El conocido como caso Isadora uno de los detonantes para que el Gobierno elaborase una nueva Ley del Aborto vuelve al principio tras más de dos años y medio de investigación: la Audiencia Provincial de Madrid obliga al juez José Sierra, instructor en el juzgado 47 de la causa contra la clínica madrileña por supuestas irregularidades en la gestión de residuos, a remitir su investigación al Juzgado de Instrucción número 6. Este tribunal ya rechazó en 2007 iniciar la investigación por carecer de fundamento.

En un auto conocido ayer, la sección cuarta acusa a la Guardia Civil que se personó en los domicilios de las mujeres que habían abortado en la clínica de no respetar las resoluciones judiciales. Según se detalla en el escrito, el 16 de febrero de 2007 el sargento jefe de Sección de patrullas del Seprona (el Servicio de Protección de la Naturaleza de Instituto armado) solicitó al juzgado de Instrucción número 6 de Madrid una orden para estudiar unos restos, intervenidos en Isadora, 'por si pudieran tratarse de abortos ilegales'. El juzgado denegó la autorización porque la petición 'carecía de fundamento'.

'Ante la negativa del Juzgado de Instrucción de acceder a la solicitud policial, los agentes del Seprona continuaron actuando por su propia iniciativa (...), silenciando que existía un precedente anterior, y consiguiendo de esta forma que su examen recayese en nuevo juez, que esta vez sí autorizó el estudio de los restos', se concreta en el auto.

Para la Audiencia Provincial, la actuación de la Guardia Civil está 'encaminada a menoscabar la competencia del Juzgado de Instrucción número 6 (...), cuya decisión no fue respetada ni acatada'. Como este juzgado fue el primero en conocer el caso, la investigación volverá a él. Así, el auto estima el recurso de apelación presentado por una de las doctoras de la clínica a través de su abogado Rafael Burgos -fallecido el pasado 5 de abril-. Al recurso se sumaron dos médicos más, la propia clínica y la Fiscalía.

El ministerio público también se sumó al recurso presentado contra el auto del juez Sierra, que permitió la personación como acusación particular del partido ultraderechista Alternativa Española. Ahora, la Audiencia Provincial, en un segundo auto, rechaza la personación y en un auto fechado el pasado 29 de junio critica al titular del juzgado 47 por no preservar la intimidad de las mujeres que abortaron en Isadora.

'Sin ser sospechosas de haber cometido delito alguno, [las mujeres] han visto cómo datos relevantes de su vida íntima han quedado expuestos al conocimiento ajeno', se detalla en el escrito. Y continúa: 'El juez de instrucción debía haber ponderado los intereses en juego, por un lado la protección del derecho a la intimidad (...); por otro, el interés en el ejercicio de la acción penal de un partido político, sin representación parlamentaria'.

Empar Pineda, portavoz de Isadora, señaló ayer que la decisión judicial 'coloca en su lugar a los que criticaron la profesionalidad de la clínica', y confía en que no se repitan más casos como este. Las acusaciones contra Isadora y las clínicas de Carlos Morín, en Barcelona, fueron usadas en 2008 por los grupos provida para iniciar una campaña contra el aborto.