Asociación ilícita, blanqueo de dinero y cohecho. Son los delitos que el juez Baltasar Garzón considera que podrían haber cometido el tesorero del PP, Luis Bárcenas, y el eurodiputado del mismo partido Gerardo Galeote, al que además atribuye también varios contra la Administración Pública.

“Ambos estarían enmarcados dentro de la organización” presuntamente liderada por Francisco Correa, “con el cometido de facilitar sus actividades delictivas a través de la consecución de eventos y el reparto de fondos, en beneficio propio, prevaliéndose de su posición en el partido político al que pertenecían”, señala la resolución del magistrado.

Garzón respondió ayer mismo al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que se declaró competente para investigar el caso Gürtel, y le remitió toda la causa, incluida la enviada el pasado día 5 al TSJ valenciano para que también quede bajo la competencia del tribunal madrileño.

Pero el instructor hasta ayer de las diligencias 275/2008 no pudo evitar dejar constancia de los indicios encontrados contra los dos aforados de carácter nacional con los que se ha tropezado en la investigación: Luis Bárcenas, al que atribuye el cobro por parte de las empresas de Correa de 1.353.000 euros, y Gerardo Galeote, del que dice que podría haber recibido 652.310 euros, “directa e indirectamente”, precisión basada en que hay indicios de que cobró del presunto cabecilla de la trama para adquirir varios coches “bien directamente o bien a través de su esposa, Lourdes Semprún”.

Pese a estos datos, que Garzón dice que “cambian sustancialmente el panorama”, Anticorrupción dice en su último informe que no existen “indicios sólidos de delito que determinen la procedencia” de elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo, el único competente para investigar a senadores y eurodiputados.

El juez desgrana en su auto los indicios contra ambos, con el objetivo de que el TSJM vea lo mismo que él y remita las actuaciones al Alto Tribunal, posibilidad a la que parece favorable la resolución de asunción de competencia del tribunal madrileño, que vuelve a pedir informe al fiscal para velar por la unidad de la causa.

En cuanto a Bárcenas, Garzón explica que el miembro del Comité Ejecutivo Nacional y tesorero del PP desde 2008 es identificado por varios imputados y aparece en numerosos apuntes contables intervenidos a la trama, como L.B., Luis el cabrón o L. Bárcenas. Además, señala que los tres pagos a L.B. en 1999 por importe de más de 131.000 euros se corresponden con la campaña electoral en Galicia del año anterior.

Bárcenas, además, aparece vinculado a varios de los imputados, como Jesús Sepúlveda, que era secretario nacional del PP cuando el primero era gerente, periodo en el que las campañas electorales del partido se organizaban con Special Events. Su hermano está vinculado a la Sociedad Urbanística Municipal de Pozuelo de Alarcón (Madrid), que hizo adjudicaciones a Constructora Hispánica, presidida por Alfonso García Pozuelo.

Bárcenas también es uno de los beneficiarios de los pagos que da Correa por gestiones relacionadas con Castilla y León. En la documentación intervenida hay anotaciones relativas a la adjudicación de la variante de una carretera a la sociedad Teconsa, de la que el imputado José Ramón Blanco Balín es directivo.

En cuanto a Galeote, cuyo padre y uno de sus hermanos ya están imputados en la causa, Garzón detalla gastos electorales del PP europeo y de un congreso celebrado en Marbella. Las fechas de los eventos organizados por Special Events y Pasadena Viajes, “coinciden en el tiempo con las fechas en las que se realizan los apuntes en la cuenta personal de Gerardo Galeote”, dice el auto.

La tesis de Garzón ha sido siempre que la causa es competencia del Supremo por arrastrar Bárcenas y Galeote a los otros 55 imputados, cuyos datos envía ahora el juez al TSJM, además de transferir a este tribunal la responsabilidad sobre los tres imputados en prisión, Francisco Correa y sus dos colaboradores Antoine Sánchez y Pablo Crespo.

Sin embargo, la Fiscalía siempre se ha opuesto, la última vez ayer, al estimar que los indicios contra ambos no eran suficienes.

Ahora es el TSJM el que ha vuelto a preguntar a la Fiscalía si debe enviar toda la causa al Supremo, al considerar que, siendo la causa un todo, la parte que el juez ha remitido al Tribunal Superior de Valencia debe investigarse de forma conjunta en el alto tribunal.

El TSJM recuerda que 'es criterio del Tribunal Supremo (...) que cuando en una misma causa aparecen responsables personas aforadas de dos Comunidades Autónomas diferentes, corresponde a la Sala Segunda del Tribunal Supremo el conocimiento de la causa'.