'¿Pero usted sabe cierto (sic.) que yo me reuní con Camps en mi casa el 13 de febrero?' Esta evasiva es la única respuesta pronunciada hasta ahora por el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de que Público revelase que se entrevistó en dos ocasiones con el presidente valenciano, Francisco Camps, el 13 de febrero en su domicilio y una semana después en la sede de la Generalitat. La presunta trama de corrupción que empaña el futuro de varios altos cargos del PP sobrevuela estas dos citas . La última se celebró sólo un día después de que el fiscal implicara a Camps en la investigación del caso Gürtel.

De Rosa, consejero de Justicia a las órdenes de Camps hasta hace cinco meses, evita también aclarar de qué hablaron. ¿Puede comentarlo?, le preguntó una periodista el pasado viernes. 'Por supuesto que no', fue su respuesta. Tan secante como reveladora.

Hacerlo podría tener consecuencias; la ley vigila. 'Los miembros del Consejo General del Poder Judicial desarrollarán su actividad con dedicación absoluta, siendo su cargo incompatible con cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos o no, a excepción de la mera administración del patrimonio personal o familiar'. Así se establece en el artículo 117 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, norma donde se regula la actuación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, al que pertenece De Rosa en calidad de vicepresidente.

El mismo artículo explica que a los miembros del CGPJ 'les serán de aplicación las incompatibilidades específicas de los jueces y magistrados enunciadas en el artículo 389, apartado 2, de la presente Ley Orgánica'. ¿Qué señala esa disposición? Enumera nueve casos de incompatibilidad aplicables a jueces, magistrados e integrantes del CGPJ, para quienes establece que su responsabilidad 'es incompatible', entre otros supuestos, 'con todo tipo de asesoramiento jurídico, sea o no retribuido'.

Si el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, incluyó a De Rosa en el escogido grupo de consultores que reunió en la sede de la Generalitat valenciana el 20 de febrero, pudo colocar a su antiguo hombre de confianza en materia de Justicia en apuros. Reunirse no constituye un delito, pero buscar el asesoramiento de quien tiene expresamente prohibido hacerlo podría revestir los hechos de trascendencia legal.

Hay precedentes que guardan algunas semejanzas. En mayo de 2008, una jueza de Valdemoro (Madrid) remitió al Tribunal Supremo una conversación telefónica intervenida por la Guardia Civil entre la presidenta del Tribunal Constitucional y una letrada que estaba siendo investigada por un asesinato.

La magistrada planteaba al Supremo si la llamada de Casas que no conocía a su interlocutora y se produjo a instancias de una amiga común constituía un 'delito de actos prohibidos', según lo calificó la magistrada. La jueza esgrimía el artículo 441 del Código Penal por si se pudieran deducir consecuencias del hecho de 'asesorar de forma accidental' a un tercero en un asunto en el Casas podría tener que intervenir si la procesada apelara al Constitucional.

El Supremo concluyó finalmente que 'no todo consejo emanado de una autoridad' puede considerarse delictivo. 'Sólo aquel que compromete la imparcialidad, que menoscaba el deber de exclusividad o que provoca una interferencia entre los intereses privados y los de naturaleza pública pueden ser objeto de persecución penal', explicaba el fallo del Tribunal.

Conocer el contenido de las reuniones entre De Rosa y Camps es clave para saber si el vicepresidente del CGPJ incumplió la legalidad. Hay que tener en cuenta, además, que La Constitución creó el CGPJ 'para garantizar la independencia' de jueces y magistrados.

Mariano Rajoy vulgarizó este principio a raíz de la cacería de Garzón y Bermejo: la Justicia requiere 'imparcialidad, con apariencia de imparcialidad', proclamó hace unos días. Rajoy y su partido, sin embargo, no han dicho aún una sola palabra sobre las dos reuniones entre Camps y De Rosa, cuya actuación e imparcialidad no es cuestionada por el PP.