El caso Gürtel, el mayor escándalo de corrupción de la historia del PP, ha sacado a la palestra numerosos nombres. Unos conocidos y otros completamente anónimos que se han convertido en familiaries. De Correa a Camps, la trama de corrupción ligada a cargos del PP ha tejido un entramado de favores y concesiones a dedo por la geografía política gobernada por el Partido Popular. La denuncia de un concejal del propio partido permitió abrir una investigación que, desde febrero de 2009, se ha cobrado ya más de setenta imputaciones. Público.es desgrana las implicaciones de las principales cabezas de la trama. 

Francisco Correa

Presunto cerebro de la trama. El juez Baltasar Garzón asegura en su auto que Francisco Correa creó un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos públicos mediante el soborno a funcionarios y autoridades de consistorios y Consejerías de las Comunidades de Madrid y Valencia. Según el juez, Correa 'lidera un grupo organizado de personas y empresas del que forma parte en inmediata relación de jerarquía con Pablo Crespo y Antoine Sánchez'. Imputado por blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho, asociación ilícita, tráfico de influencias y falsedad, entre otros. Se encuentra en prisión provisional sin fianza desde el 2 de febrero de 2009.

Correa dirigía Special Events, a través de la cual organizó diversos eventos para el PP nacional, y para los de la Comunidad Valenciana y Madrid. Rajoy prescindió de sus servicios en 2004, sin embargo, según Garzón, tras esta decisión, Correa 'se adaptó a la nueva coyuntura mediante la creación de una sociedad que se traslada a Valencia (...) con buenas relaciones con las personas que ocupan cargos de responsabilidad en el Partido y en los órganos de gobierno de la Generalitat Valenciana'. Sólo entre 2000 y 2007 la trama facturó 17,8 millones de euros en actos del PP nacional.

De la empresa de Correa eran filiales el resto de empresas que formaban el conglomerado, entre ellas Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez El Bigotes. A través de Antoine Sánchez, Correa desviaba fondos a empresas en el extranjero y a paraísos fiscales.

Pablo Crespo

Considerado el número dos de la trama. Ex secretario de organización del PP Galicia. Según el auto de Garzón, Pablo Crespo era el responsable de la gestión del patrimonio personal de Correa y diseñaba con él la ocultación de fondos del mismo. Crespo 'ejecutaba las órdenes de Correa' y se dedicaba a desvincularle de las actuaciones tanto a él como a sus empresas, blanqueando los fondos a través de cuentas en Suiza. Para 'dar cobertura a sus actuaciones', Crespo creó empresas ad hoc como Pasadena Viajes, Orange Market o Easy Concept, dirigida por Correa. Está imputado por los mismos cargos que Correa y, cómo él, también está en prisión provisional desde febrero de 2009. 

Álvaro Pérez, El Bigotes

La cabeza visible de la trama en Valencia. Presidente de Orange Market, filial de Special Events en la Comunidad Valenciana. Se encargaba de las adjudicaciones en la Comunidad gobernada por Camps, quien le consideraba un 'amiguito del alma', según las conversaciones extraídas del sumario judicial. Esa amistad le granjeó diversas adjudicaciones para organizar actos del PP en la Comunidad Valenciana. Imputado por los mismos cargos que Correa y Crespo. El juez le dejó en libertad vigilada.

Antoine Sánchez

Primo de Correa y máximo responsable de las operaciones de la trama en el extranjero y uno de los testaferros de la organización. Está considerado como la pieza clave de la estrategia del líder de la trama para desvincularse de las sociedades que él mismo gestionaba. Desde el 27 de octubre está en libertad bajo fianza de 600.000 euros. 

Arturo Gianfranco Fasana

Conocido como Fafa, era el 'embajador' de la trama en el extranjero. De nacionalidad suiza, era el encargado de enviar al exterior los recursos económicos de la trama. Fasana aparece en la caja de seguridad 52, que está a nombre de Pablo Crespo, según el auto del juez Garzón. En dicha caja consta una 'relación de dinero en el exterior', en la que se completa un pago a Benjamín Martín Vasco de 150.000 euros el día 29 de julio del año 2005. Según Garzón 'el dinero en Suiza era gestionado por Arturo Gianfraco'.

