Los consumidores temen ser los perjudicados por la huelga de jueces convocada para este miércoles. Por eso, la Unión de Consumidores (UCE) ha anunciado que planteará ante el Defensor del Pueblo una queja para que se eleve al Tribunal Constitucional y que 'se pronuncie sobre los perjuicios que la actual situación de la Justicia causa a los ciudadanos y defienda sus intereses'. 

El comité nacional de huelga, reunido el sábado en Madrid, estableció una serie de servicios mínimos entre los que figuran todas las medidas urgentes y cualquier actuación con presos o detenidos, así como los juicios con jurado. Los jueces que decidan finalmente hacer huelga que los convocantes cifran entre 1.000 y 1.500 de los 4.583 que hay en España deberán comunicar su decisión al presidente del Tribunal Superior de Justicia correspondiente.

Los sindicatos policiales, partidarios del derecho de huelga de los jueces, han pedido a los agentes que hoy 'limiten todo lo posible las actuaciones rutinarias de identificación y detención, para evitar colapsos en comisarías y cualquier posible incidente'.

Según la UCE, si el conflicto tiene que ver con la calidad de la administración de Justicia, los usuarios también deberían ser escuchados. Precisamente, la Justicia es la institución del Estado que peor puntuación recibe en el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, un 3,74 %.

La de hoy es la primera huelga que celebran los jueces españoles. Al no estar regulada suscita una gran controversia. El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, la calificó  de 'degradación del sistema' y anunció en el pleno del Senado un plan 'completo y cerrado' para remodelar la planta judicial. Por su parte, PSOE, PNV y ERC consideran el paro una medida 'inadecuada' e 'injusta'. Lo convocan los jueces de las principales ciudades y de 33 provincias, a la que se sumaron las asociaciones Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente.

Para controlar quién hace huelga, el Ministerio de Justicia ha pedido a los secretarios judiciales, a través de la Secretaría General de la Administración de Justicia, que informen de las incidencias que se produzcan, lo que ha sido criticado con dureza por Foro Judicial Independiente.

'El Ministerio de Justicia, arrogándose competencias del Consejo General del Poder Judicial y utilizando a los secretarios judiciales, teóricos colaboradores de los jueces en su función jurisdiccional, obliga a éstos a actuar de confidentes', cuestiona la asociación, que ve en la instrucción 'un ejemplo más del escaso respeto que merece al Ministerio la independencia judicial'.

FJI también se queja de la orden del Ministerio del Interior a la Comandancia de la Guardia Civil de Almería para impedir al acceso de periodistas a los juzgados sin autorización del delegado de Justicia andaluz o del Tribunal Superior de Justicia.