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Los asociaciones de jueces conservadoras protagonizaron ayer un episodio insólito. Por un lado tacharon de 'impresentable' e 'irresponsable' la propuesta del vicepresidente de la Generalitat catalana, Josep Lluís Carod-Rovira, de manifestarse a favor de la integridad del Estatut antes de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso presentado por el PP. Pero por otro lado acusaron al Alto Tribunal de no ser 'diligente' por la tardanza en la elaboración de la sentencia después de casi tres años de deliberaciones.
El más contundente fue el portavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, Antonio García, que consideró que el retraso es 'insoportable' y que 'hace muchos meses que pasó el tiempo razonable'. Sobre la idea de que se haga una manifestación en Catalunya a favor del Estatut antes de que se conozca el fallo afirmó que se trata de una 'irresponsabilidad institucional insuperable'. Añadió que 'no se puede permitir que intente influir de una manera tan grosera en una decisión del tribunal'.
En la misma línea se expresó el portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, que calificó de 'impresentables' las declaraciones de Carod porque 'no es aceptable ningún tipo de presión contra un órgano de justicia'. Lo que no queda claro es si las críticas de la APM ayer, o las de Federico Trillo el pasado 17 de julio cuando dijo que el retraso estaba 'fuera de todo parámetro de normalidad', se pueden considerar también una forma de presión a la tarea del tribunal.
El protagonista de la polémica quiso rebajar ayer el peso de sus palabras al aclarar que se trataba solo de una 'opinión personal' y no la posición del Govern. Con todo, Carod defendió el derecho 'democrático, irrenunciable, básico y legítimo' a la manifestación, y añadió que en este caso 'siempre será mejor la prevención que la queja'.
El vicepresidente catalán recibió ayer el apoyo total de su partido. El presidente de Esquerra, Joan Puigcercós, le echó un capote y denunció la 'hipocresía' de PP y PSOE en esta cuestión ya que ellos no dudan en presionar al Tribunal Constitucional cuando les interesa, 'además los nombran ellos', remachó.
De hecho el PP ha apoyado actos organizados por la iglesia en favor de la familia tradicional y en contra de los matrimonios gays (el último en enero de 2008) cuando aún está pendiente la resolución del recurso que presentó contra de la Ley que permite la unión de personas del mismo sexo. Eso sí, en aquella ocasión ningún juez lo consideró un intento de presionar al tribunal.
El vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, se sumó ayer al alúd de críticas contra Carod-Rovira y calificó de 'intolerable' que 'algún partido político' pretenda 'montar una manifestación' para condicionar al Tribunal Constitucional en su sentencia sobre el Estatut de Catalunya.
'Es una forma de presión hacia un tribunal que es la cúpula de nuestro sistema constitucional', afirmó en declaraciones a RNE.
El ministro afirmó que el Gobierno respetará la decisión del Tribunal Constitucional, aunque no por ello evitó expresar su deseo de que el fallo 'declare la constitucionalidad del Estatut'.
Manuel Chaves recordó que el Estatut fue aprobado por el Parlament de Catalunya y por las Cortes Generales, antes de ser refrendado por los ciudadanos catalanes en las urnas. Además, subrayó que existen otros Estatutos de autonomía con 'normas similares' a las del Estatut catalán. Por ello el vicepresidente tercero recalcó que 'va a ser una sentencia trascendental' porque 'va a establecer de qué manera se pueden interpretar los estatutos de autonomía en su relación con la propia Constitución española'.
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