José Luis Izquierdo López

Es el contable de la organización y, en general, de las empresas de Francisco Correa. La lista con las personas físicas y empresas relacionadas con la 'Caja B', es decir, relacionadas con el dinero negro de la red, salió a la luz tras su detención. La Policía confirmó que el sistema de archivo de los apuntes contables lo realizó él mismo para llevar un control de los mismos y poder dar cuenta al ex secretario de organización del PP de Galicia, Pablo Crespo, de la situación. Aunque está imputado, permanece en libertad.

Jose Ramón Blanco Balín

Ex vicepresidente de Repsol en la época de Alberto Cortina. Ha participado en las empresas investigadas de la trama por Garzón. En Kintamani, en la que participaban activamente Pablo Crespo y Antoine Sánchez, fue administrador único. En la empresa de Álvaro Pérez, Orange Market, Blanco Balín se sentó en el consejo de administración. En libertad.

Luis Bárcenas

Ex Tesorero del PP durante la etapa de Aznar y Rajoy y senador por Cantabria. El 31 de marzo de 2009 fue vinculado por el juez Garzón a la presunta trama de corrupción, pero fue rechazado por la Fiscalía Anticorrupción. El 15 de junio de 2009 el juez instructor del TSJM, Antonio Pedreira, acordó sin embargo remitir la causa al Tribunal Supremo, al que pidió la imputación de Bárcenas y el 24 de junio el Alto Tribunal consideró que había indicios 'suficientes' para investigarlo por presuntos delitos de cohecho y fraude fiscal. El 22 de julio compareció en el Supremo en calidad de imputado provisional y el 28 de julio presentó su dimisión como tesorero del PP, partido que anunció que sería transitoria hasta que se acreditara su inocencia. Al día siguiente, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acordó elevar al Senado el suplicatorio para seguir investigándole. Percibió más de 1.300.000 euros de la trama. Imputado y en libertad.

Jesús Merino

Diputado del Partido Popular por Segovia, pudo haber percibido más de 200.000 euros de la trama. Declaró ante el Tribunal Supremo por supuestos delitos de cohecho y contra la Hacienda pública. En libertad.

Ricardo Galeote

Era concejal en Estepona (Málaga) cuando resultó imputado. Renunció al acta el 22 de mayo. Según el auto del juez, cobró más de 42.000 euros de la trama. Se encuentra en libertad sin fianza.

Francisco Camps

Presidente de la Generalitat valenciana, fue investigado por un delito de cohecho pasivo impropio. Según las investigaciones desarrolladas por el juez Baltasar Garzón antes de inhibirse en favor del TSJCV, Camps adquirió trajes por 12.783 euros pagados por Orange Market -una de las empresas de la trama supuestamente dirigida por Correa-, a cambio de otorgar adjudicaciones a esta sociedad, desde 2005 a 2009, por valor de unos cuatro millones de euros. Camps negó las imputaciones ante el juez instructor, que no decretó ninguna medida cautelar contra él. 

Correa concurrió a la adjudicación de los stands de la Comunidad Valenciana para distintas ferias de turismo desde 2005, según el auto del juez. Obtuvo todas desde 2006 a 2009. Por valor de 1.083.925 euros en 2006, 1.089.600 euros en 2007, 1.059.250 euros en 2008 y 915.820 euros en 2009.

El 3 de agosto, el TSJCV, cuyo presidente es Juan Luis de la Rúa, 'amigo del alma' de Camps, archivó el caso al estimar que no había relación entre los 'agasajos' que pudo recibir y las adjudicaciones de contratos públicos a Orange Market. La decisión, que contó con el voto particular de uno de los magistrados, será recurrida por la Fiscalía Anticorrupción y el PSPV-PSOE.

Ricardo 'Ric' Costa

Ex secretario del PP de Valencia y ex portavoz de este grupo en Les Corts. El juez instructor decidió no tomar ninguna medida cautelar cautelar sobre él, tras declarar como imputado el 19 de mayo. El juez Garzón le acusaba de adquirir trajes en varias tiendas de ropa por un importe de 7.325 euros pagados también por empresas de Correa. También recibió un reloj valorado en 25.000 euros y hasta un coche de lujo valorado en 80.000 euros. Costa alegó sin embargo que su actividad pública fue posterior a la adquisición de los trajes y que el coche lo pagó de su bolsillo. El 3 de agosto, el TSJCV archivó igualmente la causa contra él, pero la decisión ha sido recurrida. 

