El nivel de detalle de las pruebas periciales presentadas ayer en el juicio que enfrenta a Pablo Soto con la industria musical provocó que el juez que instruye el caso, Miguel María Rodríguez San Vicente, se viera obligado a prolongar un día más el proceso, que se cerrará mañana con las alegaciones finales de ambas partes. 'Mi capacidad de juicio tiene un límite; desconocía las dimensiones de este proceso', dijo el magistrado, desbordado por la duración de las intervenciones.

La jornada de ayer se inició con la intervención de un detective privado con el que Promusicae (Asociación de Productores de Música de España) y las discográficas Warner, Universal, Emi y Sony Music intentaron argumentar el ánimo de lucro de los programas objeto de la demanda: Blubster, Piolet y Manolito. El detective explicó cómo varios compañeros acudieron a las oficinas del demandado y, con la excusa de contratar publicidad, descubrieron que Soto 'aceptaba publicidad en sus programas desde 10.000 dólares al mes'.

Soto, que no ha intervenido en el proceso, nunca ha negado que obtenga un beneficio económico de la comercialización de los programas que desarrolla. 'Obtengo ingresos de la venta de publicidad y de los programas que comercializo, pero eso no implica que sea responsable de su uso', explica a Público.

El testimonio del representante de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Miguel Pérez Solís, se enfrentó con la del presidente de la Fundación Copyleft, Aniceto López. El motivo de la discusión fue si los artistas que editan sus obras sin una discográfica que les respalde son representativos del mundo de la música. Pérez recordó que España se encuentra en la lista 301, 'lo que le otorga un liderazgo europeo en descargas ilegales'. En el turno de los abogados de Soto, David Bravo preguntó a Pérez si conocía un informe de la IFPI en el que se detallaba 'la incapacidad de la industria musical local de crear una plataforma de pago', algo que el testigo negó. 

Mientras Pérez argumenta que 'los músicos copyleft son una parte mínima', López sostiene que una de las mayores web de música copyleft, Jamendo.com, recibe unas 6,5 millones de visitas mensuales. 'Como autor musical, tengo interés en que herramientas como las de Soto continúen activas para seguir distribuyendo mi música', explicó. La visión personal sobre el demandado la aportó Ignacio Escolar, columnista de Público. Como organizador de un evento alternativo a la música con copyright en 2005, Escolar destacó que decidieron invitar a Soto porque 'su software ha ofrecido alternativas a los músicos que no pertenecen a grandes discográficas'.

La intervención decisiva para las teorías de los demandantes corrió a cargo de María Jesús Yagüe, catedrática de la UAM, que comenzó su intervención rechazando los informes periciales aportados por la defensa argumentando poca rigurosidad. Según su informe pericial, los derechos de más del 90% de las obras que circulan por la red de Soto pertenecen a los demandantes.

El catedrático de estadística Emilio Carrizosa y la defensa pusieron en duda tanto el marco diseñado por Yagüe para el estudio como la extrapolación que se argumenta en el mismo. 'El informe que sustenta la acusación carece de rigor', detalló uno de los abogados de Soto, Javier de la Cueva. De hecho, el juez emplazó a la catedrática a enmendar unas cifras erróneas (que sirven de argumento de la indemnización requerida al demandado) que se detallan en la prueba pericial. Tendrá cuatro días para ello.

Por otro lado, en su prueba pericial Yagüe utilizó un diccionario básico inglés-español para comprobar qué canciones se encuentran en la red de Soto. 'Si la perito hubiera utilizado un diccionario, por ejemplo, brasileño-español, el resultado sería muy distinto. La muestra escogida y la forma de tratar los resultados está dirigida para que se correspondan con los clientes de las discográficas demandantes', añadió de la Cueva.

Esta prueba pericial es decisiva para los demandantes ya que, a partir de ella, han establecido la indemnización de más de 13 millones. Yagüe especificó que, en su informe, una descarga de programa equivale a la instalación del mismo. A la pregunta '¿Le consta que muchos programas que se descargan no llegan a instalarse?', realizada por el abogado defensor José Ignacio Aguilar, Yagüe contestó: 'No, no me consta. En el informe una descarga equivale a una instalación'.

550.000 usuarios
El número de personas activas en la red Jamendo.com, que utiliza sistemas P2P para promocionar obras ‘copyleft’, es de millón de usuarios. Los demandantes defienden que los estos artistas son una minoría.

1.152 palabras
Una perito de la acusación ha usado más de 1.000 palabras para concluir que el 90% de las obras que circulan por la red de Soto tienen‘copyright’. La defensa mantiene que son “dirigidas” para obtener el resultado.