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El rodillo parlamentario sarkozysta consiguió imponerse ayer en la Asamblea Nacional y aprobó por fuerte mayoría, en segunda lectura, la polémica ley antidescargas P2P propiciada por el presidente y por su esposa, la cantante Carla Bruni.
Con la aprobación por 296 votos a favor y 233 en contra -la izquierda, los verdes y algún centrista-- se abre un nuevo y tortuoso episodio del ya larguísimo culebrón parlamentario del proyecto de ley Creación e Internet, iniciado el 18 de junio de 2008 con su aprobación en Consejo de Ministros.
El texto había efectuado un primer vaivén entre la Asamblea y el Senado, que concluyó con su rechazo por la cámara baja el 9 de abril pasado. Ahora, con un Nicolas Sarkozy que ha puesto toda la carne en el asador, el nuevo voto en la cámara baja -esta vez favorable-- obliga al proyecto de ley a regresar al Senado, a partir de hoy mismo. Si hubiera modificaciones, debería ser sometido a una nueva votación en la Asamblea.
No es ése el último obstáculo al que va a tener que enfrentarse la ley antidescargas, que instaura un régimen de sanciones de desconexión a los internautas que compartan música y películas gratuitamente, decididas por una autoridad administrativa extrajudicial bautizada 'Hadopi'.
La semana pasada, el Parlamento Europeo aprobó la llamada 'Enmienda Bono', estipulando que, en suelo de la UE, 'ninguna restricción podrá ser impuesta a los derechos y libertades fundamentales de los utilizadores finales (de una conexión internet) sin decisión previa de las autoridades judiciales'.
Como la Hadopi no es juez ni tribunal con garantías procesales, y como las sanciones previstas por el texto francés se aplicarían a la conexión internet -sin miramientos hacia quien pudo ser el autor de una descarga--, la ley que con tanto empeño los sarkozistas quieren imponer es incompatible con la legislación europea, de facto y desde ya.
Por si fuera poco, la izquierda plantea recurrir contra la futura ley por lo inconstitucional de las sanciones previstas. Y, por último, también una asociación de consumidores, UFC, afirma tener lista una batería de querellas para demostrar la peligrosidad de la Hadopi.
Tras la bofetada de la votación negativa del 9 de abril, debida a la ausencia de muchos diputados del partido sarkozysta que preferían no pringarse en un proyecto impopular, el presidente ha apretado las clavijas a sus parlamentarios.
El encargado de hacerlo fue Jean-François Copé, el presidente de los diputados sarkozystas. En una carta enviada a los recalcitrantes, dijo que 'lo que está en juego ya no es el contenido del texto', sino la unidad de la mayoría. Esa invitación a un prietas las filas desprovisto de fondo constituye una auténtica confesión sobre las incoherencias del texto.
El diputado socialista Patrick Bloche, punta de lanza en el combate parlamentario, subrayó en su intervención esas incongruencias y calificó el texto Creación e Internet y su piedra angular, la Hadopi, de 'Línea Maginot que impedirá la adaptación del derecho de autor a la era digital'.
Esa alusión a la Hadopi como una reedición de la obsoleta Ligne Maginot de trincheras y murallas que los franceses erigieron antes de la Segunda Guerra Mundial -pensando que podrían parar los modernos tanques del III Reich--, fue retomada por la diputada verde, Martine Billard.
'No es que haya frente a frente artistas buenos y malvados internautas', sino que 'es necesario encontrar un nuevo modelo de financiación de la creación adaptado a la era digital', asestó.
'Los beneficios del paso a la era digital se los han embolsado las multinacionales', añadió. Y dirigiéndose al Gobierno, formuló una acusación: 'Su obstinación en querer conservar las cuotas de mercado de las multinacionales no sirven para nada'.
Frente a los argumentos en favor de la licencia global, formulados por la izquierda, la derecha se limitó a reiterar que las sanciones de la Hadopi 'son un método pedagógico y preventivo'.
Pero lo importante, ya lo había dicho antes del debate el delegado de Sarkozy: 'lo que está en juego, ya no es el contenido del texto'. ¿Qué está en juego? Quizá el ego del presidente y de su consorte, y los intereses que representan.
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