No ha habido sorpresa. El magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela considera que 'no ha lugar a resolver, por ahora, sobre la pretensión de sobreseimiento' formulada por Baltasar Garzón. En su lugar, el instructor ha decidido dar curso a las pruebas solicitadas por los querellantes, el autodenominado sindicato de funcionarios Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad, también de corte ultraderechista.

Las pruebas solicitadas para tratar de probar que Garzón cometió un delito de prevaricación por abrir la primera causa penal contra los crímenes del franquismo se dividían en tres bloques. Uno de ellos se refería al archivo de la querella presentada en 1998 por los crímenes de Paracuellos del Jarama (Madrid), en 1936. Varela solicita a la Audiencia Nacional las diligencias 70/1998 que engloban la querella presentada, las alegaciones de las partes y 'las decisiones recaídas sobre las mismas'.

La querella por los crímenes de Paracuellos estaba dirigida contra el ex dirigente comunista Santiago Carrillo. Correspondió al juez Baltasar Garzón y la archivó. En los autos sobre la memoria histórica volvió a tratar el asunto. Explicó que no respondía al plan sistemático de eliminación de opositores que convertían los asesinatos y desapariciones forzadas franquistas en crímenes contra la humanidad, delitos de persecución universal que no prescriben y a los que no afectan las leyes de amnistía. Lo ocurrido fue, además, juzgado por el régimen franquista y se resarció a las víctimas.

En el escrito en el que el juez se opuso a las pruebas solicitadas por los querellantes, al considerarlas 'innecesarias y perjudiciales' para el procedimiento, se afirmaba que invocar los crímenes de Paracuellos 'sólo puede comprenderse desde el resentimiento' y preguntaba directamente a Manos Limpias si se habría querellado contra Garzón si éste hubiese admitido a trámite la querella presentada por aquellos hechos hace diez años.

Sin mencionar Paracuellos, la defensa de Garzón, que ejerce Gonzalo Martínez Fresneda, comparaba en sus escritos los crímenes franquistas con los que también se cometieron en el otro bando en relación, por ejemplo, a los certificaciones de defunción. 'Quienes se regocijan de ver a mi mandante encausado han sacado mucho juego a la solicitud de certificado de defunción de Franco. Pero es difícil recurrir a la chanza cuando se habla de la falta de ese mismo certificado de los miles de paseados y desaparecidos. Toda la chispa se convierte en querella por prevaricación', señalaba para pedir el archivo del caso.

El otro bloque de pruebas se refería a las normas de reparto de la Audiencia Nacional. Para determinar si las denuncias por los crímenes franquistas correspondían al juez Baltasar Garzón, Varela solicita 'las diligencias de reparto' realizadas durante los tres meses anteriores a la interposición de la primera denuncia por los crímenes del franquismo, en diciembre de 2006. El magistrado también solicita las normas reguladoras del sistema y las 'notas de presentación a reparto de denuncias o querellas sometidas al mismo turno de reparto que la que dio origen a la causa'. Garzón siempre ha sostenido que la primera denuncia le correspondió por reparto y las demás se fueron acumulando a la primera.

Como la prueba acordada por Varela va más allá de las propias denuncias que originaron la causa por los crímenes de la dictadura, da la imprensión de que no se limitará a determinar si esta investigación le correspondía a Garzón, sino que revisará el propio sistema de reparto de la Audiencia Nacional, que, precisamente, se modificó a finales del pasado mes de septiembre.

La resolución de cinco páginas hecha pública este jueves, acepta también la documental aportada por los querellantes, porque 'ni genera demoras innecesarias en la tramitación ni es extraña al objeto' del proceso. En cambio, entiende prescindible la conferencia que Garzón impartió en Colombia en la que se refirió a la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Luciano Varela termina su auto diciendo que 'dada la conveniencia de tales actuaciones, a fin de completar la información sobre las circunstancias en que tuvieron lugar los hechos objeto de querella, no ha lugar al total rechazo de la solicitud de los querellantes', es decir, al archivo que pedía Garzón.

De hecho, al Tribunal Supremo siguen llegando querellas contra Garzón por haber abierto la primera causa penal contra el franquismo. Falange Española de las Jons, única organización política legal durante la dictadura, interpuso una nueva querella contra el juez el pasado 1 de septiembre. La Sala aún no la ha unido al proceso abierto.

Más causas

1- Revisar el archivo del CGPJ. El Consejo General del Poder Judicial archivó el pasado mes de julio las quejas presentadas contra el juez Baltasar Garzón por las cantidades que cobró durante su estancia en Nueva York. Ayer la Sala Tercera del Tribunal Supremo acordó tramitar el recurso presentado por los abogados Antonio Panea y Jose Luis Mazón contra dicho archivo.

2- 'Burla al supremo'. Los letrados alegaban en su recurso –presentado como un incidente de ejecución de sentencia– que el archivo acordado por el CGPJ de sus quejas sin practicar diligencias “es una burla o pantomima” de la sentencia que dictó esta misma Sala y que revocaba un archivo anterior del Consejo de otra queja contra Garzón.

3- Otra querella. Se da la circunstancia de que el pasado 15 de septiembre, el Supremo ordenó pedir a la Universidad de Nueva York información relativa a los cobros que Garzón tuvo durante su estancia en Estados Unidos. Con esos datos, decidirá si se admite a trámite o no la segunda querella presentada por estos hechos contra Garzón. La primera fue archivada por el Alto Tribunal tras estudiar los documentos remitidos por la Universidad.