Tal y como estaba previsto, Jaume d'Urgell, el ciudadano que sustituyó en mayo de 2006 la bandera monárquica por la republicana en unos juzgados de Madrid,se ha negado a pagar los 1.260 euros de multa  (el equivalente a seis euros diarios durante siete meses) impuestos por el juez por un delito de ultraje a la bandera española.

Su negativa le puede llevar a pasar 105 días de cárcel. Una pena que D'Urgell está dispuesto a cumplir 'si a cambio se pueden conseguir 15 minutos de reflexión pública'. 

D'Urgell cree que merecerá la pena 'si a cambio se pueden conseguir 15 minutos de reflexión pública'

'Se han dado por enterados, han tomado nota de que no voy a pagar', ha explicado a la salida de los juzgados, a los que ha acudido acompañado de su marido, quien ha reconocido estar 'preocupado' por el posible ingreso en prisión de su pareja. Aun así le da todo su apoyo: 'Aunque nos sobrase el dinero Jaume no iba a pagar la multa', ha señalado.

También han arropado esta mañana al joven el presidente de la Asociación Paz Ahora, Julio Rodríguez, y el miembro de la Unidad Cívica para la República José María Coronas, que han coincidido en que el procesamiento D'Urgell es un 'ataque a la libertad de expresión'.

El órgano judicial competente podría proceder al embargo de sus cuentas y/o bienes, así como condenarle a trabajos en beneficio de la comunidad o bien ir a prisión 'por espacio de un día por cada dos cuotas diarias de multa de impagadas', es decir, por un periodo de tres meses y medio.

La comparecencia de D'Urgell no ha estado exenta de polémica. Según ha denunciado el republicano en su blog, un portavoz del servicio de prensa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid ha declarado a los medios de comunicación que: 'el condenado no dispone de recursos económicos para proceder al pago de la multa'. En esa información 'se ha omitido deliberadamente la primera parte de mi declaración (de cuya literalidad existe prueba documental certificada), en la que yo manifesté que: 'El condenado no tiene intención de pagar la multa'', desvela.

'Esta mañana, en mi comparecencia ante la secretaria judicial ME HE NEGADO explícitamente a pagar la multa, alegando que ello sería contrario a mis convicciones políticas', prosigue para rematar que 'la secretaria judicial ha tomado nota de mi declaración y ha anunciado que el Juzgado aplaza su decisión para los próximos días (probablemente, cuando remita la presión mediática)'.

D'Urgell se mantiene firme en su posición: 'por el hecho de restituir la bandera republicana en el lugar de la monárquica, no tengo conciencia de haber cometido el delito de ultrajar a mi país, por lo que declaro mi intención de negarme a satisfacer voluntariamente cualquier tipo de pena'.

Y una advertencia final: 'Si la Justicia decide ejecutar su condena, deberá hacerlo mediante el uso de la Fuerza Pública'.

Los actos por los que D'Urgell está procesado tuvieron lugar el 14 de mayo de 2006, durante una manifestación para reivinicar el derecho a una vivienda digna y un empleo de calidad.

D'Urgell escaló la fachada que aloja los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en la Gran Vía y sustituyó la bandera constitucional por la republicana.

La Fiscalía pidió un año de cárcel por un delito de desórdenes públicos, del que finalmente fue absuelto en la sentencia dictada el 25 de enero de 2008, ya que el magistrado del Juzgado de lo Penal número 5 de Madrid consideró que se trató de un 'acto de desobediencia pacífica'.

Sin embargo, D'Urgell sí fue condenado por un delito de injurias a España a pagar la multa de 1.260 euros, que no abonará por 'incomatibilidad moral con sus convicciones'.