Los truenos caen sobre el PP tras el reciente el levantamiento de parte del sumario del caso Gürtel, pero en el Gobierno de Francisco Camps ven un sol esplendoroso y continúan negando cualquier vinculación con la trama de corrupción.

Las últimas declaraciones del grupo conservador han sido realizadas por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, quien ha expresado su indignación por los hechos desvelados asegurando que 'se tomarán medidas' contra los traidores del PP ya que, según ha explicado, estar en política quiere 'dar explicaciones y tomar decisiones'.

Barberá, está convencida de que su partido tomará medidas ante una trama formada por 'unos absolutos indeseables' con quienes (supuestamente) ella no ha tenido 'nada que ver', ni le han hecho regalo alguno y que han traicionado la 'amistad' que tenían con 'personas del PP'.

Además, la alcaldesa valenciana ha criticado que este caso haya derivado en la 'orgía de morbo y cotilleo' actual que, además, está repercutiendo negativamente sobre la imagen del PP y hace que sus votantes y militantes estén 'preocupados' por lo que se está publicando estos últimos días.

Pese a las palabras de Barberá y a las revelaciones hechas públicas esta semana que afectan de forma directa a la cúpula del PP valenciano, con ramificaciones en Madrid, Castilla La Mancha y Galicia, la portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, ha defendido que no hay 'ninguna medida que tomar' tras conocerse el sumario del caso Gürtel, porque el Ejecutivo autonómico ha actuado siempre' con 'absoluta responsabilidad, absoluta prudencia y de acuerdo con la legalidad'.

En la rueda de prensa posterior al pleno del Gobierno valenciano, Sánchez de León ha defendido que el Ejecutivo autonómico, tanto en su 'actuación previa' como 'posterior' ha estado sometido a los 'controles de legalidad', y por lo tanto 'no hay ninguna decisión que tomar a este respecto'.

'Una cosa son las interpretaciones, rumores, cotilleos, deducciones, y otra cosa es la acción de gobierno y las realidades', ha aseverado la consellera, para quien no se puede 'elevar a una categoría de verdad jurídica ni de verdad política lo que se deduce de unas simples conversaciones que no tienen traducción real en acciones'.

Como ejemplo de ello, ha indicado que en el sumario hay una conversación en la que se habla 'de un PAI que nunca se ha aprobado' o 'de unos premios que nunca se han celebrado', por lo que ha considerado que el Gobierno valenciano no puede basarse en eso para tomar sus decisiones.

'El Gobierno de la Generalitat está absolutamente tranquilo'

'Puedo asegurar que el Gobierno de la Generalitat está absolutamente tranquilo en su actuación y no tiene que tomar ninguna decisión al respecto, salvo la decisión de seguir trabajando día a día por todos los ciudadanos', ha afirmado la consellera, quien ha reivindicado el 'esfuerzo' y la 'transparencia' que han mantenido siempre en la acción de gobierno.

Preguntada sobre si se ha planteado encargar una auditoría sobre Canal 9 después de que en las conversaciones aparezca el ex director general de Radiotelevisión valenciana Pedro García, ha insistido en que no se puede basar la actuación del ejecutivo 'en interpretaciones, en corta y pega de conversaciones que no tienen más valor jurídico que lo que son'.

Así, ha explicado que un sumario 'simplemente es una acumulación de datos y de información' que sirven para hacer prueba en un proceso de instrucción, y un juez decide si en base a esa información se debe imputar o no un delito.

'Se ha entregado esa documentación solicitada'

'Fuera de esto, no hay nada más que conversaciones, insinuaciones, interpretaciones', que el Gobierno valenciano 'no puede elevar a una categoría distinta de lo que son y actuar con base a ello, ha asegurado Sánchez de León.

A la preguntada de si el Gobierno valenciano ha modificado su posición de no facilitar a la oposición en Les Corts Valencianes los contratos de la Generalitat con las empresas de la trama, ha señalado que se ha facilitado 'todo aquello que se ha pedido y que entra dentro de los límites jurídicos establecidos' sobre las solicitudes de documentación.

Para la consellera, la solicitud de documentación 'no es un derecho ilimitado ni absoluto', sino que está sometido a los límites que la legislación vigente establece, y en ese ámbito de 'responsabilidad y de legalidad' el Gobierno valenciano ha actuado siempre.

'Se ha entregado esa documentación solicitada tanto a las instancias jurisdiccionales como no jurisdiccionales', ha dicho la consellera, quien ha añadido que van a seguir actuando con la 'misma diligencia' que hasta ahora.