Los tres ex guardias civiles imputados en el caso del presunto espionaje a personalidades del Gobierno regional madrileño han negado hoy durante su declaración en el Juzgado de Instrucción Número 5 de la Plaza Castilla haber realizado seguimientos que afectaran a la intimidad de estas personalidades.

Enrique Molina, abogado de José Luis Caro Vinagre, José Oreja Sánchez y Antonio Coronado Martínez, indicó que sus defendidos declararon que 'nunca se han hecho seguimientos o vigilancia con la finalidad de vigilar las costumbres íntimas de estas personalidades' sino sólo controles habituales de seguridad y de los edificios.

Tras declarar ante la juez Carmen Valcarce por espacio de dos horas y media, los tres ex guardias civiles han quedado en libertad sin medidas y sin fianzas, agregó el abogado, quien anunció que en 'septiembre u octubre' comparecerá el director del Area de Seguridad de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, Sergio Gamón, jefe directo de los tres imputados.

También en otoño estará terminado el informe pericial caligráfico que determinará si los imputados son los autores de los partes aparecidos en la prensa, indicó.

En las últimas horas se ha personado en la causa el PP como acusación popular, explicó el letrado Juan Ramón Montero en declaraciones a la prensa en los pasillos de los juzgados, después de que el PSOE ya se hubiera personado hace meses.

Los letrados del PP, del PSOE (Wilfredo Jurado), del ex consejero de Justicia Alfredo Prada (José Aníbal Álvarez) y los del Ayuntamiento de Madrid no pidieron ninguna comparecencia más ni más pruebas, reveló Molina.

Ante la juez, los tres imputados reconocieron haber realizado labores de seguimiento a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre; al vicepresidente, Ignacio González, y a 'determinados consejeros', y, según su abogado, 'desmontaron el informe policial' por el que fueron imputados, que 'tenía muchas lagunas'.

Los tres ex guardias civiles 'no reconocen la autoría de los partes publicados en prensa', que, por otro lado, según explicó Molina, 'están hechos a la inversa de lo que sería un informe policial', ya que parten de una conclusión: 'quieren situar a una persona en un sitio'.

Molina explicó que 'las personas que se dice que son objeto de seguimiento en dichos partes no estaban en ese lugar ni en las fechas indicadas, sino que se encontraban incluso fuera de España'.

Esto indica que los partes 'contienen falsedades y no se corresponde con la realidad de los hechos' y, por otra parte, que los posicionamientos de teléfonos -mediante los cuales se hizo el presunto espionaje- obedecen solamente a funciones de seguridad, según este letrado.

También subrayaron que el acceso de los tres al puesto de trabajo que desempeñaron como asesores de seguridad no fue por vía 'digital del consejero', sino que se debió a su curriculum y a sus años de servicio en la Guardia Civil.

La magistrada imputó por malversación de fondos a los tres guardias civiles tras haber recibido un informe sobre gestiones de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal en relación a la investigación sobre el supuesto espionaje que denunció el diputado regional del PP y ex consejero de Justicia Alfredo Prada.