La Junta de Castilla y León ha acordado presentar un recurso ante la Audiencia Nacional para impugnar ante los Tribunales la Orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 3 de julio por la que se acuerda como fecha de cese definitivo de la explotación de la Central Nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) el día 6 de julio de 2013. El plazo para presentar el recurso finaliza el próximo 6 de octubre.

La Junta basará el recurso en el grave perjuicio que, para los intereses de la Comunidad y, en especial, para la comarca del Ebro burgalés, se derivan de la decisión gubernamental, fundamentalmente desde un punto de vista económico, según informó hoy la Junta de Castilla y León en una nota.

Del mismo modo, el Gobierno regional cree que 'estamos ante un cierre arbitrario, injustificado e injustificable, de una actividad empresarial rentable en términos económicos, segura (como dictaminó el Consejo de Seguridad Nuclear), y que da ocupación a más de mil trabajadores en la comarca'.

Por otra parte, la Junta de Castilla y León se consideró menospeciada por parte del Gobierno de la Nación en este proceso, más cuando la normativa prevé la participación inexcusable de las comunidades afectadas en este tipo de decisiones.

La Junta entiende el proceso se tramitó 'sin contar con las administraciones interesadas'

La Junta entiende que el Gobierno central tramitó el proceso 'con graves defectos, sin contar con las administraciones interesadas, como la comunidad o el ayuntamiento del que depende la central'.

Asimismo, afirman que 'ni siquiera se realizó un trámite de audiencia a ninguno de ellos con posterioridad al informe del Consejo de Seguridad Nuclear. Tales deficiencias serán otro de los argumentos de los letrados de la Administración Autonómica en el proceso que ahora inicia'.

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, trasladó al presidente Rodríguez Zapatero, a través de una carta fechada el pasado 11 de junio, 'la enorme trascendencia no sólo en los intereses energéticos de España, sino también para el mantenimiento de más de 1.000 puestos de trabajo'. Herrera también insistía en que el cierre de Garoña afecta 'a más de 1.000 familias y a toda una comarca, cuyo futuro debes tener muy presente'.

En las últimas semanas, los servicios jurídicos de la Junta valoraron solicitar una medida cautelar que ponga freno al cierre de la central, aunque por el momento esta opción se ha descartado, ya que parece previsible que la Audiencia Nacional pueda dictar sentencia antes de la fecha fijada para el cierre. En todo caso, dicha sentencia será susceptible de recurso ante el Tribunal Supremo.

El recurso que presentará la Junta de Castilla y León no es el único, ya que las empresas Iberdrola y Endesa ya han expresado su intención de acudir a los tribunales, según informan desde la Junta.