Cerca de doscientas organizaciones sociales han presentado esta mañana ante la Fiscalía General del Estado una denuncia contra la 'caza de inmigrantes' por parte del Ministerio del Interior, pidiendo la reparación de daños a los afectados y la dimisión del ministro Alfredo Pérez Rubalcaba.

Jesús Hidalgo, portavoz del Sindicato Obrero Inmigrante (SOI-CTM), ha explicado tras entregar el escrito que, con su denuncia, los colectivos de inmigrantes esperan que la Fiscalía investigue las redadas selectivas que se vienen ordenando desde principios de 2008 para identificar a inmigrantes que no tengan permiso de residencia en España. Según explica el escrito, cuatro sindicatos policiales han denunciado haber recibido órdenes de llevar a cabo identificaciones masivas e indiscriminadas en la vía pública o en determinados locales, dirigidas hacia personas con rasgos físicos que revelasen un origen extranjero.

Los denunciantes añaden que en determinadas zonas de España se han marcado a las fuerzas de seguridad objetivos de realizar cupos de detenciones mensuales de población siguiendo este criterio de basarse en los rasgos físicos.

'El no tener papeles es una falta meramente administrativa, que podría saldarse con una multa, pero no un delito como para ser buscados y perseguidos', ha afirmado Hidalgo para explicar por qué las asociaciones firmantes del escrito presentado ante la Fiscalía denuncian estos métodos como ilegales.

Por ello exigen, por un lado, que se tomen medidas cautelares urgentes para reparar los daños causados a las víctimas, retirando los expedientes de expulsión y liberando a quienes siguen detenidos en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE); y, por otro, que se depuren las responsabilidades penales y políticas, especialmente con la dimisión del ministro del Interior.

Además, exigen a la Fiscalía que investigue particularmente si se ofrecía algún tipo de promesa de recompensa, en dinero o en especie, a los agentes en función del número de personas sin permiso de residencia que detuvieran; así como si se daban directrices específicas de dar prioridad en detener y enviar a los CIE a los inmigrantes de origen marroquí.

En su denuncia, los activistas de estas asociaciones insisten en que actuaciones como estas van contra la Constitución y los Derechos Humanos y exigen que el Ministerio Público, como representante del Estado, lleve a cabo las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de estos principios.

Según ha explicado Jesús Hidalgo, el escrito será entregado también a los partidos de la oposición y al Defensor del Pueblo, y a la denuncia le seguirán una serie de movilizaciones que las distintas organizaciones llevarán a cabo a partir del mes de mayo en colaboración con otras de Estados Unidos y el resto de Europa.

El Ministerio del Interior ha negado en varias ocasiones en las últimas semanas haber dado ninguna instrucción para fijar cupos de detención de inmigrantes, aunque ha reconocido que puede que haya habido alguna actuación irregular en alguna comisaria de Madrid.