La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al juez Baltasar Garzón que decrete el archivo del llamado caso del chivatazo, en el que se investiga el aviso que recibió Joseba Elosua, propietario del bar Faisán de Irún, de que era objeto de vigilancia en el marco de una operación contra la financiación de ETA y de que podía ser detenido ese mismo día.

En esta causa se tomó declaración como imputados a los que en 2006 eran director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, jefe superior de Policía del País Vasco e inspector de Brigada de Información de Álava.

El fiscal Carlos Bautista concluye que sólo se ha podido acreditar la secuencia de llamadas entre ellos en el lugar y las fechas en las que se produjo el chivatazo, pero no se ha encontrado 'un enlace preciso y directo, según las reglas de la lógica y del criterio humano que, descartando otra posibilidad, conduzca de forma inexorable y sin duda a la tesis incriminatoria de los investigadores'.

Más contraindicios

La Fiscalía que dirige Javier Zaragoza cuestiona este informe y destaca los contraindicios existentes, como que en las ruedas de reconocimiento no se identificó a nadie o que a Elosúa le dieron datos que sólo podría saber 'alguien familiarizado muy de cerca con la investigación', lo que no es el caso de los mandos implicados. Estos justificaron sus llamadas con una entrevista con un confidente que se suspendió por una operación antiterrorista.

El PP pidió ayer que comparezcan el ministro de Justicia y el fiscal general del Estado en el Congreso para explicar la petición fiscal.