El 13 de octubre, el Comité Ejecutivo Regional decidió aceptar que dejara temporalmente sus funciones como secretario regional mientras se desarrollaba una investigación sobre su gestión al frente del partido en la Comunitat Valenciana. Horas después, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, confirmó sin embargo que Costa estaba suspendido en sus cargos, y ya el día 14, fue sustituido por César Augusto Asencio como secretario general del PPCV y por Rafael Maluenda en la portavocía del grupo popular en Les Corts Valencianes. 

El último episodio ha sido su suspensión de militancia en el PP, tras seguir considerándose 'secretario general', más de dos semanas después de ser cesado. 

Rafael Betoret

Ex jefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo de la Generalitat Valenciana. Garzón encontró indicios contra él de cohecho, tráfico de influencias y falsedad. También ha sido imputado por el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Percibió casi 10.000 euros de la trama. En libertad.

José Víctor Campos

Ex vicepresidente de la Generalitat y ex consejero de Justicia y secretario de Organización del PP valenciano hasta abril de 2007. No está aforado, porque ya no es diputado, y fue imputado por Baltasar Garzón, que encontró indicios contra él de cohecho, tráfico de influencias y falsedad. También ha sido imputado por el TSJCV. El PP sí le ha suspendido de militancia. Percibió cerca de 5.000 euros de la trama. En libertad.

Alberto López Viejo

Ex consejero de Deportes y diputado del PP en la Asamblea de Madrid. Durante años se encargó de organizar los actos políticos e institucionales de Esperanza Aguirre. El 9 de febrero de 2009 dimitió del cargo al aparecer su nombre relacionado con el escándalo, que había estallado tres días antes. El 7 de mayo, el juez instructor de la causa en el TSJM, Antonio Pedreira, le imputó los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad, y le impuso una fianza de 750.000 euros. El papel del ex consejero del Gobierno en la trama consistía, según los autos dictados por Garzón, en la adjudicación directa de contratos a las sociedades de Correa a cambio de dinero. Fue suspendido de militancia en el Partido Popular. Supuestamente percibió más de 560.000 euros de la trama.

Las distintas consejerías de la Comunidad de Madrid pagaron un total de 3.028.049 euros a la trama y adjudicaron 342 contratos. Las consejerías más implicadas fueron la de Cultura y Deportes, que dirigía el dimitido e imputado López Viejo y que pagó más de 760.000 euros; y la de Inmigración y Cooperación, con pagos superiores a 400.000 euros, y cuyo viceconsejero era Carlos Clemente, también imputado.  

Benjamín Martín Vasco

Se le investigan la comisión de delitos de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y falsedad. Ha sido el segundo aforado del PP. Ex presidente de la comisión de investigación del espionaje en la Comunidad de Madrid, el 5 de mayo el juez Pedreira le impuso una fianza de 955.000 euros . Según el auto de inhibición del juez Garzón, Martín Vasco se dedicaba a la intermediación para conseguir adjudicaciones de proyectos urbanísticos en el Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid) para Martinsa, una de las sociedades vinculadas a la supuesta trama de corrupción de Francisco Correa, de la que presuntamente podría haber recibido 437.176 euros. Fue suspendido de militancia en el Partido Popular.

Alfonso Bosch Tejedor

Diputado del PP en la Asamblea de Madrid. El 28 de abril se convierte en el primer aforado del PP por la trama corrupta. El juez Pedreira le imputó los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental. Según los autos dictados por Garzón, Bosch, hasta hacía poco gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) de Boadilla del Monte (Madrid), era 'una persona próxima a Correa', quien le habría pagado por mediar para que la constructora Hispánica obtuviera la adjudicación del proyecto para la construcción de una ciudad deportiva en ese municipio. Otra de las 'operaciones' de mediación para la trama de Correa que Garzón atribuye a Bosch, que según el juez obtuvo un total de 250.572 euros por su labor, fue la adjudicación de unos locales a Rústicas MBS, propiedad del imputado José Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente de Repsol YPF. Fue suspendido de militancia en el Partido Popular. Se halla en libertad bajo fianza de 750.000 euros.

