Ante la negativa, más batalla. Lejos de silenciar la polémica, el rechazo del presidente del Congreso, José Bono, a permitir el uso simbólico de las lenguas cooficiales en el Congreso ha provocado un cierre de filas entre los nacionalistas. Ninguno de los ocho partidos (CiU, PNV, ERC, ICV, IU, BNG, Coalición Canaria y NaBai) que envió en julio una carta a Bono reclamando flexibilidad, da por perdida la guerra.

Al contrario, todos ellos abogan por relanzar sus reivindicaciones lingüísticas durante el nuevo curso político. Y para ello toman la palabra al presidente del Congreso. En su negativa a aplicar el criterio de su antecesor, Manuel Marín (ver recuadro), José Bono se escudaba en que para ello es imprescindible una reforma de Reglamento. Bono sostiene que el criterio de Marín sólo estuvo vigente un mes por los problemas que generó.

El republicano Joan Ridao, promotor de la primera misiva, recoge el guante. Con un Gobierno carente de aliados estables, el portavoz de ERC confía en aglutinar la fuerza necesaria para impulsar la reforma. 'La alternativa es que los mismos ocho grupos que firmaron la carta auspicien un acuerdo', explica.

Varios grupos creen que la decisión no es de Bono, sino de todos los socialistas

En efecto, todos ellos suman 26 diputados, una fuerza capaz de poner contra las cuerdas al PSOE. Con el PP enrocado en su papel opositor, a los socialistas no les queda más remedio que buscar en esos partidos los siete diputados que le faltan para la mayoría absoluta. Joan Herrera, de ICV, explica que es el 'polo de la izquierda plurinacional' (el mismo en el que previsiblemente se apoye el Gobierno para aprobar los Presupuestos) quien puede empujar a los socialistas en materia lingüística.

También Gaspar Llamazares cree que los grupos minoritarios atraviesan un 'momento propicio', en el que su 'presión' puede ayudar a mover a PP y PSOE. Ese es precisamente uno de los grandes escollos. Los grupos coinciden en que cualquier reforma del Reglamento debe hacerse con la unanimidad de la Cámara, el PP incluido. La pasada legislatura, un texto que reflejaba un claro avance en el uso de distintas lenguas logró un fugaz consenso, hasta que la cercanía de las elecciones hizo dar marcha atrás a los conservadores. 'Entonces ya era urgente aprobarlo', recalca Uxue Barkos, diputada de NaBai.

La legislatura pasada hubo un fugaz consenso sobre el uso de las lenguas

'Pero incluso aunque no exista dicho consenso, debemos al menos intentar que se exprese esa voluntad política', sostiene Francisco Jorquera, portavoz del BNG. Otros, como el diputado de CiU Jordi Xuclà, proponen nuevas vías que puedan evitar una oposición frontal del PP a regular el uso de las lenguas cooficiales. Si el PSOE tuviera la voluntad necesaria, asegura Xuclà, sería posible articular un cambio parcial mediante una decisión de la Mesa o de la Presidencia.

Es dicha voluntad la que no está clara. Varios grupos eximen a Bono de responsabilidad y cargan contra el conjunto de los socialistas. 'Si su postura se opusiera a lo que piensa La Moncloa esto no habría sucedido', lamenta Xuclà.

PNV, ERC o BNG no comparten su indulgencia. Los tres criticaron con dureza el 'dogmatismo ideológico' de Bono y la 'limitada visión de España' que esconde en su decisión. A Joan Ridao, concretamente, le duele que se 'esconda detrás de aspectos técnicos' una decisión claramente política. Para el portavoz republicano, la decisión supone una 'victoria del nacionalismo español más excluyente', el mismo que niega a 10 millones de españoles el uso de su lengua.

De lo que no cabe duda es de que los nacionalistas seguirán reivindicando bien alto el uso de sus lenguas. Aunque, por el momento, lo tengan que hacer en castellano.