El objetivo del caso judicial contra los crímenes del franquismo abierto en octubre de 2008 por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, cristaliza hoy.

Ni venganzas, ni revanchas, ni revisión histórica. Los familiares de los fusilados acudirán de la mano de una jueza a conocer la verdad y a llorar a sus muertos hasta ahora desaparecidos. La fosa de Santa Marta de Tera (Zamora) es la primera cuneta que se abrirá a raíz del proceso contra los generales golpistas de 1936 abierto desde la Audiencia Nacional.

Si la información obtenida por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica es correcta, en el lugar se encontrarán dos grupos de represaliados con ocho personas enterradas en total.

Uno de los grupos procedía de la localidad leonesa de Destriana. Sus miembros fueron asesinados el 22 de agosto de 1936. Eran albañiles y labradores. Destacados miembros de la Sociedad de Trabajadores de la Tierra.

Como la mayoría de las víctimas de Castilla y León, donde no hubo confrontación armada, murieron al calor de los primeros momentos del Golpe de 1936.

El otro grupo de víctimas era de Benavente (Zamora). Los testimonios orales de sus descendientes indican que fueron cuatro las personas detenidas en agosto de 1936 y llevadas a la cárcel de Puebla de Sanabria.

Los falangistas, sin juicio previo ni advertencia a los familiares, decidieron el 22 de octubre sacarlos de la cárcel. Los subieron a un camión y recorrieron 57 kilómetros hasta Santa Marta de Tera, donde encontraron la muerte de un disparo.

Desde entonces, permanecen bajo tierra. Desaparecidos. Los sobrinos, hijos, nietos y hermanos de los ocho asesinados fueron los primeros en acudir a un juez a declarar su drama familiar, a raíz de la causa abierta por Garzón.

De las 61 fosas que mencionó el magistrado en su auto de inhibición, sólo la de Santa Marta de Tera ha encontrado fecha de apertura. Otros dos jueces, de Palencia y Jaén, han continuado con la labor de Garzón.