El Tribunal de Madrid atribuye a López Viejo, Martín Vasco y Bosch Tejedor  la percepción 'de importantes cantidades de dinero en atención a sus actividades de mediación e influencia, con motivo de la adjudicación de contratos a varias empresas relacionadas' con Correa.

Arturo González Panero

Conocido como El Albondiguilla, Panero era alcalde de Boadilla del Campo (Madrid). Dimitió como tal el 9 de febrero. El 8 de octubre fue conminado a abandonar el Grupo Popular en el Ayuntamiento y el 13 de octubre el Grupo Municipal decidió su expulsión . Mantiene su acta de concejal. Boadilla es uno de los que más ha crecido en términos urbanísticos en los últimos años y se sitúa en el centro de la trama empresarial investigada por Garzón. Está imputado por blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias. Se encuentra en libertad bajo fianza de 1.800.000 euros, la más alta impuesta hasta ahora. Recibió presuntamente más de 135.000 euros de la trama corrupta.

Correa chantajeaba al ex alcalde para mantener su negocio en Boadilla. 'Si doy la cinta que tengo del Albondiguilla, se caga', llegó a decir el líder de la trama. Con sus influencias, Correa se adjudicó la Oficina de Atención al Ciudadano de Boadilla por 506.000 euros anuales; 32 locales comerciales y 180 plazas de aparcamiento por 320.000 euros anuales; una parcela a la constructora UFC por 27 millones de euros, y la obra de la Ciudad Deportiva de la localidad por 30 millones.

Jesús Sepúlveda

Era alcalde de Pozuelo (Madrid). Dimitió como tal el 6 de marzo, el 8 de octubre abandonó el Grupo Popular en el Ayuntamiento, y un día después renunció a su acta de concejal. Se encuentra en libertad sin fianza. Garzón le acusa de fraude fiscal, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. La investigación le atribuye el cobro de 422.000 euros de la caja B de Correa. Es también el supuesto beneficiario del Jaguar comprado por el máximo responsable de la trama. Estuvo casado con Ana Mato. El Ayuntamiento de Pozuelo adjudicó servicios y obras públicas por un importe global que supera los 20 millones de euros. 

Guillermo Ortega

Fue alcalde Majadahonda (Madrid) entre 2002-2005. El 9 del febrero de 2009 abandonó su cargo al frente del Mercado de Puerta de Toledo de la capital.  Acusado de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Como alcalde de Majadahonda tenía como asesora a Carmen Rodríguez Quijano, esposa de Francisco Correa. El Ayuntamiento de Majadahonda adjudicó contratos por un valor total que supera el millón de euros. La red logró la adjudicación de la Oficina de Atención al Ciudadano por un millón de euros anuales. Cobró más de 166.000 euros. Guillermo Ortega se encuentra ahora en libertad sin fianza.

Ginés López Rodríguez

Conocido como El Gafitas, era alcalde de Arganda del Rey (Madrid). Dimitió como tal el 6 de marzo. El juez le acusa de haber percibido 523.439 euros de la trama corrupta, aunque según los apuntes contables de la trama esa cantidad podría ascender a más de 1,3 millones de euros. En Arganda las empresas vinculadas a Gürtel han recibido contratos por un importe aproximado de 50 millones de euros. López se encuentra en libertad sin fianza.

Jose Javier Nombela

Ex vocal en la Junta de Moncloa en el Ayuntamiento de Madrid. Fue cesado por Alberto Ruiz-Gallardón tras aparecer en el auto de Garzón como imputado por la trama de corrupción. Supuestamente, Nombela participó en la adjudicación de un contrato para la empresa Special Events en 2004 para el diseño, montaje y mantenimiento del stand del Ayuntamiento en el Salón Inmobiliario, valorado en unos 153.000 euros. Gallardón reconoció que tal adjudicación fue amañada.

