El 'paisaje' que ofrece la Justicia en España en la actualidad 'no es satisfactorio'. Y ello a pesar de que este año tanto Gobierno como comunidades autónomas han destinado a la Justicia el doble del presupuesto que le dedicaron en 2004. Para hacer frente a esta situación, descrita en estos términos por el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, el Consejo de Ministros aprobó este viernes el Plan Estratégico de  Modernización de laJusticia, que prevé incrementar en tres años un 19% la planta judicial, un 17 el número de jueces y un 20 el de fiscales y secretarios judiciales.

El ministro se remontó a la historia reciente española para justificar la necesidad del plan aprobado ayer y su principal característica, en la que confía su éxito: el esfuerzo colegiado. 'En 30 años de democracia no ha sido habitual una acción concertada de todos' los órganos entre los que el constituyente distribuyó las competencias en justicia: Gobierno, comunidades, Consejo General del Poder Judicial y Fiscalía General del Estado. El ministro también se refirió al centenar de reuniones mantenidas con jueces, fiscales, abogados y representantes de la sociedad civil.

Y Caamaño aportó ayer datos concretos, para que el plan no se quede solo en palabras, como le achacan las asociaciones judiciales, sobre todo la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que ha convocado unilateralmente una huelga de jueces para el próximo 8 de octubre. Preguntado sobre el paro, el ministro dijo que será la APM la que tenga que explicar sus razones a los ciudadanos, que es en los que piensa el Ministerio con este plan.

Para caminar hacia la 'fotografía de la Justicia' que quiere el Ministerio en 2012, el presupuesto de Justicia se incrementará este año un 48%. Como prometió en su día el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 600 millones de euros se destinarán a su modernización de aquí a 2012. El anuncio de Caamaño fue refrendado por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, que dijo que el plan será una de las prioridades de los 'austeros' presupuestos que prepara.
El paquete de medidas prevé que haya 910 unidades judiciales más en 2012, al crearse 200 que se suman a las 310 puestas en marcha entre 2008 y 2009. El número de jueces aumentará a un ritmo de 250 cada año -el máximo que permite la Escuela Judicial- hasta llegar a 750 nuevas plazas. El incremento de fiscales será de 450, y el de secretarios, de 800, lo que el ministro atribuyó a la implantación de la nueva oficina judicial que se prevé que esté en marcha a principios de 2010.

El plan establece una nueva figura judicial: los jueces de adscripción territorial, que permitirán a los Tribunales Superiores de Justicia cubrir con agilidad las vacantes que se produzcan en sus territorios por periodos de entre uno y tres meses.

El grueso del plan se dirige a lo que en sentido estricto se entiende como modernización. El objetivo es que dentro de tres años todas las salas de vistas dispongan de sistemas de grabación y de expedientes digitalizados, con los que se pueda llegar a la meta de 'papel cero'. El sistema Lexnet que hace posible notificar a través del ordenador comenzó a probarse en la Audiencia Nacional con el juicio del 11-M.

Para lograr la coordinación de todos los sistemas informáticos en los que trabajan los jueces y funcionarios de toda España se pondrá en marcha 'un gran interconectador', con el que todos los juzgados trabajarán en red y en tiempo real. Con el nuevo programa se intenta evitar otro caso Mari Luz, donde su presunto asesino comparecía en un juzgado, que Ignoraba que era buscado por otro.

El plan también aborda la transformación del Registro Civil. Los datos desde 1950 de los 7.500 existentes en España se están ya informatizando. La idea es que la Administración pueda acceder por sí misma al registro y no tenga que exigir al ciudadano que presente un documento que ya tiene en sus archivos. Además, se extenderán al 100% del territorio nacional oficinas de asistencia a las víctimas.

La supresión de trámites y recursos, la nueva Ley de Mediación y Arbitraje y la reforma del proceso penal -jurisdicción que concentra el 70% de los asuntos judiciales- reducirá la litigiosidad. Caamaño confía en que el tiempo de respuesta judicial se reduzca una media del 30 %.

El PP reaccionó ayer por la tarde al anuncio del Consejo de Ministros. En su opinión, hacen falta 200 millones más.