El portavoz socialista en la Comisión de Interior del Congreso, Antonio Hernando, calificó de 'burda estrategia para eludir responsabilidades' la decisión del PP de acusar al Ministerio de Interior de estar 'inmerso en vulneración de derechos' por las últimas filtraciones del Caso Gürtel, y exigió al principal partido de la oposición 'que deje de atacar al Estado de Derecho' y de 'buscar fantasma' y 'asuma sus responsabilidades'.

'Primero acusaron al juez Garzón, después a los Policías, después al Ministerio Fiscal y ahora a Interior. Sin embargo, el problema es que ninguna de estas instituciones es responsable del comportamiento del tesorero del PP, de su diputado ni de alcaldes como Rita Barberá: sólo ellos son responsables de ésto y ya está bien de acusar a instituciones que no tienen relación ni con el señor bigotes ni con el señor Correa', señaló Hernando en declaraciones a Europa Press.

El Partido Popular emitió ayer por la tarde un duro comunicado en relación con las últimas informaciones publicadas sobre conversaciones de la trama Gürtel, en especial las referidas a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, exigiendo la inmediata comparecencia de los ministros de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y Justicia, Francisco Caamaño.

En el comunicado, los populares acusan al Ministerio del Interior de estar 'inmerso en casos tan flagrantes de vulneración de los derechos fundamentales y de abuso perverso y abusivo de los instrumentos con los que cuenta un Estado Derecho'.

'La actitud del Gobierno de la Nación, y de otras instituciones del Estado como la Fiscalía General, de connivencia y aprovechamiento político de estas conductas, nos devuelven a épocas pasadas con métodos propios de un Estado policial', denunciaron.

Por estos hechos, el principal partido de la oposición exige 'la comparencia conjunta y urgente' de los ministros de Interior y de Justicia 'para que den cuenta de las filtraciones de actuaciones de la Brigada de Policía Judicial, en particular de las intervenciones telefónicas, así como de las responsabilidades derivadas por el quebrantamiento del deber de custodia y secreto que dichas filtraciones supone'.