Tomás Martín Morales

Ex director general de Gestión Urbanística de Boadilla del Monte (Madrid), era consejero delegado de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMSV) junto con José Galeote, también imputado. El sumario asegura que cobró de la trama de Correa 378.172 euros. Del auto del juez se desprende además que su trabajo dentro de la trama Gürtel era la adjudicación directa de contratos a la empresa Easy Concept por parte del Ayuntamiento, como el contrato que durante 14 años mantuvo con la Oficina de Atención al Ciudadano de Boadilla; la adjudicación de una parcela en el municipio para un conocido de Correa; y su intermediación para conseguir a Easy Concept el proyecto de la ciudad deportiva del municipio. En libertad.

José Galeote

Padre de Ricardo y Gerardo Galeote.  Fue concejal del PP en Boadilla del Monte (Madrid) entre 2002 y 2004. El 9 de marzo de 2009 cesó como consejero de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de este municipio. Recibió dinero negro de una de las cajas de la trama. Una de esas entregas fue de manos de Plácido Ramón Vázquez Diéguez, que le dio más de 189.000 euros. Se encuentra en libertad bajo fianza de un millón de euros.

Jose Luis Peñas Domingo

Ex concejal del PP en Majadahonda. También está imputado por aceptar pagos de la trama. Fue él quien denunció el caso tras tomar grabaciones durante dos años de sus principales miembros. Su acercamiento al núcleo de la corrupción le permitió obtener numerosas pruebas que aportó ante la justicia. Ahora el sumario, más de 17.000 folios, se basa en las pruebas que Peñas aportó. Está en libertad. 

Carlos Clemente Aguado

Ex viceconsejero de Inmigración de Madrid, fue diputado en la Asamblea de Madrid y viceconsejero de Inmigración de la Comunidad. Está acusado del cobro de 16.000 euros procedentes de la trama de Francisco Correa, lo que le ha supuesto la imputación por fraude fiscal, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. Se encuentra en libertad. 

José Luis Ulibarri

Ulibarri preside el Grupo Begar, un holding que participa en más de 30 sociedades con actividades que van desde la construcción a la comunicación. Imputado por Garzón, obtuvo 13 licencias de TDT concedidas por el Gobierno de Camps. El Ayuntamiento de Valladolid, que el PP gobierna con mayoría absoluta desde 1995, favoreció en varias adjudicaciones a Ulibarri. Begar es la constructora más beneficiada por este Consistorio, cuyo alcalde, Javier León de la Riva, se jacta de ser amigo del empresario. Desde 2003, Begar ha recibido concesiones del Ayuntamiento por 22,4 millones.

Presidente de Constructora Hispánica. Su empresa obtuvo adjudicaciones por parte de Correa en Pozuelo y Boadilla del Monte. Operaciones de las que recibió las correspondientes comisiones, como indica Garzón en su auto, al describir el modo de actuar de Correa en este tipo de operaciones (auto inhibición Madrid). En el auto del juez, aparece su nombre en un apunte contable llamado 'Visita Alfonso García Pozuelo' del día 24 de abril de 2002, del que procede una cantidad de 537.340 euros.  

Felisa Isabel Jordán Goncet

Fue administradora en Easy Concept y Good and Better. Según Garzón, Jordán fue la encargada de preparar el proyecto técnico y de diseño de Orange Market, la empresa filial que operaba en Valencia. Su nombre aparece en los apuntes contables de la Caja B, en una entrega de dinero con fecha del 15 de febrero de 2007 para ALV (Alberto López Viejo). El importe, 50.000 euros procedentes de la Caja B de Easy Concept. Su nombre en clave era IJG (Isabel Jordán Goncet). Cuando declaró ante el juez, Jordán dijo haber dejado de trabajar para Correa hacía año y medio. Además agregó que terminó mal con él, ya que según dice fue despedida por no querer firmar las cuentas del ejercicio de 2006 en Easy Concept. También ha declarado a los medios que, tras su salida, denunció a la policía que sufría persecuciones. Interpuso una denuncia que instruye un juzgado de Móstoles. Fue imputada pero quedó libre bajo fianza de 650.000 euros.

