El Tribunal Supremo no ha dejado que pase de simbólica la iniciativa de los colectivos de la Memoria Histórica para apoyar al juez Baltasar Garzón en la querella presentada por el autodenominado sindicato de funcionarios Manos Limpias.

Ya ha comenzado a dictar providencias en las que, con un mero párrafo, despacha el más de un centenar de autoinculpaciones recibidas desde el pasado día 3 en el delito de prevaricación que se imputa al magistrado de la Audiencia Nacional.

La providencia rechaza 'las peticiones autoinculpatorias', en calidad de inductores o cooperadores necesarios de la prevaricación esgrimida en la querella, porque 'no se sustentan en relación material o sustantiva alguna' de las personas que las formulan con las decisiones adoptadas por Garzón en la instrucción de la primera causa penal abierta por los crímenes del franquismo.

Varios colectivos de víctimas de la dictadura y familiares de desaparecidos en dicho periodo alegaban haber contribuido a que Garzón se declarara competente para investigar lo sucedido, al haber formulado las denuncias que dieron origen al sumario o haber precisado el lugar donde se encuentran fosas de desaparecidos de la Guerra Civil y el franquismo.

Al autoinculparse, las asociaciones de la Memoria Histórica solicitaban personarse en el procedimiento abierto en el Tribunal Supremo contra Garzón para poder recusar a los magistrados que componen la Sala de lo Penal que admitió a trámite la querella de Manos Limpias, con el ponente de la resolución, Adolfo Prego, a la cabeza.

El Supremo entiende que los colectivos 'carecen de legitimación' para personarse en el procedimiento y les dice que deben 'abstenerse de perturbar la jurisdicción del Tribunal Supremo con peticiones infundadas y manifiesto abuso del derecho'. Fuentes jurídicas criticaron esta forma de expresarse del Alto Tribunal, en la creencia de que ha olvidado que se trataba de víctimas.

Los colectivos de víctimas aseguraban que los jueces del Supremo habían entrado a estudiar el fondo del asunto al rechazar una querella presentada contra los de la Audiencia Nacional por la nieta del último presidente del Gobierno de la República, Juan Negrín.

Añadían que en cualquier caso tendrán que hacerlo, al haber jueces, como la de Granada a la que correspondió la fosa donde se presume que está enterrado el poeta García Lorca, que han devuelto el caso a Garzón. Este magistrado tendrá que elevar una cuestión de competencia al Alto Tribunal.

En el caso de Prego, destacaban el manifiesto que firmó contra la Ley de Memoria Histórica en el que se acusaba a la norma de pretender 'que la sociedad venere como mártires de la libertad a muchos de los peores criminales que ensombrecen nuestra historia'.