El PP no puede personarse como acusación popular en el caso Gürtel porque 'existen serios indicios de que personas vinculadas' a dicho partido o incluso alguno de sus 'integrantes' puedan acabar imputados en esta trama de corrupción. Ese es el argumento utilizado por Baltasar Garzón para rechazar el intento del PP de personarse primero en la causa y recusar luego al juez.

Es difícil ser más claro. Pero Garzón añade que también 'podrían tener responsabilidad penal' en la causa otras personas aforadas, respecto a las que se inhibirá a favor del tribunal correspondiente (el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Comunidad Valenciana o el Supremo).

Para pronunciarse sobre este extremo necesita terminar al menos parte del análisis pericial de los documentos y las informaciones que existen en el procedimiento. Además, el jueves pidió un informe al respecto a la Fiscalía Anticorrupción, que se espera que esté listo la próxima semana.

Entre los aforados cuya imputación proponga el Ministerio Público es muy probable que esté el diputado del PP en la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo, que dimitió el lunes como consejero de Deportes. Su nombre figura en las diligencias en relación con ciertos contratos firmados con empresas del entramado. En el auto de prisión de Francisco Correa, el presunto cerebro de la trama, se apunta a los 'funcionarios y autoridades públicas' que recibieron dádivas y sobornos del grupo desmantelado.

La resolución que rechaza la solicitud de personación realizada el jueves por el portavoz de Justicia y Libertades Públicas del PP, Federico Trillo, y la portavoz parlamentaria de este partido, Soraya Sáez de Santamaría, destaca que 'ningún perjuicio existe, al menos jurídicamente hablando, para el Partido Popular'. El perjuicio, en su caso, será para las administraciones o instituciones en las que alguno de sus miembros resulte imputado.

Algo que de momento sólo ha ocurrido con el Mercado Puerta de Toledo, dependiente de la Comunidad de Madrid, y los ayuntamientos madrileños de Majadahonda y Boadilla del Monte. El ex responsable del Mercado Puerta de Toledo y ex regidor de Majadahonda, Guillermo Ortega, y el ex alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, aparecen en el listado de 37 imputados ya conocido.

Pero ni Esperanza Aguirre ni Francisco Camps que presiden las dos comunidades mencionadas en el auto de prisión de los cabecillas de la red de corrupción parecen estar dispuestos a esperar a comprobar si se imputa a alguno de sus diputados, única razón por la que podrían personarse como perjudicados. Madrid solicitó ya ayer su personación en el Juzgado Central de Instrucción número 5 y Valencia lo está estudiando.

Trillo, por su parte, ya ha anunciado que el PP recurrirá el auto en el que se le impide personarse. 'Resulta una desfachatez que no se nos considere perjudicados, un despropósito jurídico que [Garzón] diga que contra su decisión no cabe recurso y una barbaridad inaceptable que anuncie que puede haber imputados de futuro que puedan ser aforados, como si fuera una amenaza', denunció el ex ministro.

Además, el PP ha presentado un nuevo escrito ante la Fiscalía General del Estado en relación con las informaciones sobre la causa publicadas el pasado fin de semana. El partido conservador se queja de que el Ministerio Público haya contestado a su primera reclamación diciendo que no se han producido filtraciones, porque lo publicado figuraba en la documentación que dio origen a la investigación y que fue aportada por el denunciante.

En su último escrito, el PP sostiene que o las conversaciones publicadas están en el sumario, y se ha quebrantado su secreto, 'o si no lo están, lo publicado es falso'. Insiste en que 'no puede admitir en forma alguna que quien tiene la obligación legal de perseguir los delitos de oficio se ampare en un razonamiento tan burdo para eludir la persecución de un delito público cual es la revelación de secretos'.