No, no, una y mil veces no. Esperanza Aguirre negó ayer cualquier tipo de relación entre la operación Gürtel y el Ejecutivo –que ella preside– o el PP madrileño –que ella también preside–. Los lazos no existen, dijo taxativa tras el Consejo de Gobierno. “El PP de Madrid no se ha financiado en absoluto ilegalmente” desde que accedió a la jefatura de la Comunidad, en noviembre de 2003. “Ni una sola de las actuaciones, congresos, foros o celebraciones de mi Gobierno se ha adjudicado a las empresas que investiga Baltasar Garzón”, afirmó.

Sin embargo, el juez hablaba ayer en su auto de un grupo organizado liderado por Francisco Correa que lograba contratos mediante “dádivas y sobornos” a las administraciones madrileña y valenciana.

Público ya desveló el domingo cómo el Ejecutivo regional, de abril de 2004 al mismo mes de 2005, cerró 76 contratos con dos empresas ligadas al caso Gürtel, Easy Concept y Good and Better. Por tanto, la versión de Aguirre no se ajusta a la realidad. La Comunidad pagó a ambas firmas por la organización de eventos 562.000 euros mediante adjudicaciones a dedo, ya que se troceaban los contratos en facturas de menos de 12.000 euros.

Ése era el importe máximo que permitía el artículo 126 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas –vigente hasta 2007– para adjudicar contratos sin concurso. Norma que, en su artículo 68, prohíbe el fraccionamiento del contrato “con objeto de disminuir la cuantía del mismo”.

El vicepresidente madrileño, Ignacio González, también se encastilló en el no. Se le preguntó por otra noticia difundida por este diario: que un cuñado suyo, José Juan Caballero, fue el promotor del proyecto del campo de golf de Chamberí, construido sobre los antiguos depósitos del Canal de Isabel II, la empresa pública de aguas que él mismo preside. “Nunca he adjudicado ningún contrato a ningún familiar mío. Ni yo ni ningún organismo dependiente de mí”.

Pero la oposición no se conforma. El PSOE recurrirá en amparo al Tribunal Constitucional el bofetón de anteayer de la Mesa de la Cámara, cuando rechazó las peticiones de los informes necesarios para investigar el presunto espionaje y corrupción en Madrid. Y quiere que el vicepresidente explique en la Asamblea sus adjudicaciones sospechosas. IU exigirá por el trámite ordinario “toda la documentación” sobre ellas.

A esos vetos del PP aludió el número dos de Aguirre. “Lo único que la comisión de investigación puede analizar es el supuesto espionaje en Madrid”. El caso es que la Mesa rechazó pedir datos de los viajes de González o de los contratos que ha rubricado.

Para Aguirre, ayer era mejor presa el “fin de semana cinegético” de Garzón y el ministro Mariano Fernández Bermejo. El “compadreo intolerable” de ambos durante una montería en Jaén obligaría al juez a dejar ya el caso, defendió. La jefa del Ejecutivo también habló de las “filtraciones” que han afectado al presidente de la comisión de investigación, Benjamín Martín Vasco. Una grabación le ligaba presuntamente a Correa. Aguirre volteó la acusación: fue Vasco quien ayer denunció a la Policía una llamada anónima que recibió el lunes pidiéndole dinero para no implicarle en la trama.

Las obras: el cuñado promotor // El Canal de Isabel II, que preside Ignacio González, decidió transformar el espacio de un antiguo depósito de agua en una zona con instalaciones deportivas. Las obras se adjudicaron a ACS y este grupo subcontrató varios trabajos, como la construcción del campo de golf, que recayó en la empresa Only Golf Planning and Design. El “promotor de proyectos” de la firma era José Juan Caballero, cuñado del vicepresidente.

La explotación: el socio del hermano // La explotación del campo de golf fue adjudicada en diciembre de 2006 a un consorcio de tres empresas, entre ellas una llamada Tecnoconcret, que en el momento de la concesión tenía como accionista a José Antonio Clemente, socio de un hermano y de un cuñado del vicepresidente. Estos dos últimos controlan ahora el capital de Tecnoconcret.

J. R. / Madrid 

Perdón para la oposición madrileña. Pero es así: Aguirre cose bien. Es maestra en lo de no dar puntada sin hilo. ¿O era casual que ayer celebrase su Consejo de Gobierno en Fuenlabrada, después de que esta semana le estallase al alcalde socialista, Manuel Robles, su casito de espionaje (una cámara oculta en su Ayuntamiento)? La presidenta lo explotó después en la sesión de control, a sabiendas de que el regidor se había negado a abrir una comisión de investigación. Pero mejor plato había comido anteayer con la montería de Garzón y Bermejo.

Aguirre lo pasó por la batidora tras la intervención de la portavoz del PSOE, Maru Menéndez, que le inquiría por la “utilización partidista” de las instituciones, a cuento por el bloqueo de la comisión del espionaje. “Me sorprende que sea usted la primera socialista que se preocupa por ello, justo cuando nos enteramos de que el poder judicial y el Gobierno van juntos de cacería”. Luego le sacó a relucir otros casos de presunto sobeteo de las instituciones por el PSOE.

Menéndez la acusó de querer “ganar tiempo”, bloqueando la comisión para “destruir documentación pública”. Aguirre, jaleada por los suyos, ni se inmutó. La amenazó con llevarla a los tribunales (¿inmunidad parlamentaria para qué?) y le espetó, altiva: “Pasamos de sus valoraciones”.

Inés Sabanés (IU) se forzó a mezclar empleo con Aguirregate: “Hay que tener valor para venir aquí con la que está cayendo en su partido”. Aguirre la desafió con ración neocon. IU se agitó: sus 11 diputados blandieron pancarta: “Los madrileños quieren saber”. Vaya, ¿a qué sonaba familiar?