María del Carmen Rodríguez Quijano

Esposa de Francisco Correa, quien la colocó en el Ayuntamiento de Majadahonda como asesora del alcalde, Guillermo Ortega, según se recoge en el auto de Garzón. También fue secretaria general del PP en ese municipio. Fue administradora de Pasadena Viajes hasta 2001. Declaró no haber recibido ningún sueldo de este cargo. También aseguró ante el juez tener tres cuentas bancarias y una propiedad hipotecada. Aparece en cinco de las comisiones rogatorias que los investigadores pidieron a los países para obtener información sobre sociedades pantalla y cuentas bancarias en paraísos fiscales de la trama. Rodríguez Quijano aparece en dos rogatorias en Portugal, una en Islas Vírgenes, otra en Páma y otra en Países Bajos. 

Plácido Ramón Vázquez Diéguez

El empresario aparece en el auto del juez Garzón en varias ocasiones. Todas en apuntes contables relacionados con algunas de las cajas de dinero de la trama. El primer apunte le relaciona con una entrega de 10 millones de pesetas (60.101 euros) a diferentes personas el día 5 de febrero de 2002. Dos millones de pesetas (12.000 euros) fueron a parar a JS (Supuestamente Jesús Sepúlveda). El segundo apunte aparece en la Caja X de PC (Paco Correa) y le relaciona con un movimiento de dinero aún mayor, 50 millones de pesetas (300.506 euros) entregados parcialmente por él a diversas personas, entre ellas a José Galeote, que recibe 189.300 euros.

Enrique Carrasco Ruiz de la Fuente

Ex director de Calidad y Formación en FCC (Fomento de Construcciones y Contratas). También aparece en los apuntes contables del auto del juez, relacionado con un movimiento de capital para la trama. Según el juez, Carrasco distribuyó 17 millones y medio de pesetas (105.117 euros) 'a diferentes personas', entre las que consta JS (presuntamente Jesús Sepúlveda), quien recibe 2 millones de pesetas (12.000 euros).

Jacobo Gordon Levenfeld

Socio de Alejandro Agag en Columela Gestión y Natko. Aparece en el auto del juez relacionado con un archivo a su nombre, en el que se especifican pagos e ingresos de tres sociedades, cuyas cantidades oscilan entre los 127.000 euros y el millón de euros. Era la cabeza de un grupo inmobiliario investigado por el juez del caso Gürtel bajo sospecha de blanqueo y se embarcó en 2007 en una operación multimillonaria para la construcción de viviendas en Panamá.

Jesús Calvo Soria

Administrador único de la empresa de construcción Narcisos 22, S.A., que recibió adjudicaciones de parcelas de unos 6.000 metros cuadrados del Ayuntamiento de Boadilla, entonces gobernado por González Panero. También fue gerente de la Universidad Complutense de Madrid, cargo por el que estuvo implicado en otro caso corrupto (malversación) en el año 2001 acusado de firmar cheques nominativos a terceros. Fue abuelto por el Supremo en 2003.

José Tomás García

Sastre de Camps y 'persona de confianza' de El Bigotes, que trabajaba en las tiendas de ropa de Madrid, Milano (Serrano, 29) y en Forever Young (Paseo de la Castellana, 140). Durante su declaración ante el juez y según consta en el auto, García recibió varias llamadas a su móvil de Francisco Camps, quien, previo a su comparecencia, le había asegurado que Álvaro (Pérez, Bigotes) era 'un bocazas'. Según el juez, el modo de actuar de la trama en relación a la compra de ropa en estas dos tiendas era el siguiente: se hacía el encargo, se entregaba al cliente (Camps, Costa, etc.), la organización pagaba mediante transferencia, cheque o en efectivo y se solicitaba la emisión de una factura 'ad hoc' acorde con lo que requerían Crespo o Pérez, alterando el concepto de la misma, con el objetivo de ocultar a sus verdaderos titulares. 

Rosalía Iglesias Villar

Esposa de Luis Bárcenas, ex tesorero del PP. Está imputada por haber ocultado en su declaración a Hacienda un millón de euros. La Fiscalía Anticorrupción quiere saber si ese dinero es dinero negro procedente de la trama en forma de pagos a su marido por parte de las empresas de Correa.