Los números pesan como una losa para la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Convocó sola la segunda huelga de jueces de la historia para el pasado jueves, como réplica de aquella otra del 18 de febrero de este año. Pero chocó con la realidad. No hubo rebelión. Movilizó a 1.071 jueces de los 4.543 que ejercen a día de hoy, un 23,57%, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Si atendemos a los datos de la APM, habrían protestado 1.500 jueces, un 33%.

Los números tienen poco lustre, aunque la APM los calificó de 'éxito'. El paro del 18 de febrero registró un seguimiento mayor. Para el CGPJ, fue del 35,38%. Para los dos colectivos convocantes, la Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), un 62%. ¿Qué ha pasado en ocho meses? ¿Por qué se habla del 8-O como fracaso?

La soledad ha sido decisiva. La APM, la organización mayoritaria, avisó el 12 de junio de que iría a la huelga en octubre. Y, como le achacan las otras tres asociaciones la AJFV, el FJI y la progresista Jueces para la Democracia (JpD), 'no dialogó con nadie'. Conrado Gallardo, líder del Foro, atribuye la actitud de la APM a su intento de 'lavarse la cara' ante sus asociados por no haber secundado el paro del 18-F.

'Nosotros encauzamos el malestar que había en la carrera. A la APM le ha sobrado prepotencia. No domina la carrera judicial'. Antonio García, portavoz de la organización conservadora –con quien Público no logró contactar ayer–, defendió que la decisión de parar los juzgados estaba avalada por sus 1.200 afiliados.

El escenario cambió. Como ilustra el portavoz de la AJFV, Marcelino Sexmero, 'el 23% refleja que hay cabreo en la carrera, y también un clima distinto'. Las tres asociaciones comparten que en febrero el malestar estalló. Ayudó el caso Mari Luz se hizo a los jueces 'cabezas de turco del caos en la Justicia', aduce Gallardo y el talante incendiario del entonces ministro, Mariano Fernández Bermejo. Ahora hay un plan de modernización de la Justicia, aprobado por el Gobierno en septiembre, dotado con 600 millones de euros en tres años.

'Las barbaridades de Bermejo pasaron', razona Gallardo. 'Básicamente, no nos insulta'. Desde JpD, Miguel Ángel Gimeno alega que no se han arrancado al Ejecutivo todas las reivindicaciones, pero 'se ha avanzado mucho'. 'Las negociaciones siguen', añade, y esta huelga puede 'distorsionar' el diálogo. La APM estima que 'la Justicia no puede esperar ya' y que el plan del Gobierno no alivia las 'insuficiencias y carencias endémicas'.

La APM no arrastró a las comunidades claves, con mayor número de jueces. Ahí su militancia flojea, explican las otras asociaciones. Es el caso de Madrid (16,1% de huelguistas), Catalunya (15,7%), o Andalucía (28,9%). El seguimiento fue mayor en CCAA con menos jueces, y en situación más precaria.

El sabor para la APM es amargo. 'Una huelga fracasada –concluye Gimeno– no es una huelga. No es gran cosa'.