La central de medios Starcom figura en la lista negra de empresas que tras las autonómicas madrileñas de mayo de 2003 no comunicaron a la Cámara de Cuentas su relación comercial con el PP durante la campaña electoral. El informe del organismo fiscalizador sobre los gastos electorales de esa convocatoria cifra en 626.254 euros el importe de lo facturado al PP por Starcom Worldwide Media Estrategia SL, denominación social que la firma cambió en 2006 por la de Starcom Mediavest Group Iberia SL.

De las seis sociedades que eludieron el mandato legal de notificar su facturación al PP dentro de los cuatro meses siguientes a la celebración de los comicios, Starcom arroja la mayor cifra de negocio. En total, el volumen facturado que esas seis empresas dejaron sin declarar a la Cámara asciende a 810.733 euros.

Seis proveedores del PP infringieron la ley: no notificaron su facturación

La relación de infractores incluye también Rialgreen SL, una de las terminales del entramado corrupto que presuntamente dirigía Francisco Correa y que, según el dictamen de la Cámara de Cuentas, hizo trabajos para el PP madrileño por importe de 48.081 euros durante la campaña de mayo de 2003. Oficialmente, y aunque luego modificó su objeto social para adentrarse en el mercado inmobiliario, Rialgreen se dedicaba en esa época a la prestación de servicios publicitarios y al asesoramiento en marketing e imagen.

Pablo Crespo Sabarís, ex secretario de organización del PP gallego y uno de los tres imputados en la operación Gürtel que permanecen en prisión, consta como administrador único de Rialgreen SL. Su nombramiento quedó inscrito en el Registro Mercantil el 3 de marzo de 2003, cuando la maquinaria electoral para los comicios de mayo funcionaba ya a pleno rendimiento.

Rialgreen, una de las terminales de la red Gürtel, también figura en la lista

La auditoría sobre la cita electoral de mayo es la única que consigna a Starcom entre las empresas que vulneraron el artículo 133.5 de la Ley Electoral (Loreg), que obliga a hacer partícipes a los tribunales de cuentas de la facturación cargada en campaña a un partido siempre que supere los 6.000 euros. En el informe sobre los gastos electorales de las segundas elecciones autonómicas de 2003, forzadas por el inesperado golpe al PSOE de los tránsfugas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, desaparece Starcom. Y, también, Rialgreen. No ha trascendido si alguna de ellas, o ambas, trabajó para el PP en su segundo, y esta vez exitoso, intento por aupar a Aguirre a la Presidencia de Madrid.

Pero el informe de la Cámara madrileña no es el único que consigna a la central de medios Starcom por su incumplimiento de la ley. Tanto el informe de la Sindicatura de Cuentas valenciana relativa a las autonómicas de mayo de 2003 como el emitido tras las celebradas el mismo mes de 2007 señalan a Starcom entre las empresas que incumplieron el mandato legal de transparencia. En la primera convocatoria de las dos citadas, la agencia facturó al PP 403.880 euros; en la segunda, 275.148.

Una cuarta auditoría, la emitida por la Audiencia de Cuentas de Canarias tras las autonómicas de 2007, encuadra igualmente a Starcom en el listado de compañías que no remitieron datos sobre las operaciones realizadas con el PP durante la campaña. En este caso, no hay datos sobre el monto de la facturación.