La portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, aseguró ayer que no se puede considerar un “éxito” –como hicieron el miércoles los convocantes de la huelga de jueces– dejar de “atender los derechos de los ciudadanos durante un día”.

“Nosotros queremos destacar que una amplia mayoría de jueces, más del 60%, ha optado por la vía del diálogo y la negociación, esto pone de manifiesto que hay una voluntad de cambio”, aseguró a RNE con los datos en la mano aportados por los Tribunales Superiores de Justicia.

Respecto a hipotéticas sanciones a los magistrados que secundaron el paro, Bravo se remitió al discurso oficial del CGPJ, consistente en que “siempre en el ejercicio de sus funciones va a actuar conforme a la ley”. El régimen disciplinario de los jueces castiga como falta leve la ausencia injustificada del juzgado por más de un día y menos de cuatro, lo que complica la posibilidad de sancionar a los huelguistas.

Bravo, que se remitió al Ministerio de Justicia a la hora de aplicar los descuentos a los jueces que secundaron el paro, no quiso valorar la decisión del ministro de Justicia de enviar al Consejo de Ministros un proyecto de ley para prohibir nuevas huelgas de jueces. Las cuatro asociaciones judiciales mantienen la convocatoria del paro del 26 de junio.

El que sí se pronunció sobre el anuncio del ministro, adelantado en una entrevista a Público, fue el vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, que señaló que la regulación del derecho de huelga de los jueces “debería haberse hecho antes” y no “como consecuencia” de la jornada de paro, informa Europa Press.

“No me parece correcto que la reacción sea la prohibición de la huelga”, agregó. En todo caso, en su opinión, la forma que tengan los jueces de expresar sus reivindicaciones “debe regularse, pero de forma prudente, sosegada y no como primera reacción a una convocatoria de huelga”.

Afirmó que el Consejo está recabando datos de los Tribunales Superiores de Justicia sobre los actos judiciales afectados por la huelga, pero los cifró aproximadamente en unos 800.

Por su parte, los grupos minoritarios del Congreso anunciaron que no apoyarán en este periodo de sesiones una ley para regular la huelga de los jueces. CiU, PNV, ERC-IU-ICV y Grupo Mixto coincidieron en advertir al ministro Mariano Fernández Bermejo que no se debe legislar “en caliente” o “a golpe de titular”. En su opinión, los problemas de la Justicia requieren otras medidas más urgentes.

El ministro de Justicia, por su parte, consideró en Telecinco “suficientemente significativa” la huelga de jueces celebrada. “El escenario es malo, evidentemente, y la continuidad del diálogo absolutamente indispensable para ir hacia esa modernización que es necesaria”, admitió. Señaló que dimitiría si estuviera “en una situación de incompatibilidad con el ejercicio” de su función, como “alguno de esos líos” en que andan metidos miembros de comunidades del PP.

La más crítica: 'De forma irreflexiva' La conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) fue la más crítica con el ministro Mariano Fernández Bermejo en su comunicado relativo a la huelga de jueces del miércoles. En su opinión no tiene sentido entrar en una guerra de cifras ni hacer una advertencia como la del ministro, “una vez más, de forma irreflexiva y en un tono claramente provocador y desafiante”.

Retomar el diálogo: piden una reunión urgente En lo que coinciden las tres principales asociaciones judiciales, APM, Jueces para la Democracia y Francisco de Vitoria (FV), es en la necesidad de recuperar la unidad de acción asociativa que ésta última y Foro Judicial Independiente rompieron al sumarse a la convocatoria de huelga del pasado día 18. FV recuerda que el Ministerio no los convocó a la reunión, que acabó siendo suspendida, de la víspera de la huelga y se muestra “completamente abierta a reanudar la negociación”.