A las 11:05 horas de ayer, sólo 55 diputados ocupaban sus escaños en la Carrera de San Jerónimo. Los bancos azules del Gobierno estaban vacíos. Ni siquiera el autor del proyecto, el ministro de Trabajo, Celestino Corchacho, se hallaba presente en el hemiciclo cuando el Pleno del Congreso comenzó el debate sobre la reforma de la Ley de Extranjería. Horas después, el texto que endurece las condiciones de acogida de los inmigrantes recibía el visto bueno de la Cámara Baja con 185 votos a favor, 146 en contra y cuatro abstenciones.

El debate previo había durado poco más de una hora. Un debate que sólo sirvió para que los grupos se reafirmaran en sus posiciones y para que los socialistas sumaran a los apoyos ya anunciados de CiU y Coalición Canaria, los seis votos del PNV tras aceptar a última hora cinco de sus enmiendas. Ahora, el texto irá al Senado antes de volver al Congreso para su definitiva aprobación.

El texto consiguió 185 votos gracias al apoyo del PSOE, CiU, CC y PNV

La diputada socialista Esperança Esteve resaltó que su grupo había aceptado más de 300 enmiendas de las 732 presentadas. Esteve insistió en que, pese a las críticas, la reforma aumentará las garantías jurídicas de los sin papeles en los centros de internamiento, y que facilitará la lucha 'contra la trata, la explotación sexual y la explotación laboral'.

También en defensa del texto salieron el diputado de CiU Carles Campuzano y el canario José Luis Perestelo. El primero destacó que el texto blindaba las competencias en inmigración que recogen los estatutos de autonomía de Catalunya y Andalucía. El segundo, que la nueva ley permitía a las ONG asumir la custodia de los menores extranjeros no acompañados, tal y como había reclamado su grupo. Por su parte, Emilio Olabarría, del PNV, aprovechó la intervención en la que anunció el apoyo de su grupo para criticar el contrato social reclamado por el PP. '¿Hay que hacer un curso de sevillanas? ¿Aprender a hacer tortilla de patatas correctamente?', se preguntó irónico.

En frente se situaron IU-ICV, ERC y PP, aunque con discursos dispares. Así, el portavoz de IU-ICV, Joan Herrera, reconoció 'avances' durante la tramitación de la norma, pero recalcó que la ley seguía siendo el reflejo 'de un discurso duro'. Herrera volvió a criticar los puntos más polémicos del texto: el endurecimiento de las condiciones para acceder al reagrupamiento familiar, y el aumento de 40 a 60 días del periodo máximo de internamiento de los sin papeles mientras esperan a ser repatriados. En similares términos se expresó Joan Tardà (ERC).

El PP equiparó otra vez inmigración irregular con delincuencia

En el extremo opuesto se situó el PP, que volvió a identificar inmigración irregular con delincuencia como principal argumento para criticar una reforma que calificó de 'cosmética'. Su diputado Rafael Hernando abogó, de nuevo, por obligar a los extranjeros a firmar un contrato social ya que, en su opinión, la nueva ley les impone 'pocas obligaciones'.

Tras el debate, la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, anunció que el Gobierno ya trabaja en la modificación del vigente reglamento de Extranjería para ajustarlo al nuevo texto legal.

Por su parte, ONG y asociaciones volvieron ayer a mostrar su rechazo a la ley. El secretario general de CEAR, Alfredo Abad, afirmó que la norma 'criminaliza a los inmigrantes y trata a los ciudadanos como delincuentes'. Hassan Aribi, de la Asociación Solidaria por la Inserción Sociolaboral del Inmigrante, manifestó que 'ningún Gobierno puede impedir que un inmigrante viva con sus padres o con sus hijos'.