultura, Interior y Justicia) que se ha propuesto, antes de que termine el año, acabar con las descargas en Internet.

Se desconocen los detalles sobre cómo se está desarrollando el debate, aunque el objetivo final se relaciona con las acciones legales que se pueden adoptar contra los que “vulneran los derechos de propiedad intelectual”, dejando al margen a los usuarios.

Su línea de actuación está centrada en el análisis del marco normativo existente y las actividades que permitan mejorar la acción judicial. Para De la Cueva, la clave que relaciona las medidas que se quieren tomar en España y el texto aprobado por la Unión Europea está en cómo se va a realizar la trasposición del mismo. Al no especificar el procedimiento judicial previo, el Gobierno puede interpretar la directiva. “Habrá que estar muy pendiente de este tema”, concluye.